Tras el fallo por el caso YPF en EE.UU., ¿qué cambia para Argentina?
La suspensión de la entrega del 51% de las acciones a Burford Capital le da aire al Gobierno, pero el litigio en YPF sigue abierto y con riesgos latentes.
Causa YPF y un análisis de las consecuencias económicas y legales del fallo.
NA
El Gobierno nacional obtuvo un alivio en el litigio por la reestatización de YPF en 2012, luego de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York suspendiera temporalmente la entrega del 51% de las acciones de la petrolera a Burford Capital y Eton Park. Cristian Folgar analizó el caso en MDZ Radio 105.5 FM.
La medida frenó un fallo de la jueza Loretta Preska, quien había ordenado el traspaso como parte del pago de una millonaria condena contra el Estado argentino. "Es una buena noticia, en especial porque lo acordó también la contraparte en el juicio", señaló Folgar, aunque aclaró que esto "no significa que tengamos más chances o menos chances de ganar la apelación".
El conflicto se remonta a la expropiación del 51% de YPF en 2012, que dejó fuera a accionistas minoritarios, entre ellos el grupo Petersen. Este último vendió sus derechos a un estudio de abogados que logró una sentencia favorable en 2022, bajo la jueza Preska, por USD 16.000 millones. "Desde la óptica de la justicia americana, tendríamos que pagar el monto, aunque para Argentina la sentencia no es firme", explicó Folgar.
El debate por el estatuto de YPF
Uno de los ejes de la disputa es si Argentina violó el estatuto de YPF al expropiar solo el 51% y no el 100%, como establece una cláusula para proteger a las minorías. "Cuando se privatizó YPF en los '90, el estatuto se presentó ante la SEC de EE.UU. y allí se fijó que, si un accionista quiere más del 15%, debe ofrecer por el 100%", recordó Folgar. Esa misma norma aplicó cuando Repsol compró la petrolera en 1998.
La jueza Preska consideró que Argentina debió seguir ese procedimiento en 2012. "No nos cuestiona la expropiación per se, sino la forma: tendrían que haber comprado todo el paquete accionario", sostuvo el economista. Sin embargo, cuestionó el monto de la indemnización: "Está calculado de manera exagerada. Tenemos chances de que no sea definitivo".
La estrategia del Gobierno y los límites legales
Folgar destacó que el actual gobierno tiene "muy poco margen de maniobra" debido a normativas que impiden acuerdos extrajudiciales mientras la sentencia no esté firme. "Solo podrían negociar tras el resultado de la apelación", afirmó. Por ahora, la estrategia pasa por "dilatar" el proceso, aunque advirtió que el trasfondo legal es complejo: "La jueza no puede ordenar la transferencia de acciones sin una ley del Congreso, y la ley de expropiación de YPF lo exige".
Mientras el Gobierno celebra el respiro, el caso sigue su curso en tribunales estadounidenses, con implicancias políticas y económicas para Argentina. La apelación en discusión no aborda el fondo del litigio, sino el mecanismo de pago, lo que deja abierta la puerta a nuevas definiciones.