Caso YPF: por filtraciones, el Gobierno echó a 60 funcionarios y hará una "drástica" reducción de áreas

La Procuración del Tesoro anunció este miércoles despidos masivos y una “drástica” reforma de su organigrama, en el marco de las sospechas del Gobierno de que personal del área, que nuclea a los abogados del Estado, filtró información clave a los fondos buitres en medio de la escalada del conflicto judicial por el juicio por la estatización de YPF.

“La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) pone en marcha inmediata una profunda reestructuración institucional para eficientizar su funcionamiento operativo y contribuir a la reducción del gasto público, en el marco de los lineamientos establecidos por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, orientada a consolidar una administración pública más ágil, moderna y efectiva”, dice el comunicado oficial.

“En el marco del proceso de transformación y racionalización del Estado impulsado por el Gobierno Nacional, este recorte histórico de personal con más de 60 desvinculaciones y una drástica reducción de áreas técnicas, busca fortalecer la eficiencia operativa del organismo, garantizar un uso responsable de los recursos y adecuar su estructura a los principios de austeridad, profesionalismo y resultados concretos”, se precisó desde el organismo que conduce Santiago Castro Videla.

El organismo, que hasta la fecha ya ha reducido su personal en más de un 20% desde el ingreso de las nuevas autoridades en febrero del 2025, pasará de seis a cuatro Direcciones Nacionales y disolverá la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Esto último, para limitar tarea de capacitación del organismo estrictamente al fortalecimiento de la Abogacía Pública y la difusión de la doctrina jurídica de la PTN. Esta tarea será asumida por un centro que contará con menos de un tercio del personal con el que contaba la Escuela y que sostenía la anterior administración.

“Entre los principales cambios se destaca la reducción de unidades jerárquicas innecesarias, la reorganización de funciones superpuestas y la reasignación de competencias estratégicas. Con una nueva política de ahorro y reasignación de recursos se han reducido desde el inicio de la gestión las comitivas y gastos en viajes oficiales”, se agregó.

“La operatividad del organismo se mantiene mediante la reasignación interna de funciones que anteriormente eran tercerizadas, lo que refleja una gestión más austera y autosuficiente abocada a sus competencias concretas y sin lujos jerárquicos. La Procuración del Tesoro reafirma así su compromiso con una defensa eficaz del Estado, acompañando el proceso de transformación nacional con una gestión técnica, transparente y centrada en el servicio a los ciudadanos. Reducir el gasto público y colaborar con el equilibrio fiscal es un objetivo compartido por todas las áreas del gobierno y prioridad absoluta de esta administración para el manejo de una gestión eficiente”, concluyó el escrito de la Procuración.

Las sospechas del Gobierno

Según fuentes oficiales, se habría vulnerado la estrategia jurídica del Estado argentino en un litigio considerado clave por el Gobierno que es el caso YPF. “Creemos que hubo venta de información”, señaló una fuente calificada del Ejecutivo, en medio de un fuerte hermetismo sobre cómo se descubrieron las maniobras.

La alarma se encendió en las últimas semanas, cuando distintas áreas de la Procuración detectaron movimientos y filtraciones de datos sensibles vinculados a causas judiciales en curso, que no habían sido autorizados por los altos mandos y que podrían comprometer la posición de la Argentina ante los tribunales internacionales.