Martín Menem logró desactivar la sesión especial convocada por el peronismo y los bloques aliados. A través de un contraajuste horario, La Libertad Avanza vació el recinto.
La Cámara de Diputados volvió a sesionar este miércoles para tratar una serie de temas vinculados al plan motosierra, la Ley Hojarasca y el recorte a los subsidios de la energía del régimen de Zona Fría. Martín Menem estará al mando de la sesión después del escándalo.
Con 131 votos, la Cámara de Diputados rechazó suspender la sesión con la agenda del oficialismo y cerró la posibilidad de que se avance con al interpelación de Manuel Adorni, tal como pedía la oposición.
Esta votación llegó después de una hora y media de debate reglamentario, en la que los diputados de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izuquierda y Provincias Unidas pedían que se levantara la sesión del oficialismo, que había sido convocada a las 10 y se le diera lugar a la de la oposición, prevista para las 11. En esa misma iban a buscar la interpelación del jefe de Gabinete Manuel Adorni.
Todo esto llevó un buen rato de discusión y se definió a las 11.45. Es decir, ya había pasado incluso el horario de la segunda sesión.
"Si esta sesión se levantara, ya no hay más posibilidad de hacer uso del recinto en el día de hoy", adivritío la oficialista Silvana Giudici (Capital Federal) para desarticular la jugada del jefe de la bancada peronista Germán Martínez (Santa Fe), de suspender la sesión libertaria para darle lugar a la opositora. "Suspender esta sesión no les da ningún triunfo porque no va a iniciar otra sesión", aclaró.
Durante la discusión, el peronismo insistió en avanzar con una moción para suspender la sesión y darle lugar al pedido de la oposición. Fueron varios minutos en los que el oficialismo se negó a hacerlo. "No existe otro antecedente y no voy a ser el presidente que autorice esto", indicó Martín Menem (La Rioja). "No ha ocurrido nunca en la historia democrática de esta cámara algo cómo lo que quieren hacer, lo que pide Martínez es improcedente", sumó y destacó: "Nunca se suspendió una sesión para continuar antes".
Sin embargo, Martínez luego pidió que se suspendiera directamente la sesión y al oficialismo no le quedó otra alternativa que aceptar el pedido del diptuado de la oposición. Una vez definido esto, se votó y el oficialismo ganó la votación con 131 votos contra 111.
El gobierno nacional impulsa una reforma en el esquema de subsidios al gas que afectaría directamente a unos 3,5 millones de hogares. Con el nuevo sistema, esos hogares perderían el acceso automático al beneficio y deberían demostrar vulnerabilidad económica para seguir recibiéndolo. La provincia de Buenos Aires sería la más perjudicada: la diputada opositora Jimena López advirtió que 1,3 millones de bonaerenses quedarían fuera del subsidio.
El proyecto crea el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), al que accederán únicamente quienes cumplan ciertos requisitos. Podrán inscribirse las familias con ingresos menores a tres canastas básicas —alrededor de $4,3 millones según el Indec—, los beneficiarios del Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), las personas con Certificado Único de Discapacidad y los veteranos de Malvinas. La diputada oficialista Silvana Giudici sostuvo que el 60% de los hogares actualmente subsidiados podría calificar dentro de este nuevo registro.
El principal cambio recae sobre la denominada "zona ampliada", donde hoy rige un subsidio automático del 30%. Esta área comprende gran parte del interior bonaerense —La Plata, Mar del Plata, Tandil y Bahía Blanca, entre otras—, el sur de Santa Fe, el centro y sur de Córdoba, casi toda San Luis y sectores de Mendoza, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán y San Juan. En todas esas regiones, los usuarios de ingresos medios y altos dejarían de percibir el beneficio.
Las zonas de "efectiva severidad climática" —la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna— conservarían el subsidio pleno y sin filtro de ingresos. A diferencia del resto del país, los habitantes de esas áreas no necesitarían acreditar situación económica para mantener el beneficio, dado que el clima extremo justifica, según el proyecto, un tratamiento diferenciado.
Sin embargo, incluso en esas regiones el subsidio se reduciría en la práctica. La iniciativa establece que el beneficio cubrirá únicamente el precio del gas en origen, dejando fuera los costos de transporte y distribución. Eso implica una baja concreta en el monto subsidiado y explica el rechazo de varios legisladores patagónicos, que ven en esta medida un recorte encubierto para sus provincias.
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