El Gobierno cerró el dictamen por la Ley de Glaciares y lo debatirá en febrero
Tras una jornada de debate, el oficialismo consiguió dictamen y apunta a tratar la modificación de la Ley de Glaciares en el recinto el 10 de febrero.
El Gobierno dictaminó la modificación de la Ley de Glaciares.
El Gobierno logró este jueves dictaminar el proyecto de modificación de la Ley de Glaciares, tras una jornada de debate que volvió a dejar expuestas las tensiones de fondo sobre el modelo productivo y el alcance de la potestad de las provincias para definir qué actividades pueden desarrollarse en territorios donde se concentran recursos estratégicos como el agua. El oficialismo apunta ahora a llevar la iniciativa al recinto el próximo 10 de febrero, luego de un nuevo llamado a sesiones extraordinarias.
Durante la reunión plenaria de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y Combustibles, expusieron especialistas técnicos, organizaciones ambientalistas, cámaras empresarias y representantes del sector minero. El eje central de la discusión estuvo puesto en los ambientes periglaciares y en quién debe tener la última palabra a la hora de identificarlos, auditarlos y definir su protección.
Desde el oficialismo, el objetivo fue avanzar con un dictamen rápido que permita destrabar el tratamiento legislativo del proyecto, considerado clave dentro de la agenda productiva del Gobierno. La iniciativa propone modificar el esquema vigente para reforzar el rol de las provincias en la aplicación de la norma, un punto que concentró la mayor parte de las críticas y apoyos durante el debate.
El desafío del Gobierno: minería y desarrollo sustentable
Investigadores vinculados al sistema científico advirtieron que trasladar a las provincias la elaboración de los inventarios podría afectar la uniformidad técnica de los relevamientos y abrir la puerta a conflictos de interés. El punto más sensible, remarcaron, es que las mismas jurisdicciones que promueven proyectos mineros sean las encargadas de delimitar las áreas periglaciares, lo que —según señalaron— podría erosionar los estándares de protección ambiental.
En la misma línea, Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas, puso el foco en la fragilidad institucional para abordar el impacto de la minería en zonas ambientalmente sensibles. Cuestionó la idea de que una flexibilización normativa garantice inversiones y sostuvo que el capital de largo plazo prioriza marcos regulatorios previsibles. Además, subrayó que los sistemas hídricos no reconocen fronteras políticas y planteó la necesidad de discutir la “funcionalidad hídrica” más allá de los límites administrativos.
La mirada de las provincias y del sector empresario
Del lado empresario, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros defendió la iniciativa del oficialismo y sostuvo que la ley vigente contiene indefiniciones que desalientan inversiones. Sus representantes destacaron la importancia del Inventario Nacional de Glaciares y de las etapas pendientes de relevamiento, y afirmaron que las provincias cuentan con capacidad técnica para evaluar impactos ambientales y otorgar permisos sectoriales. En ese marco, insistieron en que la Argentina atraviesa una ventana de oportunidad para el desarrollo minero.
Un planteo similar llegó desde la Cámara Argentina de Proveedores Mineros, que nuclea a unas 350 empresas, en su mayoría pymes, desde donde se cuestionó que el inventario haya quedado desactualizado frente al avance tecnológico y a los nuevos estudios de campo.
Desde la ONG Greenpeace, en tanto, advirtieron que el proyecto va a contramano del consenso científico internacional en un contexto de crisis climática. Subrayaron que el debate no es minería sí o no, sino la prohibición de actividades extractivas sobre glaciares y ambientes periglaciares, considerados reservas estratégicas de agua. También reclamaron mayor participación de las asambleas territoriales y alertaron sobre el riesgo de habilitar decisiones discrecionales por parte de las provincias.
El cierre del debate y el dictamen
Luego de las exposiciones técnicas, la reunión ingresó en un cuarto intermedio y, al retomarse, expusieron los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego, y de Catamarca, Raúl Jalil. Orrego afirmó que en su provincia existe una clara voluntad de proteger los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial en tanto constituyan reservas de agua relevantes y estratégicas, y remarcó la necesidad de contar con una ley de presupuestos mínimos que permita una aplicación adecuada y homogénea.
Por su parte, Jalil puso el acento en la evaluación integral del impacto ambiental, social y económico de la actividad minera. Destacó el crecimiento del empleo formal en el sector y señaló que en Catamarca se registran cerca de 3.000 puestos de trabajo directos, con un efecto multiplicador de alrededor de 5.000 empleos adicionales en otras actividades, lo que consideró clave para la economía local y la diversificación de la matriz productiva.
Con el respaldo del oficialismo y de los gobernadores mineros, el proyecto finalmente obtuvo dictamen. La Libertad Avanza logró cerrar la discusión de manera exprés este jueves, con la intención de llevar la iniciativa al recinto el próximo 10 de febrero, en el marco de un nuevo llamado a sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo.