El negocio de las falsas denuncias: familias destruidas y una estructura corrupta que debemos demoler
Familias destruidas y confianza pública erosionada: el negocio de falsas denuncias exige investigación reformas judiciales y sanciones ejemplares ya.
España contempla sanciones penales específicas en el artículo 456 del Código Penal, con penas de prisión de seis meses a dos años.
Archivo MDZLas falsas denuncias no son un error aislado ni un exceso individual. Son la expresión de un problema institucional más profundo: la existencia de una estructura judicial, profesional e ideológica que permite, promueve y hasta comercializa este tipo de prácticas.
Detrás de cada caso, no hay solo un denunciante malintencionado, sino redes de fiscales, peritos, abogados inescrupulosos y organizaciones que encuentran en estas maniobras un terreno fértil para obtener poder, influencia o beneficios económicos directos.
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El resultado del accionar de estas redes corruptas es devastador: familias rotas, vínculos esenciales destruidos, hijos utilizados como rehenes emocionales y ciudadanos inocentes sometidos a procesos que pueden extenderse por años. Una falsa denuncia no se borra con una absolución; deja huellas morales, económicas y psicológicas imposibles de reparar completamente. Y lo más grave: erosiona la confianza en la Justicia, porque la convierte en un instrumento de extorsión y venganza.
Familias destruidas por falsas denuncias
En la Legislatura porteña hemos profundizado este debate en la jornada "Familias Destruidas", organizada por las ONG Fundación Apolo e Infancia Compartida, donde participaron especialistas, legisladores y víctimas. Allí identificamos patrones claros que demuestran que las falsas denuncias son una forma sofisticada de corrupción institucional.
El mecanismo funciona así: ciertos estudios jurídicos especializados en divorcios conflictivos promueven denuncias de violencia para obtener ventajas procesales inmediatas (exclusión del hogar, suspensión de régimen de visitas, medidas cautelares patrimoniales). Algunos peritos psicólogos y psiquiatras elaboran informes sesgados a cambio de honorarios elevados. Determinados fiscales, por presión mediática o sesgos ideológicos, convalidan denuncias sin investigación seria. Y ciertas organizaciones de género obtienen subsidios y relevancia pública perpetuando la narrativa de crisis permanente.
Este circuito se utiliza no solo en conflictos familiares, sino también con fines extorsivos. Hemos presenciado varios casos en los que se realizaron falsas denuncias para revocar de hecho una orden judicial que otorga el cuidado personal de los hijos al otro progenitor.
Reformas legislativas necesarias
Mientras exista un circuito institucionalizado dispuesto a convalidar estas prácticas, seguirán multiplicándose exponencialmente. Por eso hemos avanzado en iniciativas legislativas que atacan el problema desde múltiples frentes.
Desde la Legislatura de la Ciudad hemos presentado una reforma del Código Contravencional que establece 20 días de arresto de cumplimiento efectivo cuando la falsa denuncia tenga por objeto contravenciones vinculadas con acoso sexual, violencia contra el cónyuge o discriminación por motivos de género, siempre que se acredite la inexistencia total del hecho denunciado. También impulsamos un registro que impida a los obstructores de vínculos familiares acceder a cargos públicos o contrataciones estatales, inspirado en legislación ya aprobada en provincias como Chaco, Salta y Mendoza.
En el Senado de la Nación se está tratando un proyecto integral presentado por los senadores Carolina Losada y Juan Carlos Pagotto que propone agravar las penas para falsas denuncias de uno a tres años, y en casos específicos de violencia de género o cuando se use a menores, de tres a seis años. Como expresó la senadora Losada: "Este no es un proyecto en contra de las mujeres: es un proyecto en contra de las mentiras".
En otros países, el problema ya fue abordado con determinación
España contempla sanciones penales específicas en el artículo 456 del Código Penal, con penas de prisión de seis meses a dos años. Chile implementó mecanismos de reparación civil, Francia creó el delito específico de "denuncia calumniosa agravada", e Italia desarrolló Tribunales Especializados con protocolos para detectar manipulación.
Lo que está en juego no es la situación de algunas familias, sino la integridad del sistema judicial. Un poder que se deja capturar por negocios oscuros o sesgos ideológicos deja de ser imparcial y se convierte en cómplice. Allí es donde el Estado debe actuar con firmeza: sancionando a los que abusan del derecho y blindando a los inocentes arrastrados a procesos falsos.
El desafío es doble
Dar una respuesta inmediata a las víctimas y encarar reformas de fondo para cortar con la lógica perversa que sostiene este armazón de corrupción institucional. No alcanza con indignarse frente a los testimonios, ni con reconocer que las falsas denuncias existen. Es necesario dotar a la Justicia de herramientas concretas y generar un cambio cultural que vuelva a colocar a la verdad en el centro.
Nombrar el problema es el primer paso que hemos dado como sociedad: hace tres años, hablar públicamente sobre este tema era prácticamente imposible. La acción siguiente es desarmar la estructura que sostiene este andamiaje corrupto. Argentina no puede permitirse que la mentira y el abuso de la justicia sigan siendo un negocio rentable.
* Yamil Santoro. diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por Republicanos Unidos.