Deudas para llegar a fin de mes: cómo el sobreendeudamiento golpea a los familias argentinas
El sobreendeudamiento de los hogares crece por la caída de ingresos, las tarifas y el avance de créditos digitales con tasas desmedidas.
El drama del sobreendeudamiento de las familias argentinas es el resultado directo de decisiones políticas y omisiones legislativas que eligen.
Archivo.El derecho a una vida digna, a la alimentación, al acceso a los servicios públicos esenciales y a la vivienda no son mercancías reguladas por la "mano invisible del mercado". Son derechos humanos fundamentales e inalienables. Sin embargo, asistimos en la Argentina a una degradación sin precedentes de las condiciones de existencia de los sectores populares, las infancias, las jubiladas/os y la clase trabajadora informalizada. Lo que antes era un debate sobre el acceso al consumo o la movilidad social ascendente, hoy se convirtió en una cruda y dolorosa estrategia de subsistencia: las familias argentinas tienen deudas para comer y para que no les corten la luz.
La brutal licuación de los ingresos, combinada con la quita desmedida de subsidios estatales y los aumentos desregulados en las tarifas de gas, electricidad, agua y transporte, empujaron al 62% de los hogares del país a financiar gastos corrientes de primera necesidad. Ya no se toma un crédito para refaccionar la casa o comprar un electrodoméstico; se pasa la tarjeta de crédito en el supermercado para comprar leche, arroz y pan, o se pide un microcrédito virtual para afrontar facturas de servicios que se volvieron confiscatorias para cualquier presupuesto familiar.
Deudas para llegar a fin de mes
Esta realidad golpea con un sesgo de género innegable. El 47% de las jefas de hogar y amas de casa declaran estar "muy endeudadas". Son las mujeres quienes, ante la retirada sistemática del Estado de sus funciones de cuidado y protección, terminan poniendo el cuerpo y asumiendo deudas para sostener la vida cotidiana de sus hijos e hijas. La mora creció vertiginosamente en un 30% en los últimos 15 meses. La desregulación financiera impulsada bajo consignas de supuesta "libertad económica" eliminó los topes a las tasas de interés compensatorios en el segmento no bancario. Esto generó un escenario de desprotección total. Hoy, cuando una familia no puede pagar el resumen total de su tarjeta debido a salarios de miseria, cae en la trampa del "pago mínimo". Esta acción gatilla intereses punitorios usureros. El circuito de la desesperación continúa en las plataformas fintech y billeteras digitales, donde el Costo Financiero Total (CFT) alcanza niveles escalofriantes que superan el 1.000% anual. Una verdadera ciberusura institucionalizada ante la pasividad cómplice de las autoridades de control.
A este dramático cuadro de asimetría se le suma la proliferación de publicidades engañosas, abusivas y predatorias que apuntan específicamente a la población en situación de extrema vulnerabilidad. Con lemas como "Aprobación inmediata en el acto", "Solo con DNI, sin requisitos" o "Apto para deudores en situación Veraz", las aplicaciones financieras y prestamistas digitales inundan las redes sociales de los sectores informales. Violando flagrantemente el deber de información veraz consagrado en el artículo 4º de nuestra Ley de Defensa del Consumidor Nº 24.240, estas corporaciones ocultan deliberadamente en tipografías microscópicas las tasas nominales, los cargos administrativos abusivos y las penalidades por atrasos.
La trampa del crédito caro
Lo más aberrante de este fenómeno es la captación de nuestras juventudes. Campañas de marketing digital dirigidas de manera perversa a adolescentes desde los 13 años promueven el acceso a billeteras virtuales vinculadas a plataformas de juego en línea bajo la falsa promesa de una "autonomía financiera rápida". El resultado está a la vista de todos: 4 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 21 años inician su vida civil con antecedentes financieros negativos y deudas severas, arrojándolos a la marginalidad antes de haber tenido la oportunidad de conseguir su primer empleo formal. El consumo inmediato y la usura digital están entregando a nuestra juventud a las mafias de la especulación.
El drama del sobreendeudamiento de las familias argentinas es el resultado directo de decisiones políticas y omisiones legislativas que eligen, de forma sistemática, proteger las ganancias de los sectores más concentrados de la economía en detrimento de la dignidad humana. Hoy asistimos a una intolerable paradoja institucional: mientras en el Congreso de la Nación yacen cajoneados proyectos que buscan dar un alivio real y estructural a millones de hogares rehenes del circuito de la usura, se implementan legislaciones locales que, bajo un barniz de supuesta empatía con los deudores, actúan como un blindaje encubierto para las entidades bancarias y financieras.
Mujeres, las más endeudadas
Como defensora de los derechos humanos, considero inadmisible el reciente retroceso consagrado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bajo la aparente excusa de "apoyar y orientar" a las personas damnificadas por las deudas de consumo, se ha sancionado una normativa que representa una burla a los principios básicos de protección al consumidor y un flagrante avasallamiento del artículo 42 de nuestra Constitución Nacional. Esta ley de CABA promueve un modelo de "mediación voluntaria" y "asistencia de reestructuración" administrado por organismos de la Ciudad que, lejos de equilibrar la balanza, institucionaliza la asimetría de poder. Sus vicios fundamentales exponen su verdadera matriz pro-banca.
-Legitima tasas de interés predatorias: En lugar de declarar la nulidad de las cláusulas usureras en deudas alimentarias, la normativa local empuja al deudor a convalidar el capital usurero acumulado, refinanciándolo a plazos extendidos donde el único ganador es el interés compuesto del banco. -Renuncia implícita a la vía judicial: Al inducir a los sectores vulnerables a firmar convenios de pago dentro de instancias administrativas flexibles y sin patrocinio jurídico obligatorio, los desarmas frente a estudios de cobranzas feroces. -Omite la insolvencia familiar con quita: La ley porteña no contempla la figura del desendeudamiento real ni de la "segunda oportunidad" con quita de capital. Se limita a ser un mostrador de atención al cliente donde el Estado de la Ciudad actúa como el agente de cobros amigable del sistema financiero.
La solución de fondo no va a venir de parches locales diseñados en las oficinas del microcentro porteño; exige una reforma de carácter federal y estructural que debe ser sancionada de forma urgente por el Congreso de la Nación.
Jóvenes atrapados por la deuda
Debemos exigir el tratamiento inmediato de iniciativas parlamentarias que pretenden desmantelar el corazón del negocio de la ciberusura:
- Ley de Emergencia Crediticia de los Hogares y Suspensión de Ejecuciones: varios proyectos de ley presentados en la Cámara de Diputados proponen declarar la emergencia financiera para deudores/as de consumos de subsistencia (alimentos, medicamentos y servicios básicos). Esta medida contempla la congelación inmediata de los intereses punitorios por el plazo de 180 días y la suspensión de todo remate, embargo de cuentas sueldo o acciones de hostigamiento telefónico por parte de estudios de cobranzas externos.
- Modificación de la Ley de Tarjetas de Crédito (Nº 25.065): existen iniciativas parlamentarias orientadas a reintroducir por ley un tope estricto e infranqueable a las tasas de interés por financiamiento y mora, determinando que bajo ninguna circunstancia el Costo Financiero Total (CFT) de las tarjetas de crédito o microcréditos digitales pueda duplicar la tasa pasiva promedio del Banco Nación. Todo interés cobrado por encima de ese límite debe ser tipificado penalmente como el delito de usura.
- Proyectos de Ley de Insolvencia Familiar y Segunda Oportunidad Humana: buscan crear un procedimiento judicial gratuito de quiebra para personas humanas no comerciantes. A diferencia de la ley sancionada en la Ciudad, estos proyectos otorgan al juez/a la facultad de disponer la quita forzosa de capital e intereses, la extinción de deudas remanentes cuando el deudor ha demostrado imposibilidad absoluta de pago sin afectar sus necesidades biológicas, y la eliminación inmediata de los registros de antecedentes de morosidad para garantizar la reinserción económica.
- Regulación estricta de algoritmos y prohibición de publicidad de deudas a menores: proyectos específicos presentados en el Senado buscan prohibir la publicidad dirigida o segmentada por perfil socioeconómico en plataformas digitales que ofrezcan dinero fácil a sectores vulnerables y adolescentes. La iniciativa impone la obligación técnica a las tiendas de aplicaciones de dar de baja de forma inmediata aquellas billeteras virtuales que operen con tasas desreguladas o promuevan el financiamiento encubierto de apuestas online en la juventud.
El Congreso de la Nación no puede seguir funcionando de espaldas a la asfixia financiera del pueblo. Cada día que deciden postergar el debate de estos proyectos, se convierten en cómplices de un sistema que transfiere de manera brutal la riqueza de los sectores más postergados hacia las arcas del sistema financiero de plataformas y los bancos privados.
Una reforma contra la usura
No hay libertad en un pueblo encadenado por las cuotas del supermercado y los servicios. ¡La deuda es con el pueblo, no con las corporaciones usureras!
* María José Lubertino. Doctora en Derecho, Profesora de Derechos Humanos (UBA) .Presidenta Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos
