El juez Marcelo Aguinsky rechazó derivar la causa por la mansión de Pilar a la Justicia de Campana
El juez en lo Penal Económico desestimó el pedido de su par Adrián González Charvay e indicó que uno de los supuestos testaferros de Pablo Toviggino usaba una tarjeta corporativa de la AFA y que el eje de la investigación por lavado de dinero está en la entidad y no en la ubicación del inmueble.
La mansión a nombre de Luciano Pantano, supuesto testaferro de Pablo Toviggino.
XEl juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky rechazó el pedido de inhibitoria formulado por el Juzgado Federal de Campana Adrián González Charvay y decidió continuar al frente del expediente que investiga un presunto lavado de dinero vinculado a la compra de una mansión en Pilar, valuada en unos 17 millones de dólares, además de decenas de vehículos de lujo.
En su resolución, Aguinsky sostuvo que el núcleo de la investigación no es la ubicación geográfica del inmueble, sino el entramado económico y financiero que habría permitido sostener a la finca de 100 mil metros cuadrados.
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“El epicentro de la investigación no es la casa de Villa Rosa, sino la Asociación del Fútbol Argentino”, señaló el magistrado, al remarcar que el domicilio legal de la AFA se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires y que allí se habrían desplegado las maniobras centrales bajo análisis. Según el fallo, las medidas apunta a una serie de actos jurídicos y materiales que exceden ampliamente a un inmueble determinado y que incluyen relaciones comerciales, financieras y personales, tanto en el país como en el exterior.
En ese sentido, el juez destacó el avance de la investigación y la incorporación de nuevas pruebas que, a su criterio, modificaron sustancialmente el panorama existente cuando se planteó la discusión por la competencia y sumó recientemente información considerada clave para sostener la jurisdicción del fuero Penal Económico.
La tarjeta del supuesto testaferro de Pablo Toviggino
Por otra parte, Aguinsky da cuenta del informe incorporado al expediente sobre una tarjeta American Express utilizada por Luciano Pantano, investigado junto a su madre, Ana Lucia Conte, para afrontar gastos vinculados a los vehículos secuestrados en la causa. De acuerdo con la documentación incorporada, la misma está vinculada a una cuenta corporativa de la AFA con consumos mensuales promedio cercanos a los 50 millones de pesos durante 2025.
Para el juez, los datos refuerzan la necesidad de profundizar la investigación desde esta jurisdicción para determinar si los gastos guardan relación con el patrimonio bajo análisis y si se trata de un delito en curso cuyos efectos deben cesar de inmediato.
El fallo también recoge la postura del fiscal Claudio Navas Rial, quien se pronunció en contra del cambio de jurisdicción y sostuvo que “las conductas investigadas no se relacionan con el inmueble como cosa material”, sino con una presunta secuencia de maniobras destinadas a dar apariencia lícita a fondos de origen ilícito. Según el fiscal, la ubicación de la vivienda es apenas “un punto en el mapa” dentro de un esquema mucho más amplio.
El Magistrado Aguinsky explicó que el delito de lavado de dinero implica un proceso continuo, compuesto por múltiples actos y ejecutantes, y que para investigarlo resulta clave identificar el hecho precedente que habría generado los fondos utilizados para adquirir y mantener los bienes.
Finalmente, el juez subrayó que el fuero Penal Económico es un ámbito de especialidad creado para abordar delitos que afectan el orden económico y financiero, y que no existen razones suficientes para desplazar la competencia cuando el corazón de las maniobras investigadas se habría desarrollado dentro de su jurisdicción.