El gobernador de Mendoza que fue destituido y un polémico interventor
La década de los 70 también fue compleja en Mendoza. Antes de la dictadura, un gobernador enfrentó un juicio político y fue destituido. El caso y los reemplazantes.
Un nuevo tiempo histórico se avecinaba sobre la provincia de Mendoza tras la victoria del Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) en 1973. Había pasado poco tiempo del claro triunfo con más del 71% de los votos de Alberto Martínez Baca y Carlos Mendoza sobre la fórmula del Partido Demócrata (Eduardo Vicchi - Manilo Ardigó), en el balotaje mendocino (15 de abril de 1973), cuando recién comenzando la gestión gubernamental peronista empezaron los conflictos internos.
Pujas y debates llevaron la situación a un extremo que terminaría con la destitución del gobernador, la salida del vice (Carlos Mendoza) cuando se encontraba en ejercicio de la primera magistratura y la llegada de la intervención federal por Antonio Cafiero.
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La crisis no tardaría en manifestarse, mientras las desavenencias en el seno del justicialismo siguieron escalando. Había pasado recién un año de la asunción del gobernador electo y la provincia de Mendoza se veía convulsionada por un juicio político a Alberto Martínez Baca.
El contexto interno
El clima en el país también se había ensombrecido tras la muerte del presidente Juan Perón (1 de julio de 1974), aflorando virulentamente una fuerte disputa entre distintos sectores del oficialismo gobernante mendocino, agudizado ante la errática política económica nacional, trasladándose en la misma sintonía al ámbito provincial, con repercusiones y consecuencias puntuales en Mendoza:
- a) Un vertiginoso debilitamiento del arco de apoyos a Martínez Baca desde que asumió la gobernación, contando en ese primer momento con la adhesión y simpatía de los sectores de la izquierda peronista. Recordemos que la nominación de Alberto Martínez Baca a gobernador había sido sugerida y promovida por el propio Héctor J. Cámpora. b) Rompimiento del equilibrio partidario – electoral, presente desde la composición de las listas para la elección de marzo de 1973 hasta la distribución y repartos de cargos que ocuparían los distintos sectores del frente gobernante en las distintas áreas del gobierno mendocino y municipios.
- c) Un inmediato reacomodamiento en la gestión provincial de los segmentos sindicales y de la ortodoxia del peronismo a meses de iniciado el gobierno.
- d) Renuncia de ministros y funcionarios provinciales, por ejemplo: Francisco Reig (Ministro de Educación), tras presentar un proyecto de Ley de Educación. Pero también se registraron las dimisiones de Eduardo Zannoni y de Juan Carlos Cerruti, entre otros. e) La misma convulsión e "internas" partidarias se trasladó a los departamentos provinciales y a las áreas de gestión.
- f) Acusaciones cruzadas en público y antes los medios de comunicación entre funcionarios.
- g) Tomas de emisoras radiales y reparticiones públicas. Intervenciones a claustros universitarios y ataques a teatros y librerías por sectores de "la derecha peronista".
- i) Atentados con bombas (al mismo Martínez Baca y en la casa del distinguido filósofo Enrique Dussel y de Eduardo Molina, diputado peronista) por “la derecha” y a concesionarias de automóviles (Luján Williams, Primo Meschini y John A. Walker) por “la izquierda peronista”.
- j) Persecuciones y cesantías con detenciones a opositores (Marianetti, Bustelo, De la Vega, entre otros).
- k) Secuestros a empresarios (Carlos Pulenta y Pacífico Titarelli) e hijos de empresarios (Gargantini y Luján Willians) por “Montoneros”.
- l) Comienzos de los primeros choques armados entre los dos sectores (derecha e izquierda peronista) en distintos lugares de la provincia. Destacándose en Mendoza el parapolicial “Comando Anticomunista Mendoza” y su cruzada contra lo que despectivamente llamaban "el síndrome de los zurdos".
Y así, una vez más, la interna peronista se empezaba a dirimir en el marco del escenario público nacional y provincial, durante su gestión gubernamental, haciendo participé a toda la ciudadanía, que impávida observaba el triste devenir de los lamentables y trágicos sucesos que no tardarían en llegar.
El juicio
"El 28 de marzo de 1974 llegó a Senadores un informe elaborado por la Comisión Investigadora en Bodegas y Viñedos Giol, que señalaba anormalidades en la bodega vincula con el gobernador. Se trató de la adulteración de tres millones de litros de vino, la presencia de Juan Alberto Martínez Baca (hijo del gobernador) actuando como comisionista en unas operaciones y la existencia de una cuenta en un banco de San Rafael, que lo comprometían. Diputados y el Partido Demócrata le pidieron la renuncia, pedido al que se sumaron los abogados José Blas Made y Santiago Teruel en calidad de ciudadanos. A raíz de esto se conformó una Comisión de Juicio Político encargada de enjuiciarlo. Martínez Baca aceptó que lo investigaran.
Luego de numerosas desinteligencias y discusiones entre los miembros de los partidos políticos; de un pedido de la defensa por suspender el juicio y de trasladar su fecha de realización (5 de junio), tras más de 15 horas de deliberación, el gobernador Martínez Baca fue suspendido con los dos tercios de la Cámara de Diputados (justicialistas, demócratas y justicialistas disidentes). El Senado nunca lo juzgó. Mendoza fue intervenida". (Adriana Micale: "Crisis y conflicto. 1973 - 1983". EN: "Mendoza a través de su historia" - A. Roig, P. Lacoste y M. C. Satlari - Gobierno de Mendoza - EDIUNC - Caviar Bleu. 2004).
La realidad marcaba que Martínez Baca había quedado aislado. Su salida era inminente. Aunque no todos en el gobierno estaban convencidos de los pasos próximos a seguir. No por lealtad al gobernador enjuiciado, sino evidentemente por temor a perder su cuota de poder ante la incertidumbre de lo que podría pasar o ante la incógnita de quién podría venir como interventor a Mendoza.
Mucho más en medio de un escenario incierto. A la muerte de Perón, se sumaba un cóctel social y político impredecible: Isabel, López Rega y la lucha declarada entre la Triple A y los sectores juveniles más radicalizados (Montoneros - ERP - FAR - FAP), más una aguda crisis económica producto de las consecuencias de “Rodrigazo”.
En ese escenario, en Mendoza el juicio político mostró a los partidos opositores como "fiscales" de la coyuntura, exhibiéndose en forma paralela al bloque de diputados peronista irreconciliablemente divididos.
"A partir del alejamiento Martínez Baca el 6 de junio de 1974, el Senado se erigió como Cámara de Justicia para finalizar el proceso de juicio político. En esa instancia, el gobernador suspendido tenía una nueva oportunidad para presentar evidencias en su defensa. No obstante, ante los conflictos irresueltos en torno a las divisiones internas, fue tomando fuerza la propuesta de intervención federal a los tres poderes de la provincia. Esta propuesta, gestada en los intersticios del Ministerio del Interior, buscaba fomentar la unión del peronismo resquebrajado hasta sus últimas instancias en el proceso de juicio político". (María Virginia Mellado: "El juicio político a Alberto Martínez Baca". CONICET - UNC. 2009).
Cafiero, el interventor
En ese contexto llegará la intervención de Cafiero, quien había ocupado varios cargos anteriormente antes de llegar a Mendoza. Tenía 52 años cuando fue nombrado Interventor de la Provincia de Mendoza por el Poder Ejecutivo Nacional y reafirmado por el Congreso con la publicación de la Ley Nº 20.718.
No estará mucho tiempo en la gestión provincial. Su renuncia como Interventor será aceptada el 7 de mayo de 1975 para ser nombrado inmediatamente como Embajador en Bélgica. Será reemplazado en Mendoza por el nuevo Interventor, oriundo de San Rafael, Luis María Rodríguez Marcó del Pont.
Tampoco en la embajada belga, Cafiero, durará demasiado. La dejará para convertirse en el quinto Ministro de Economía del gobierno peronista en dos años, tras Gelbard, Gómez Morales, Celestino Rodrigo que duró un mes y Bonanni que estuvo menos de un mes. No será tampoco el último ministro de esa cartera; Emilio Mondelli ocupará el ministerio tras la dimisión de Cafiero hasta el trágico golpe de estado del 24 de marzo de 1976. Momento en que empezará otra historia en la Argentina.