El Gobierno prendió la motosierra y confirmó los despidos de 15 estatales
Desde el Ejecutivo provincial cesantearon a seis empleados públicos y ratificaron las sanciones contra otros nueve agentes que habían sido despedidos.
Los empleados públicos despedidos se desempeñaban en distintas áreas del Gobierno provincial.
ALF PONCE MERCADO / MDZEl Gobierno de Mendoza oficializó este jueves los despidos de 15 agentes estatales por incumplimientos y faltas graves en el desempeño de la función pública. Los empleados sancionados trabajaban en distintas áreas del Estado.
A través de una serie de decretos y resoluciones firmados por el gobernador Alfredo Cornejo e integrantes de su gabinete, el Ejecutivo aplicó la sanción de cesantía a seis trabajadores estatales, mientras que rechazó nueve recursos de empleados públicos que ya habían sido cesanteados, por lo que confirmó la sanción en su contra.
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Los motivos de las cesantías son muy variados y van desde acumulación de inasistencias injustificadas o incumplimiento de los deberes y obligaciones de los empleados públicos, hasta casos de violencia de género o una condena por homicidio simple.
Cesantías a empleados estatales
Este jueves se publicaron en el Boletín Oficial cuatro decretos y dos resoluciones en los que se aplicó la sanción de cesantía contra empleados públicos.
Uno de ellos involucró a Pedro Pablo Tormo Lima, un chofer del Ministerio de Salud que fue condenado a 9 años de prisión por homicidio simple, ya que en 2019 protagonizó un siniestro vial conduciendo con 3,57 gramos de alcohol en sangre en el que atropelló y mató a un motociclista.
Otro despedido fue Gonzalo Alejandro Leschuck, quien se desempeñaba en el Hospital Central. Fue cesanteado por incurrir en 10 faltas injustificadas durante el período que va desde enero hasta junio de 2021 y 29 incumplimientos del horario, durante el mismo período, 7 faltas injustificadas durante el período que va desde julio hasta diciembre de 2021 y 34 incumplimientos del horario, durante el mismo período.
También fue echada por reiteradas inasistencias injustificadas la doctora María del Rosario Gatica que prestaba funciones en el Hospital Pereyra. La profesional fue sancionada por reiteradas inasistencias a su puesto de trabajo y, en su intento de justificarlas, la oficina de Recursos Humanos detectó incongruencias en los certificados presentados (en formato papel y formato electrónico/digital) sin tener justificaciones válidas y/o presentaciones tardías a sus inasistencias;
Otra de las sanciones apuntó a Joel Ignacio Sebastián Villalba, agente con cargo en el Hospital Central, quien fue cesanteado por transgresión a los deberes previstos en la Ley de Carrera Médica, el Estatuto del Empleado Público, e incumplimiento de la Ley Micaela.
Por otro lado, la Dirección General de Escuelas (DGE) dictó dos resoluciones para cesantear a los celadores Ángel Jesús Hernandez y Claudio Esteban Marchan.
Confirmación de sanciones
A su vez, el Gobierno provincial también rechazó una serie de recursos administrativos impulsados por ex agentes estatales que habían sido cesanteados y exigían la revocación de las sanciones en su contra, de manera que confirmó los respectivos despidos.
En el ámbito del Ministerio de Seguridad y Justicia, el gobernador rechazó un recurso jerárquico de Sergio Emmanuel Guajardo Chosco, policía que fue exonerado en 2023 por violencia de género.
A su vez también rechazó los recursos de alzada del policía cesanteado Lucas Rafael Freire Moreno y de Diego Ariel Farías Ochova, a quien se le había aplicado la sanción de cesantía sujeta a exoneración.
También se rechazó un recurso jerárquico del agente penitenciario Renzo Nicolás Agüero que también fue cesanteado sujeto a exoneración por incumplimiento del régimen disciplinario del personal penitenciario.
Finalmente, el mandatario provincial rechazó el recurso jerárquico del ex suboficial subayudante Pablo Matías Villegas Flores que reclamaba por una cesantía sujeta a exoneración.
En la órbita del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se rechazó un recurso de alzada de Verónica Andrea Grasso, contra la sanción de cesantía que se le impuso mientras se desempeñaba en el Instituto Provincial de Juegos y Casinos.
Otra trabajador del IPJyC al que se rechazó el recurso presentado fue María Florencia Gracia, quien había sido cesanteada por irregularidades detectadas en la Sala de Tragamonedas.
A su vez, también se confirmó la cesantía contra ex agente Alberto Manuel Gudiño de la Administración Tributaria Mendoza (ATM), despedido en noviembre de 2024.
Para finalizar, el Gobierno provincial desestimó un recurso de alzada de Sergio Veas un ex agente estatal que se desempeñaba en el Hospital Lagomaggiore y confirmó la sanción de cesantía en su contra.