El Gobierno sumó el proyecto de Ley Penal Juvenil para tratar en sesiones extraordinarias
Las sesiones extraordinarias comienzan el próximo dos de febrero. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que sumarán el proyecto de Patricia Bullrich.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno nacional de Javier Milei reabrió el temario de sesiones extraordinarias para sumar el proyecto de Ley Penal Juvenil, impulsado por la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, y que baja la edad imputabilidad a 14 años.
"Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La “Ley Penal Juvenil” también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias. Fin", señaló el jefe de Gabinete con un posteo en redes sociales.
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El funcionario publicó una imagen reunido en Casa Rosada, junto con las principales figuras del gabinete. Allí estaba la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Interior, Diego Santilli, el asesor Santiago Caputo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza Patricia Bullrich y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Qué dice el proyecto de Ley Penal Juvenil
La iniciativa que impulsará el oficialismo para debatir en extraordinarias será similar al proyecto que en mayo de 2025 consiguió dictamen en las comisiones de Legislación Penal, Familias, Niñez y Juventudes, Justicia, Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.
El proyecto establece el régimen penal aplicable a personas adolescentes a partir de los 14 años, con el objetivo de promover el sentido de la responsabilidad legal por los actos cometidos y favorecer procesos de educación, resocialización e integración social.
Según el dictamen, en los procesos penales seguidos contra niños, niñas y adolescentes regirán todos los principios, derechos y garantías del sistema procesal acusatorio. Además, las sanciones que se apliquen no podrán implicar en ningún caso la interrupción de los estudios. Para garantizar la escolaridad obligatoria, el texto prevé la implementación de programas educativos específicos, coordinados con el sistema educativo de cada jurisdicción.
La iniciativa fija también un límite máximo de 15 años para las penas privativas de la libertad en el caso de personas adolescentes. En cuanto a las condiciones de detención, establece que deberán ser alojados en institutos adecuados o en sectores separados de los adultos dentro de establecimientos carcelarios, con espacios especialmente preparados para el tratamiento de jóvenes en conflicto con la ley penal y con personal capacitado de manera específica para su abordaje.