En medio de la tensión, anuncian la perforación de pozos de agua en una zona restringida
La firma CRESUD anunció la perforación de los 5 pozos en la margen derecha del Río Mendoza, la zona restringida en la que Irrigación avaló que acceda. Cómo sigue el proceso.
En medio de la tensión política generada por la autorización al acceso a agua subterránea otorgado a un grupo de empresas en una zona con restricciones, tras un largo proceso administrativo y judicial, la firma CRESUD anunció la perforación de los 5 pozos para acceder a ese recurso. Se trata de perforaciones que se realizarán en la llamada margen derecha del río Mendoza, en la subcuenca El Carrizal, una de las zonas más frágiles y deseadas para la producción. CRESUD hizo oficial a través de 5 edictos que perforará en busca de agua en ese lugar.
Esa empresa, que es propiedad del empresario Eduardo Elsztain (el mismo de Irsa) arrastra un largo litigio tras haber pedido 8 perforaciones en la misma zona. Irrigación avanzó en el otorgamiento del acceso al agua tras haber ratificado el año pasado que se mantenía la restricción y haberle negado a CRESUD los permisos. Sin embargo, en febrero de este año cambió la decisión tras haberse vencido los plazos para que otros permisionarios no hicieran uso del agua que tenían autorizados. Allí es donde está el principal argumento del DGI para darle el recurso a CRESUD: había otros pozos autorizados que no fueron ejecutados y por eso se los dieron a CRESUD y a otras empresas, entre ellas Chimpay La Rioja, una de las firmas que hoy explota la zona en base al uso de agua otorgada, según el propio DGI, de manera irregular en 2010.
Fue a través de la resolución 125 que Irrigación otorgó el agua. Ahora, la empresa, que tiene un proyecto para desarrollar hasta 600 hectáreas en la zona, hizo oficial la intención de perforar 5 pozos a través de los edictos, un trámite obligatorio. “Irrigación Expediente 779.023, CRESUD S.A.C.I.F. y A. perforará pozo en su propiedad ubicada en Ruta Nacional N° 7, km 1.068, Cacheuta, Luján de Cuyo. Profundidad 250 m, diámetro 12”, uso agrícola. N.C. 06-04-88-2200-431979”, dice el primer edicto. Los otros son consecutivos en todo sentido; en la zona y en número de expediente.
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Los pozos están ubicados más al norte que la zona “núcleo” del conflicto, en al kilómetro 1068 de la ruta 7, en el distrito Cacheuta. Es vecino a las cárceles y a algunos emprendimientos vitivinícolas de distinta escala que ya tienen años en la zona.
Ahora se abre un período de oposición de 10 días. Ese tiempo es clave, pues administrativamente puede haber objeciones. El paso siguiente es la autorización precaria para que se hagan los pozos. Esas perforaciones están sujetas, aseguran, a que se cumplan algunos requisitos, como la tecnificación y la medición de caudales. La concesión la debe otorgar el Consejo de Irrigación, donde el oficialismo también tiene mayoría.
Según la resolución de Irrigación, existe un “remanente” de 3 hectómetros de agua al año para redistribuir por la falta de aprovechamiento de otros permisionarios. CRESUD es el gran ganador de esa redistribución, con una asignación de hasta 2 hectómetros cúbicos y 5 pozos. Esa empresa había recurrido a la Suprema Corte de Mendoza para reclamar ser tenida en cuenta en el reordenamiento y redistribución de agua del acuífero. El año pasado ese tribunal le dio la razón, aunque eso no implicaba el otorgamiento de agua, sino que sea priorizada según el orden en caso de que haya agua disponible. Irrigación determinó este año que sí había agua.
La margen derecha del Río Mendoza es una de las zonas más deseadas y frágiles del oasis norte de la provincia. No hay agua superficial y todo depende del acuífero subterráneo, es decir de la subcuenca El Carrizal. Por la sobreexplotación, la crisis hídrica y la tendencia decreciente prevista por el cambio climático, en la década del 90 se determinó una prohibición para el acceso a través de nuevas perforaciones que no sean por sustitución. En 2010 se generó un escándalo porque tras advertir que había una posibilidad de abrir un acceso restringido, un grupo de empresas accedieron a 20 pozos de agua de manera irregular: formaron una organización intermedia que solo funcionó para acceder al agua y quedar priorizados de manera irregular por sobre otros 84 pedidos que había. Se saltaron la fila., con asesoramiento de integrantes de Irrigación. Así, a través de ese mecanismo obtuvieron los pozos, desarrollaron mega emprendimientos vitivinícolas, inmobiliarios y turísticos aún cuando Irrigación había ordenado cegar los pozos. A través de medidas cautelares, esas empresas pudieron seguir accediendo al agua mientras la Suprema Corte "durmió" las causas en las que debe decidir si le da la razón a Irrigación (y se cierran los pozos) o lo desautoriza.
Luego de ese escándalo, hubo varios planes de reordenamiento. Pero las restricciones se mantuvieron por la fragilidad del acuífero. El año pasado ocurrió lo mismo, donde se mantuvo la prohibición por dos años para perforar pozos que sumen volumen de extracción del acuífero. Este año se autorizaron las perforaciones en "reemplazo" de otras no ejecutadas y se desató la polémica política que, entre otras cosas, generó un pedido de Jury contra Sergio Marinelli.