El Gobierno se apura a vender AySA y comienza a evaluar a los futuros dueños
El Ejecutivo evalúa las credenciales de las empresas interesadas en operar la compañía que presta servicio a 14 millones de personas en el AMBA.
Con esta licitación, el Gobierno busca reducir el déficit operativo de las empresas públicas.
N/AEl Gobierno nacional dio inicio este martes a la licitación para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa estatal que brinda agua potable y cloacas a 14 millones de usuarios en la Capital Federal y el conurbano bonaerense. La apertura de los sobres técnicos marcará el comienzo de la evaluación de los oferentes en un proceso condicionado por una medida cautelar de la Justicia bonaerense que impide modificar las exigencias del servicio.
Tras las postergaciones solicitadas por las propias firmas interesadas para analizar los pliegos de bases y condiciones elaborados por el Ministerio de Economía, el Poder Ejecutivo encara la fase inicial para transferir la gestión de la mayor operadora de agua del país al sector privado.
En esta primera instancia, la comisión evaluadora no analizará ofertas económicas ni definirá al adjudicatario, sino que auditara la documentación legal, contable y la capacidad técnica de los consorcios presentados para garantizar que cumplan con los requerimientos fijados en la licitación.
El freno de la Justicia bonaerense y los límites a la concesión
El avance del proceso de privatización llega acompañado de un marco regulatorio estricto tras un fallo adverso para la compañía. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata ratificó una medida cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Los puntos centrales de la resolución judicial marcan un límite preciso a las pretensiones de la concesión al obligar tanto a la empresa estatal como a sus futuros operadores a abstenerse de modificar, limitar, reducir, diferir, alterar o desnaturalizar las obligaciones vigentes del servicio público. En su fallo, los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez remarcaron la necesidad de priorizar la protección sanitaria y ambiental, advirtiendo que cualquier reducción en los parámetros de calidad del agua o el diferimiento de obras de infraestructura clave generarían un daño inminente en la salud de los bonaerenses.
En ese sentido, el tribunal determinó que la medida cautelar ratificada mantendrá su plena vigencia institucional de forma indefinida hasta tanto no se concrete una evaluación integral sobre el impacto ambiental, sanitario e institucional del nuevo esquema contractual. De este modo, la Justicia busca asegurar que el proceso de privatización no redunde en una flexibilización de los compromisos regulatorios y de inversión ya asumidos por la compañía en el área metropolitana.