El Gobierno impulsa cambios en la Ley de Glaciares y más poder provincial para la minería
El oficialismo impulsa cambios en la Ley 26.639 para ampliar el rol provincial. Científicos y ONG alertan por estándares ambientales mientras el Gobierno lo niega.
El Senado debate la Ley de Glaciares.
Noticias ArgentinasEl Senado debate este jueves la reforma de la Ley de Glaciares (26.639), una iniciativa que volvió a encender rápidamente la grieta entre el discurso de protección ambiental y la promesa de una nueva ola de inversiones mineras que avisora el Gobierno.
En este marco, el oficialismo llega al recinto con el argumento de que la norma vigente, aprobada en 2010, dejó definiciones demasiado amplias (fundamentalmente sobre el ambiente periglacial) y terminó funcionando como un dique para proyectos metalíferos con el cobre en el centro de la escena.
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En la Casa Rosada, y en el área minera, sostienen que la reforma busca “ordenar” criterios y “dar previsibilidad” para destrabar emprendimientos que requieren miles de millones de dólares y plazos largos.
En esa línea, el texto propone una reconfiguración de competencias: mantiene al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA–CONICET) como responsable del Inventario Nacional de Glaciares, pero refuerza el rol de las provincias en la delimitación de áreas periglaciares y en la aprobación de estudios de impacto ambiental.
Ambiente periglacial y artículo 124: la disputa por el control provincial
El punto jurídico sobre el que se apoya la reforma es el artículo 124 de la Constitución, que establece el dominio originario provincial sobre los recursos naturales. Para el Gobierno, el proyecto corrige indefiniciones y devuelve atribuciones a las jurisdicciones cordilleranas.
Para sus críticos, en cambio, que las mismas provincias interesadas en promover la minería pasen a tener mayor peso para definir qué áreas quedan protegidas, puede llegar a representar conflictos de intereses.
La ley vigente considera a los glaciares y al ambiente periglacial reservas estratégicas de agua dulce y prohíbe actividades extractivas en esas zonas. El concepto de periglacial es el núcleo del debate. El oficialismo sostiene que su redacción es tan amplia que bloquea inversiones.
Desde el sistema científico manifestaron a MDZ que "la ley es suficientemente clara como para no requerir una modificación. La modificación no está buena ni siquiera desde el punto de vista de la minería porque lo que trae es incertidumbre y no es beneficiosa tampoco".
Dictamen en comisiones y posiciones enfrentadas
A fines de diciembre del 2025, el Gobierno consiguió dictamen en el plenario de Ambiente y Minería. Allí expusieron especialistas, ambientalistas y cámaras empresarias. El oficialismo empujó un tratamiento rápido y la oposición cuestionó el procedimiento y el alcance constitucional.
Investigadores vinculados al sistema científico advirtieron que trasladar funciones sensibles a las provincias podría afectar la uniformidad técnica del Inventario Nacional de Glaciares y abrir conflictos de intereses. Hernán Casañas, de Aves Argentinas, sostuvo en aquella oportunidad que las inversiones de largo plazo priorizan marcos regulatorios previsibles y recordó que los sistemas hídricos no respetan fronteras administrativas.
Desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros defendieron la reforma, al considerar que la ley actual contiene indefiniciones que desalientan proyectos estratégicos. La Cámara de Proveedores Mineros pidió actualizar el inventario frente a nuevos estudios y tecnologías. Greenpeace advirtió que la iniciativa va en sentido contrario al consenso científico en un contexto de crisis climática.
Advertencias de judicialización y principio de no regresión ambiental
El debate también se trasladó al plano jurídico. La senadora Anabel Fernández Sagasti advirtió en diciembre que el proyecto podría ser judicializado por afectar el principio de progresividad y no regresión en materia ambiental.
Desde el Ejecutivo, el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, defendió la reforma. En diálogo reservado con este medio, un funcionario del Gobierno minimizó la amenaza judicial: “La judicialización es el manual del que se ve perdido”, afirmó, y aseguró que el proyecto es constitucional y no vulnera estándares ambientales.
“Quieren frenar el desarrollo y hacen de todo una cuestión ideológica”, había afirmado la misma fuente, a la vez que ironizó: "Hacen terrorismo ambiental".
Proyectos mineros en juego
El Gobierno argumenta que la reforma permitiría avanzar con proyectos de gran escala actualmente condicionados por la ley vigente. En la lista aparecen Los Azules, Josemaría y Filo del Sol (Vicuña), El Pachón y Altar en San Juan; Taca Taca en Salta; Mara en Catamarca; y San Jorge en Mendoza, entre otros.
El cobre, considerado mineral crítico para la transición energética y la electrificación global, es el eje central. La discusión sobre la Ley de Glaciares se entrelaza así con el debate más amplio sobre la inserción argentina en la nueva geopolítica de los minerales estratégicos.
Escenario en el Senado: apoyos, aliados y posibles cambios
El proyecto llega al recinto impulsado por el bloque de La Libertad Avanza, encabezado por Patricia Bullrich, junto a aliados como Flavia Royón, Edith Terenzi, Agustín Coto y Martín Goerling.
Si la reforma avanza, la discusión se trasladará a la implementación y eventualmente a los tribunales. Si se frena, el Gobierno deberá negociar modificaciones o sostener el esquema vigente.