El fiscal dictaminó no habilitar la feria judicial para tratar el DNU que reformó la SIDE
Fabián Canda consideró que no corresponde autorizar la investigación judicial durante enero, luego de los múltiples amparos presentados por la oposición.
La sede de la SIDE, frente a Casa Rosada
El fiscal del fuero contencioso administrativo, Fabián Canda, dictaminó que no corresponde habilitar la feria judicial para analizar los distintos amparos presentados contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), publicado el 1 de enero de 2026, mediante el cual el Gobierno amplió y reestructuró las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
El doctor consideró esta medida con cada uno de los planteos judiciales realizados por varios sectores de la oposición. Sin embargo, la última palabra la tendrá el juez de feria del fuero, Walter Lara Correa.
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El rechazo a la habilitación de la feria y los fundamentos del fiscal
Las cautelares fueron propuestas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, junto al legislador socialista Esteban Paulón; un grupo de abogados, dirigentes y exfuncionarios vinculados al radicalismo y la Fundación Apolo, que preside Yamil Santoro.
En el caso de la denuncia presentada por el CELS, el fiscal sostuvo que levantar la feria para abordar el planteo implicaría resolver cuestiones de fondo que deben ser resueltos por los jueces naturales de la causa.
El investigador concluyó que la habilitación de la feria judicial constituye una “medida de excepción y por lo tanto debe acordarse con carácter restrictivo”. A su vez, aclaró que “en ese orden de ideas, las razones de urgencia que autorizan la requerida habilitación son aquellas que entrañan un riesgo previsible e inminente de verse frustrados determinados derechos”.
El Gobierno mantenía una postura similar en los últimos días. En diálogo con MDZ, fuentes oficiales cercanas a Javier Milei afirmaban la semana pasada que la Justicia no iba a dar lugar con las cautelares y seguirá vigente la reforma en la SIDE. Argumentan su seguridad creyendo que la oposición no podrá acreditar “ningún daño” por el DNU, a partir de la reciente disposición, que, más allá de lo administrativo, no entró en vigencia en la práctica.
Redefinición de la SIDE: tareas encubiertas y facultades de aprehensión
Uno de los ejes del DNU es la redefinición del carácter de las tareas de inteligencia, que pasan a ser consideradas, de manera general, como actividades “encubiertas”. El criterio se apoya en la sensibilidad de la información que manejan estos organismos y en la necesidad de reducir lo que el decreto denomina “riesgo estratégico nacional”, lo que implica un giro conceptual en el funcionamiento del sistema.
En ese marco, la normativa habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en situaciones de flagrancia, con la obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad correspondientes. Esa facultad también podrá ejercerse cuando exista una orden judicial previa.
Horas después de la publicación del extenso decreto de Milei que reformó la Ley de Inteligencia Nacional, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) defendió la medida y explicó los principales puntos del DNU. Según el organismo que conduce Cristian Auguadra, la iniciativa busca que el país "cuente con un Sistema de Inteligencia Nacional moderno, profesional y eficiente, alineado con los más altos estándares democráticos y republicanos".
"El objetivo central de esta reforma es acotar, definir y clarificar con precisión tanto la estructura como las competencias del Sistema de Inteligencia Nacional, adecuándolo a las amenazas y desafíos del siglo XXI", explicó el comunicado.
Los cuestionamientos por la falta de "necesidad y urgencia" y el riesgo a la privacidad
Por su parte, los denunciantes señalaron que no existe “necesidad y urgencia” para que el Ejecutivo disponga de este decreto y no presente un proyecto en el Congreso que trate estas modificaciones a la Ley Nacional de Inteligencia.
A su vez, indicaron que la medida crea un sistema de inteligencia basado en “influencia” o “injerencia”, y remarcan que se dispondrá una “vigilancia estatal” sin control judicial previo.
“Lesionan de manera actual e inminente derechos y garantías fundamentales de la totalidad de la ciudadanía, entre ellos el derecho a la privacidad, a la intimidad, a la protección de datos personales, a la libertad de expresión, de asociación, de participación política y de peticionar a las autoridades”, recalcaron.