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El Gobierno paga a Jalil su acompañamiento en el Congreso y le cede la gestión de un yacimiento

El Poder Ejecutivo aprobó la desvinculación definitiva del Estado Nacional de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, transfiriendo plenamente su gestión a la Provincia de Catamarca

Raúl Jalil, junto a Diego Santilli y Manuel Adorni

Raúl Jalil, junto a Diego Santilli y Manuel Adorni

El Gobierno Nacional oficializó este lunes su retiro definitivo de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia publicado en el Boletín Oficial, que aprueba el “Acuerdo Modificatorio del Acta del Farallón Negro”, suscripto el 15 de diciembre de 2025 por el Estado Nacional, la Provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán.

El decreto elimina la participación del Estado Nacional en la gestión y funcionamiento del ente minero interestadual creado por la Ley N° 14.771 en 1958. Desde su fundación, YMAD se integró como una sociedad con participación tripartita, teniendo el Poder Ejecutivo Nacional la facultad de designar a su presidente y otras atribuciones asociadas al control administrativo y financiero del organismo.

Con esta medida, el Estado Nacional ya no tendrá responsabilidad ni intervención alguna en el funcionamiento operativo de la empresa. Según el texto del decreto, esta desvinculación se enmarca en los objetivos de reducción del gasto público y equilibrio fiscal definidos por la actual administración, y evita compromisos financieros futuros para el Tesoro.

Este cambio se da en el contexto del juego parlamentario que abrió el oficialismo de cara a conseguir los votos necesarios para impulsar sus leyes y reformas, para lo cual precisa del buen diálogo con gobernadores en especial los peronistas para conseguir los votos para su aprobación.

En este sentido y en respuesta a un pedido del gobernador peronista Raúl Jalil, que fue clave en el Congreso para definir la distribución de fuerzas internas de las Cámaras y para aprobar el Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal en las sesiones extraordinarias, la Casa Rosada firmó este decreto que cede el control del yacimiento.

El decreto dispone la modificación de los artículos 1°, 6°, 13, 14 y 16 de la Ley N° 14.771, y la derogación de otros once artículos que quedarán sin efecto una vez aprobado el nuevo estatuto de la empresa. De acuerdo con los nuevos términos legales, YMAD será ahora una entidad conformada en un 60 % por la Provincia de Catamarca y en un 40 % por la Universidad Nacional de Tucumán.

El directorio de la empresa estará compuesto por un presidente y cuatro vocales: tres designados por Catamarca y dos por la universidad. El nuevo esquema también establece que YMAD regirá sus relaciones con terceros bajo el derecho privado, y que sus procesos de compras y contrataciones deberán respetar principios de publicidad y competencia, a través de los mecanismos previstos en su reglamento interno.

Asimismo, la empresa podrá financiar sus actividades mediante operaciones de crédito autorizadas por su presupuesto, sin aportes del Estado Nacional. El nuevo estatuto deberá ser aprobado por los socios restantes en un plazo de 180 días corridos.

El acuerdo que dio origen a esta reforma fue aprobado previamente por la Legislatura de Catamarca mediante la Ley provincial N° 5.931 y por la Universidad Nacional de Tucumán mediante resolución interna. El decreto destaca que las condiciones que motivaron la intervención original del Estado Nacional ya no están vigentes, tras el cumplimiento de los fines fundacionales, como el financiamiento de la ciudad universitaria.

La Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional deberá ahora pronunciarse sobre la validez del DNU en un plazo de diez días hábiles, conforme a lo establecido en la Ley N° 26.122.