Inmerso en sospechas, un juez le presentó la renuncia a Cornejo

Se trata de Antonio Sánchez Rey, sospechado de haber cometido un fraude millonario contra una ART. El 2 de mayo del 2017 tuvo un accidente laboral e intentó que el acuerdo con la aseguradora lo homologase la Cámara del Trabajo que él mismo integra. Existe un denuncia penal contra los abogados de la ART y un pedido de jury contra el magistrado. 

Avatar del Mariano Bustos

Mariano Bustos

Poder judicial el martillo de la justicia

Alf Ponce / MDZ

Una renuncia caliente ha ingresado al despacho del gobernador Alfredo Cornejo. Se trata del juez de la Quinta Cámara del Trabajo, Antonio Sánchez Rey, quien desde octubre del 2018 se encuentra en el ojo de la tormenta por un arreglo de 4,5 millones de pesos con Provincia ART tras sufrir un accidente laboral. El escándalo explotó porque la misma cámara que Sánchez Rey integra estuvo a punto de homologar ese convenio pero al tomar estado público nadie quiso rubricarlo. Incluso,  existe una denuncia penal contra los abogados que intervinieron -uno es el hijo del magistrado- y se ha pedido el jury de enjuiciamiento contra Sánchez Rey. Por si eso fuese poco, los otros dos jueces de la Cámara dijeron haber sido víctimas de aprietes.

Denuncias cruzadas, amenazas y un  acuerdo sospechoso son algunos de los condimentos del culebrón judicial que se esconde detrás del expediente que tiene Cornejo sobre su escritorio. La semana pasada ingresó al despacho en el cuarto piso la renuncia de Antonio Sánchez Rey, las cual está siendo analizada por el Ejecutivo. Pero no se trata de un caso más.

Antonio Sánchez Rey se accidentó el 2 de mayo del 2017 en una playa de estacionamiento del Poder Judicial. En concreto, se apretó un brazo con el portón eléctrico. La desgracia se convirtió en papelón institucional en octubre del 2018. El 5 de octubre MDZ dio a conocer que el juez había llegado a un acuerdo por 4,5 millones de pesos con Provincia ART y que ese convenio iba a ser homologado por la Quinta Cámara del Trabajo. Es decir, la misma que Sánchez Rey integra.

Ese dato encendió las alertas y motivó a que los dos magistrados que acompañan a Sánchez Rey se excusaran de resolver. Incluso, ante la Suprema Corte los magistrados Jorge Consolini y Viviana Gil afirmaron haber sufrido aprietes por parte del juez para que no se excusaran de resolver. "El señor Sánchez Rey se dirigió a mi despacho y me manifestó que yo era un cagón que si ante estas situaciones actuaba de forma temerosa nunca iba a llegar a ser juez", señaló el conjuez Consolini. 

Por su parte, Viviana Gil expresó que Sánchez Rey le dijo que si se excusaban de resolver y remitían el expediente a la Sexta Cámara del Trabajo, "yo iba a ser objeto de un jury y el doctor Consolini nunca iba a ser juez". Más allá de los duros términos y de la falta de respeto que Consolini y Gil aseguran haber sufrido, decidieron excusarse y la causa se remitió a otro tribunal. A partir de entonces inició un largo derrotero porque todos los magistrados se excusaban de resolver y el expediente llegó a la Suprema Corte.

Según Viviana Gil, a partir de ese cortocircuito empezaron a tener diferencias jurídicas en otros casos y la relación se hacía insostenible. "El 10 de diciembre volvemos a tener otra discusión en términos superlativos en cuanto al grado de falta de respeto y menosprecio, llegando a un extremo tal donde tengo que salir por consultorio por una crisis de angustia", admitió la jueza.

Paralelamente, los términos del convenio por $4,5 millones fueron observados por la Unidad Especial para la Prevención del Fraude en las Relaciones Laborales y los Recursos de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo de la Nación. A raíz de lo observado, esta unidad pidió el jury de Sánchez Rey y denunció penalmente a los firmantes, a raíz de lo cual la justicia ordenó allanamientos en los estudios de los abogados.

Los involucrados son el abogado de Sánchez Rey e hijo del juez, Diego Sánchez Azcona, y el representante de Provincia ART. En los estudios de ambos letrados se registraron allanamientos que están limitados a obtener información exclusivamente sobre esta causa. Esto se debe a que los investigadores no pueden inmiscuirse en otras causas llevados por esos letrados para no violar el derecho a defensa de otros posibles clientes de ambos profesionales.

Por todo ello no es una decisión sencilla la que debe tomar el gobernador Cornejo. Si le acepta la renuncia a Sánchez Rey, no podrá avanzar el pedido de jury que existe en su contra. Según informaron a MDZ desde el Ejecutivo, por el momento se está evaluando el expediente por lo que en los próximos días recién se conocerá la determinación del mandatario. 

Temas

¿Querés recibir notificaciones de alertas?