El juez Sánchez Rey quería cobrar el triple de lo que le habían aprobado

El magistrado tramitaba en su propio juzgado una indemnización de 4,5 millones de pesos por la lesión en una mano, pero la comisión médica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo solo había aprobado algo más de un millón. El delegado regional de este organismo del Estado Nacional sostuvo que se sospecha que el juez actuó en "connivencia" con la ART Provincia y que por eso fue denunciado ante el Jury, que podría destituirlo.

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Cairo es delegado regional de la Superintendencia de ART.

Este martes al mediodía, un funcionario de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo a nivel nacional formalizó el pedido Jury contra el camarista laboral mendocino Antonio Sánchez Rey. La denuncia contra el magistrado tuvo como origen una escandalosa maniobra para asignarse una indemnización millonaria por un accidente laboral, la cual se tramitaba en el juzgado que él mismo integra.

El organismo estatal puso en cifras el impacto de esa maniobra. Según Gustavo Cairo, delegado en Cuyo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la comisión médica de la superintendencia en Mendoza corroboró que Sánchez Rey había sufrido lesiones en una mano (en mayo de 2017 se la apretó con el portón de una playa de estacionamiento). Pero a la par, había otros reclamos, sospechosamente acordados entre el juez y la empresa Provincia ART, que elevaban considerablemente el cálculo.

"Lo que correspondía pagar era un millón y algo de pesos, y el reclamo era de más de cuatro millones", indicó Cairo. Y agregó: "Como había una diferencia importante entre el acuerdo que traía con la ART y lo que la comisión médica estimaba que debía pagar, el acuerdo no se homologó y (Sánchez Rey) fue a la Justicia a plantear esta cuestión".

"El juez había venido con un acuerdo que determinaba un porcentaje de incapacidad para ser pagado en sede administrativa y nuestros médicos tuvieron unan actuación en dos etapas. En la primera etapa, nuestros médicos dijeron que la lesión no estaba consolidada y que no se podía pagar ninguna indemnización hasta tanto se hiciera la rehabilitación correspondiente. Y en una segunda etapa, cuando sí trajo el convenio para ser homologado, hubo diferencias en cuanto al porcentaje de incapacidad y cuestiones como el supuesto daño psicológico que no fueron aceptados", explicó Cairo.

Hasta el salario del magistrado influyó en estas diferencias entre el acuerdo personal que había logrado Sánchez Rey con la ART y los cálculos de la superintendencia estatal. La cuestión es que para la Superintendencia de ART correspondía pagar una cifra menor que la que presentaba Sánchez Rey, quien había incluido montos "no remunerativos" en la cuenta que elevaban la base sobre la cual calcular la indemnización.

Según Cairo, además del juez, el rol de la ART está cuestionado porque lo que paga en una indemnización luego "se ve reflejado en las alícuotas o la prima de seguro que le cobran al cliente, que en este caso es el Estado de Mendoza". Por esa razón, se sospecha de un fraude contra el Gobierno provincial. "Lo que se investiga es si ha habido connivencia", agregó Cairo. A la par del pedido de Jury, hay una denuncia en la Justicia Federal y ya hubo allanamientos en Mendoza.

Para Cairo, "no es normal este tipo de conductas y las ART no pueden pagar lo que quieran, a partir de la nueva ley nacional de Riesgos del Trabajo, que se aplica desde el año pasado".

El procedimiento actual "hace obligatorio el paso por sede administrativa; antes un caso como éste iba directamente a sede judicial y se establecía un arreglo que no pasaba por nuestra supervisión", agregó.

Cairo dijo que había hasta hace poco una industria del juicio laboral "escandalosa" y sostuvo que entre setiembre de 2017 y 2018, los juicios laborales iniciados por accidentes de trabajo y enfermedades en Mendoza "bajaron más del 70 por ciento".

La nueva normativa establece, según el funcionario, una mecanismo administrativo que acelera la solución de los conflictos en 30 días y también genera un cuerpo de peritos oficiales que todavía está en vías de crearse. "Hasta ahora, los médicos y contadores cobraban un cuatro por ciento de la sentencia, lo cual era inadmisible, porque el profesional debe cobrar en función del trabajo realizado y no atado a la pericia que realiza", explicó Cairo.

En este sentido, años atrás, la fiscal Daniela Chaler imputó al abogado Diego Sánchez Azcona y otros letrados por tentativa de fraude en numerosos casos. Se sospechaba entonces que había una maniobra de los abogados para lograr la homologación de la Justicia Laboral en una serie de acuerdos irregulares entre trabajadores y diferentes aseguradoras de Riesgos de Trabajo.

Sánchez Azcona es, precisamente, hijo del juez Sánchez Rey y lo representaba en el juicio laboral a través del cual quería cobrar 4,5 millones de pesos por la lesión en una mano, en contradicción con lo que aceptaba que se pagara la Superintendencia de ART. Para terminar de oscurecer el cuadro, ese juicio se tramitaba a velocidad máxima nada menos que en la cámara que integra Sánchez Rey.

Cristian Herrera, titular de la Unidad para la Prevención del Fraude en las Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo de la Nación, fue quien presentó el pedido de Jury contra Sánchez Rey el martes. Esta denuncia congeló el pedido de renuncia que había hecho el magistrado al gobernador Alfredo Cornejo.

Un planteo similar realizó en su momento la famosa fiscal viajera, Anabel Orozco, cuando se presentó la denuncia de Jury en su contra. Orozco tampoco pudo acceder a la jubilación como magistrada y fue destituida.

La denuncia contra Sánchez Rey todavía no ha sido analizada por muchos de los legisladores y ministros de la Corte que juzgan a los magistrados, pero de antemano, hay quienes ya están considerando viable que sea aceptada.

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