Envían a juicio a un grupo de personas vinculadas a Edgardo Kueider por lavado de activos
La jueza Sandra Arroyo Salgado dio por acreditada una compleja trama de operaciones financieras, inmobiliarias y societarias destinadas a ocultar dinero de presunto origen ilícito, conformada por empresarios y contadores cercanos al exsenador.
Edgardo Kueider pidió licencia como senador. Foto: @EdgardoKueider
La magistrada federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado dispuso el cierre de la instrucción y la elevación parcial a juicio del expediente donde se investiga una presunta estructura de lavado de activos vinculada al exsenador Edgardo Kueider y a un grupo de colaboradores, empresarios y sociedades comerciales.
La decisión se apoya en una extensa investigación que describe un entramado de maniobras económicas destinadas a “otorgar apariencia de origen lícito a dinero proveniente de un ilícito penal”.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada en julio de 2024, que señalaba un crecimiento patrimonial sospechoso del entonces legislador, junto con posibles vínculos con empresarios y contratos públicos. A partir de allí, la fiscalía avanzó sobre la hipótesis de enriquecimiento ilícito, cohecho, negociaciones incompatibles y lavado de dinero, en conexión con otras causas en trámite.
Según la resolución judicial a la que tuvo acceso MDZ, el núcleo de la maniobra habría consistido en canalizar fondos de origen presuntamente ilegal mediante la compra de inmuebles, vehículos y el uso de sociedades comerciales como pantalla. En ese sentido, se detalla la adquisición de departamentos de alto valor en Paraná a través de la firma BETAIL S.A., así como operaciones financieras destinadas a disimular la verdadera titularidad de los bienes. “La maniobra se concretó mediante sucesivas operaciones inmobiliarias… mediante las cuales se adquirieron unidades funcionales… utilizando como pantalla a la persona jurídica BETAIL”, detalló el dictamen de la fiscalía.
El expediente también describe movimientos de dinero en cuentas bancarias, préstamos presuntamente simulados y balances adulterados para justificar ingresos. “Se colocaron y pusieron en circulación en el sistema financiero dinero proveniente de un ilícito… y así ocultaron su procedencia ilícita”, sostuvo la acusación.
Otro de los elementos relevantes es la supuesta utilización de terceros como prestanombres. En particular, se menciona a una colaboradora del exsenador que habría figurado como titular o administradora de propiedades para encubrir la verdadera titularidad de los activos.
Por el momento, son seis las personas enviadas a juicio: José Carlos Nogueras, contador y empresario señalado como uno de los engranajes técnicos clave de la operatoria; Ernesto Javier Rubel y Rodolfo Daniel González, quienes habrían intervenido en la gestión y circulación de fondos; Adriana Cecilia Crucitta, abogada y empresaria; Gabriela Patricia Saint Pierre, vinculada a la estructura societaria; y Débora María Ferreyra, empleada administrativa del estudio contable que, según la acusación, tuvo un rol activo en la confección de documentación.
Además, resta que la Justicia paraguaya resuelva el pedido de extradición de Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel Costa, quienes deben enfrentar un proceso por el ingreso no declarado de más de 211.000 dólares, 640.000 guaraníes y cerca de 4 millones de pesos argentinos el 4 de diciembre de 2024.
En paralelo, también serán juzgadas como personas jurídicas las firmas NOPOR Service S.A., LECTUS S.A., Vía SNP Logística S.A., Felsir Biotecnología S.R.L. y Vijusa Industrial Argentina S.A., consideradas parte del entramado utilizado para canalizar y legitimar los fondos.
La investigación incorporó pruebas consideradas clave, como registros audiovisuales en los que se observaría la manipulación de grandes sumas de dinero en efectivo, además de documentación secuestrada en allanamientos y pericias contables. A esto se suma un episodio ocurrido en diciembre de 2024, cuando Kueider fue detenido en Paraguay con más de 200.000 dólares en efectivo, lo que reforzó las sospechas sobre el origen de los fondos.
En paralelo, el caso se vinculó con otra causa que investiga presuntos pagos indebidos de empresas a funcionarios de la estatal ENERSA, lo que podría constituir el delito precedente del lavado. “Existen indicios suficientes para suponer una directa vinculación con los pagos indebidos a fin de obtener y mantener concesiones de contratos”, señaló la magistrada.
La causa quedó en manos del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n.º 5 de San Martín, integrado por los magistrados María Claudia Morgese Martín, Silvina Mayorga y Walter Antonio Venditti.