Falsas denuncias y derechos humanos
Este lunes desde las 14, se desarrollará la Tercera Convención de Derechos Humanos en Mendoza, organizada por la Asociación Verdad y Justicia.
Cada día cobra mayor impulso el involucramiento de actores de la política, dirigentes sociales y expertos en Derecho sobre la problemática de las falsas denuncias. Preocupa el incremento de delaciones inventadas con fines bien distintos que el de promover justicia. A la par de las tragedias por violencia de género, maltratos a niños, abusos y violaciones, corren las denuncias infundadas, cuestión que requiere de un urgente abordaje y mejor servicio de Justicia. A propósito, la Asociación Verdad y Justicia, conducida por Graciela Madaf, organiza por tercera vez en la Legislatura de la provincia de Mendoza una jornada intensa, en la que se continuará tratando la crisis que atraviesa la administración de Justicia en materia penal frente a casos en los que las víctimas son señalados como victimarios, con las consiguientes consecuencias dramáticas que esto proporciona a los individuos y a la sociedad en su conjunto.
Locales y visitantes
Como en las oportunidades anteriores, disertarán dos abogados del fuero penal, local, cercanos a la Asociación y con amplia experiencia en la temática, patrocinadores de víctimas de falsas denuncias. Se trata de Santiago Nieto y Lucas Soler. Suman sus voces la doctora María Fátima Silva, especialista en Derechos de la Infancia y Perspectiva de Género y el Licenciado Pablo Soares de Lima, psicólogo forense, especialista en psicología jurídica.
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Invitados especiales
Este tercer encuentro sobre falsas denuncias y Derechos Humanos, contará con la presencia de la vicepresidenta del Senado de la Nación, licenciada Carolina Losada, senadora por la provincia Santa Fe, y el doctor Juan Carlos Pagotto, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado nacional. La Senadora Carolina Losada fue quien presentó el proyecto para incrementar las penas a quienes denuncian falsamente, iniciativa que cuenta con el aval del Senador por la Rioja Juan Carlos Pagotto.
Fenómeno epocal
La circulación informativa a través de redes sociales, sin ningún tipo de cortapisa, moderación ni límite, permite noticiar sobre cuestiones personales e inocuas; dar opiniones sesudas; exponer información relevante pero también, hace posible manifestaciones de consecuencias inmedibles. Entre estas últimas, hay casos que sólo evocarlas, consterna. Un joven de 18 años, en Bariloche, fue denunciado falazmente de abuso, en Facebook. Tomó estado público, y aunque quien gestionó esa falsa denuncia retiró ese posteo, la estigmatización no pudo revertirse y el joven, Thomas Fabrizio Pérez Ruiz, al verse sometido al injusto escarnio público, no soportó la situación y decidió quitarse la vida. Este es uno de los muchos casos en los que la impunidad por perjuro provocan lesiones irreparables.
Virtual y carnal
Las falsas denuncias trascienden la esfera meramente digital y toman una dimensión gravitante en algunos medios, que por irresponsabilidad o en busca de rating, cobijados por el derecho a la libertad de expresión, emiten condenas inapelables cuando acaso existe sólo una obligada imputación. Y esas mismas denuncias infundadas, son promovidas por un sistema penal ineficaz y sesgadamente punitivista, que trae consecuencias graves para ciudadanos y ciudadanas inocentes, y dañan profundamente el tejido social. La resolución de varios casos, con absoluciones por la inexistencia de alguna prueba fehaciente, acerca una noción de lo que ocurre. La cantidad de condenas veloces tras la invitación para que quienes están soportando innecesariamente prisión preventiva, acepten sin mucha reflexión juicios abreviados, da claro indicio de la situación
Los precarios mecanismos investigativos favorecen una iniquidad comprobada y a la vez, tergiversan el sentido de las garantías procesales. Así podemos advertir que en Mendoza, un prófugo violador reitera ese mismo crimen, arruinándole la vida a una joven, mientras en la penitenciaría esperan hacinados, internos que no han tenido la oportunidad de aportar pruebas. Otros carecen de los servicios de defensa adecuados, defensa que debe proporcionar el propio Estado, y en más de un caso, el encierro ha sido dictado por una denuncia no ratificada, una cabal demostración de que se incumple con el más elemental de los principios del derecho: la presunción de inocencia.
Familias rotas, años perdidos
Apenas cuatro días atrás, en un Taller sobre Violencia Familiar, auspiciado por el Colegio de Abogados de La Plata, la jueza María del Rosario Rocca, titular del Juzgado de Familia n° 6 de la capital de la provincia de Buenos Aires , hizo una declaración que dejó pasmados a los asistentes y a quienes luego conocieron su tajante respuesta “En el foro de familia, no se comprueba ningún hecho, simplemente se pone paños fríos” . Reconocían durante ese foro que se imparten medidas de exclusión que quiebran los vínculos parento-filiales, sin chequear ni indagar con severidad lo que ocurre. Esto revela la inminencia de restituir en los procesos judiciales, en los que se ven afectados chicos, niñas y sus familiares, el sentido humano que debe perseguir la justicia.
La temática que propone esta tercera Convención de Derechos Humanos excede el ámbito jurídico, académico e inclusive, es de utilidad no sólo para los directamente afectados e implicados, sino para toda la sociedad. La vulnerabilidad que ofrece el sistema actual, y la debilidad del servicio de justicia, fundamentalmente frente a casos vinculados a delitos sobre la integridad sexual, hace propicia una invitación amplia. La cantidad de familias afectadas por falsas denuncias pone en evidencia que nadie está protegido frente a la ligereza con que alguien puede denunciar, mientras otro queda preso de una situación inimaginada.
Antecedentes, hay
Además del proyecto de la Senadora Losada y de otros legisladores, para que se agraven las penas a quienes utilizan falsas denuncias como mecanismo de venganza, daño o extorsión, hay propuestas e iniciativas menos escépticas que las admitidas por la jueza Rocca. Los responsables de garantizar tanto la Seguridad como la Justicia, deberían considerar su propia presencia e involucramiento en esta tercera Convención de Derechos Humanos. Este lunes desde las 2 de la tarde en la Legislatura mendocina.