El motivo por el que le embargaron el sueldo a la polémica diputada libertaria Lorena Villaverde
Un juez de Bariloche dispuso un embargo preventivo sobre la dieta y el aguinaldo de la diputada alineada a La Libertad Avanza.
Karina Milei con Lorena Villaverde
La Justicia de Río Negro ordenó el embargo preventivo del sueldo y el aguinaldo de la diputada nacional Lorena Villaverde. La medida fue dictada por un juez civil de Bariloche en el marco de una demanda por daños y perjuicios relacionada con la venta de un terreno que nunca fue entregado.
La decisión de la Justicia
El juez civil Santiago Morán, titular de la Unidad Jurisdiccional Civil 3 de Bariloche, resolvió trabar un embargo preventivo sobre la dieta y el medio aguinaldo de la diputada nacional por La Libertad Avanza, Lorena Villaverde. La decisión judicial busca garantizar el cobro de una suma reclamada en una causa por incumplimiento contractual vinculada a la comercialización de terrenos en la costa rionegrina.
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Según información conocida en el expediente, el embargo alcanza un monto total de $40,5 millones y fue dispuesto como medida cautelar ante el riesgo de que la demora del proceso afecte la eventual ejecución de una sentencia favorable al demandante. La resolución ya fue comunicada a la Cámara de Diputados de la Nación para que se efectivicen las retenciones correspondientes hasta cubrir la cifra fijada por el magistrado.
La demanda por daños y perjuicios
La causa se originó a partir de la denuncia de un comprador que asegura haber adquirido un lote mediante un boleto de compraventa con firmas certificadas. De acuerdo con la presentación judicial, el damnificado abonó el terreno pero nunca recibió la posesión del inmueble, lo que derivó en el reclamo por daños y perjuicios contra la actual legisladora nacional.
El expediente sostiene que la operación se realizó en el marco de un emprendimiento inmobiliario ubicado en la costa atlántica de Río Negro. El juez Morán consideró que existen elementos suficientes para dictar la medida cautelar solicitada, al advertir un “riesgo que implicaría la demora” en la tramitación del proceso judicial.
El loteo Tajamar en Las Grutas
La demanda hace referencia al loteo denominado “Tajamar”, un emprendimiento situado en la localidad balnearia de Las Grutas. Según consta en la causa, los terrenos fueron comercializados en cuotas durante el año 2020, en un esquema de venta que incluía boletos de compraventa con certificación de firmas.
En el reclamo se detalla que, pese a haber cumplido con los pagos acordados, el comprador no accedió a la entrega del lote ni a la posesión efectiva del terreno. Esa situación motivó la presentación judicial que ahora derivó en el embargo preventivo sobre los ingresos de la diputada.
La defensa de Lorena Villaverde
En otros expedientes de características similares, la defensa de Villaverde sostuvo que las demoras en la entrega de los terrenos y en la ejecución de la infraestructura comprometida estuvieron vinculadas a las restricciones impuestas durante la pandemia de Covid-19. Ese argumento fue expuesto en presentaciones previas ante la Justicia rionegrina.
No obstante, en este caso puntual, el magistrado entendió que la medida cautelar era procedente, independientemente del análisis de fondo que se realizará durante el desarrollo del juicio principal.
Otras causas en trámite
Además del expediente tramitado en Bariloche, existe otra causa judicial abierta en la ciudad de San Antonio Oeste. En ese proceso se reclama un resarcimiento cercano a los $100 millones por una situación que, según consta en la demanda, presenta características idénticas: la venta de un terreno que no habría sido entregado al comprador.
Ambos expedientes forman parte de un conjunto de reclamos civiles vinculados a emprendimientos inmobiliarios desarrollados en la costa de Río Negro durante los últimos años.
Antecedentes recientes de la legisladora
El reporte judicial también recuerda que Villaverde debió renunciar recientemente a su banca en el Senado, en el marco de otra causa ajena a este expediente. Según se consigna, esa situación estuvo vinculada a un proceso judicial que la legisladora enfrentó en Estados Unidos relacionado con una investigación por narcotráfico.