El Gobierno acordó cambios con la oposición para ley de propiedad privada y busca la media sanción en el Senado
Tras intensas negociaciones y múltiples modificaciones al proyecto de ley de propiedad privada, el oficialismo cedió en puntos clave.
El oficialismo cedió en puntos clave sobre la compra de campos por parte de extranjeros para asegurar los votos necesarios en la Cámara Alta.
N/ALuego de un extenso proceso de negociación que incluyó cuatro postergaciones y más de 15 borradores, el Gobierno de Javier Milei alcanzó un acuerdo con los bloques aliados para introducir modificaciones sustanciales al proyecto de ley de propiedad privada. Las conversaciones se enfocaron en uno de los capítulos más debatidos: la reforma de la Ley de Tierras.
El objetivo del oficialismo es sellar los acuerdos necesarios que le permitan obtener este jueves la media sanción de la iniciativa en la Cámara de Senadores. Desde el bloque libertario señalaron que los cambios introducidos buscan fortalecer la redacción final y reflejar los consensos alcanzados con las bancadas que acompañarán el texto.
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Presentación de las modificaciones en el Senado
Los detalles técnicos y los nuevos artículos consensuados serán expuestos formalmente en el Senado mediante una conferencia de prensa. La presentación estará a cargo de la conducción del bloque de La Libertad Avanza, junto a los titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, encargadas de dictaminar el proyecto.
El anuncio formal marcará el inicio de la etapa final del tratamiento en comisiones antes de llevar la propuesta al recinto para su posterior votación.
El eje de la polémica: la adquisición de tierras por extranjeros
El punto central de las discusiones entre el Poder Ejecutivo y los sectores dialoguistas estuvo centrado en el régimen de adquisición de tierras por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.
Si bien la propuesta original planteaba una desregulación más amplia del mercado inmobiliario rural, las modificaciones acordadas buscan fijar límites y resguardos que permitan conciliar la atracción de inversiones con la preservación de los recursos naturales y la soberanía territorial, un reclamo impulsado por legisladores de distintas provincias.