El Gobierno avanzó sobre la Oficina de Presupuesto, renunció su titular y encendió una fuerte polémica en el Congreso

El Gobierno decidió avanzar sobre la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en una nueva disputa con la oposición por la conducción y la autonomía de uno de los principales organismos técnicos del Parlamento.

La intervención se apoya en una auditoría impulsada por Martín Menem, que, según el oficialismo, detectó irregularidades en contratos, manejo presupuestario y designaciones de personal. Desde la oposición, en cambio, denuncian un intento de vaciar y quitar independencia a la OPC, cuyos equipos técnicos ingresaron principalmente mediante concursos.

El avance libertario se concretó el jueves pasado, durante una reunión de la comisión de Supervisión Parlamentaria de la OPC. Allí se confirmó la renuncia del director general Gabriel Esterelles y se designó como interina a María Eugenia David Du Mutel de Pierrepont, directora de Estudios, Análisis y Evaluación, hasta que se realice el concurso para definir al nuevo titular.

La resolución fue firmada por los diputados Bertie Benegas Lynch y Daiana Fernández Molero y los senadores Agustín Monteverde y Silvana Schneider. Los representantes del peronismo y el kirchnerismo, Fernando Salino y Carlos Castagneto, no participaron del encuentro.

El proceso continuará el próximo lunes a las 11.30, cuando la comisión vuelva a reunirse para avanzar con las recomendaciones de la auditoría y designar a los nuevos coordinadores Administrativo Técnico y de Relaciones Institucionales y Parlamentarias.

La ofensiva se produce además a pocas semanas de que el Gobierno presente el proyecto de Presupuesto 2027, por lo que en la oposición advierten sobre el riesgo de que el organismo quede “desfinanciado” y sin capacidad para producir los informes técnicos que utiliza el Congreso y que también tienen impacto en la discusión pública.

LLA avanzó con una “auditoría de gestión administrativa, presupuestaria, financiera, patrimonial, legal y operativa” de la OPC, correspondiente al período comprendido entre el 1° de julio de 2023 y el 31 de mayo de 2026. Para el oficialismo, esa revisión permitió detectar irregularidades en contratos y en la administración de recursos, además de cargos sin cubrir y ausencia de determinadas normas de procedimiento administrativo.

Al respecto, el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, calificó de “forajidos” a los impulsores de la medida y denunció que “tomaron por asalto la Oficina de Presupuesto “Resulta inevitable recordar lo que ocurrió con la intervención del INDEC durante los gobiernos kirchneristas: cuando se debilitan los organismos técnicos, se desplaza a sus profesionales y se condiciona la producción de información independiente, se termina afectando la calidad institucional y el acceso a información confiable”, señaló.