El Gobierno puso en pausa un conflicto con comunidades huarpes por un controvertido proyecto

El Gobierno Provincial se reunió este viernes con comunidades huarpes de Mendoza y decidió pausar un controvertido proyecto de ley que derogaba parcialmente una norma del 2021, la cual ordenaba el acceso a tierras donde ancestralmente han habitado estas comunidades en el secano de Lavalle, pero que hasta la fecha no se ha podido cumplir.

Sin embargo, ahora informaron que no tratarán este proyecto de modificación, e impulsarán nuevamente la ley, que está vigente desde hace 24 años, y que aún no se ha podido garantizar el objetivo principal, que es que estas comunidades puedan tener las tierras a sus nombres.

Natalio Mema, ministro de Gobierno, expresó en redes sociales tras la reunión que firmaron un escrito judicial "en acompañamiento al Dr. Fidel Bustelo, representante de las comunidades, con el fin de hacer cumplir la Ley".

Agregó que la Ley 6920 "lleva 24 años de vigencia y aún no se ha logrado cumplir. Su objetivo es que las tierras donde ancestralmente habitan las comunidades, en el Secano Lavallino, sean registradas a su nombre. Se trata de poner en papeles una realidad y un derecho que les corresponde".

De esta forma, sostuvo que el proyecto de modificación de la Ley 6920, "busca garantizar el cumplimiento de su objetivo principal", pero que acordaron con las comunidades "intentar una vez más avanzar con la Ley vigente y, de ser necesario, consensuar posteriormente los cambios que hagan falta".

Qué dice la ley sobre los terrenos para las comunidades huarpes

Como ya contó MDZ, La Ley Nº 6920, aprobada en 2001, reconoce la preexistencia étnica y cultural del Pueblo Huarpe Milcallac y garantizó el respeto a su identidad cultural. Se trata de comunidades que viven en la zona de las lagunas de Guanacache, en el secano que comprende el noreste de Mendoza y parte del sureste de San Juan y oeste de San Luis.

Esa norma sancionada en 2001, durante la gobernación del radical Roberto Iglesias, declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación a los inmuebles ubicados dentro de una superficie de alrededor de 780.000 hectáreas, que ocupa aproximadamente el 75 % del territorio del departamento de Lavalle y el 5 % de la superficie total de la provincia. Buena parte de ese polígono determinado en la ley incluida terrenos fiscales, pero la gran mayoría son inmuebles que están en manos de privados, en algunos casos bancos o sociedades anónimas.

El ministro de Gobierno, Natalio Mema, recibió a comunidades Huarpes.

El ministro de Gobierno, Natalio Mema, recibió a comunidades Huarpes.

Prensa Gobierno

Junto a la ley, el Ejecutivo provincial firmó el Decreto N° 633/2010 que adjudicó a comunidades huarpes, en propiedad comunitaria, la totalidad de las tierras fiscales disponibles en el sitio afectado, por una superficie superior a las 100.000 hectáreas. A través de ese decreto también se declaró la urgencia de expropiación de los terrenos en manos de privados y la Fiscalía de Estado inició el proceso judicial contra los propietarios y personas con derechos en los inmuebles alcanzados por la normativa. Ese proceso todavía se tramita en la Justicia provincial y está en manos del Primer Juzgado Civil, Comercial y Minas.

El proyecto de reforma que está en suspenso

Sin embargo, a más de 15 años de iniciado ese proceso aún no se ha podido notificar a la totalidad de los demandados, mientras las comunidades huarpes de la zona han ido exigiendo la aplicación de la norma a los sucesivos gobiernos provinciales.

Para la gestión de Alfredo Cornejo, la expropiación de los privados de la zona se ha vuelto imposible por el impacto económico, los reclamos judiciales que le ha generado al Estado y por los inconvenientes que también ha provocado para algunos particulares de las comunidades huarpes.

Para Mema, hoy "no alcanzarían mil millones de dólares" para expropiar todos esos terrenos y señaló que se estaría beneficiando a privados que no han sido identificados, además de resaltar que entre los propietarios se encuentra bancos y sociedades anónimas.

También advirtió que algunos de ellos se encuentran en terrenos privados y “no pueden pedir la usucapión, la prescripción adquisitiva porque está sujeto a expropiación ese terreno”, lo que, paradójicamente, los estaría complicando la actual ley vigente. Recordemos que la usucapión es el proceso a través del cual se puede adquirir la propiedad de un bien inmueble por el mero transcurso del tiempo, cumpliéndose determinados requisitos.

Por otro lado, el ministro advirtió que la indefinición sobre el futuro de las tierras está perjudicando al Estado, ya que algunos privados afectados están iniciando demandas por tener esos terrenos “congelados”. “Algunos titulares están planteando que hace 20 años le sacaron el terreno del tráfico jurídico porque nadie compra un terreno que está para expropiar, entonces se generan demandas contra el Estado”, aclaró y subrayó: “La Ley es de imposible cumplimiento y viene con un perjuicio económico para el Estado”.