El rescate que falta: reclaman una ley de emergencia para trabajadores con deudas
Más de 40 organizaciones impulsan una campaña para que el Congreso trate una ley que proteja a las familias endeudadas por gastos esenciales.
El deterioro del poder adquisitivo llevó a muchos trabajadores a utilizar la tarjeta de crédito para comprar alimentos. Luego aparecen préstamos personales, fintech y refinanciaciones.
Archivo.Durante décadas, el Estado argentino intervino cuando estuvieron en juego intereses económicos considerados estratégicos. Absorbió deudas privadas, reestructuró pasivos, compensó al sistema financiero, asistió empresas en dificultades y creó distintos mecanismos de regularización patrimonial.
La historia demuestra que, frente a determinadas crisis, el Estado puede recurrir a herramientas extraordinarias. La pregunta es por qué esa misma decisión política no puede ponerse ahora al servicio de quienes se endeudaron para comer, pagar el alquiler, comprar medicamentos, sostener la educación de sus hijos o evitar cortes de servicios esenciales.
La propuesta de declarar la Emergencia Nacional por Deudas Esenciales de las Personas y los Hogares parte de una realidad concreta: millones de familias ya no recurren al crédito para invertir o mejorar su patrimonio, sino para sobrevivir.
La deuda dejó de ser una herramienta de progreso y se convirtió en un mecanismo de subsistencia que puede atraparlos en un círculo de intereses, refinanciaciones y nuevos préstamos.
El Estado al rescate
Argentina conoce el concepto de rescate. Entre 1981 y 1983, el Estado absorbió parte de la deuda externa privada mediante mecanismos que transformaron obligaciones empresariales en deuda pública. En 2002, frente al colapso económico y financiero, se adoptaron medidas extraordinarias como la pesificación asimétrica y mecanismos de compensación destinados a preservar el sistema financiero.
También hubo absorción de pasivos de empresas estatales durante las privatizaciones, salvatajes y reestructuraciones empresariales, además de instrumentos más recientes como los Bopreal para afrontar deudas comerciales de empresas importadoras.
No todas esas medidas fueron iguales ni tuvieron las mismas consecuencias. Sin embargo, demuestran que el Estado argentino nunca fue ajeno a utilizar herramientas extraordinarias para proteger sectores considerados de interés público. La discusión actual es si las deudas de millones de familias que no logran cubrir sus necesidades básicas también deben ser consideradas una cuestión de interés público.
Pobreza endeudada
El deterioro del poder adquisitivo llevó a muchos trabajadores a utilizar la tarjeta de crédito para comprar alimentos. Después aparecen los préstamos personales, las billeteras virtuales, las fintech y las refinanciaciones. Finalmente, una deuda comienza a pagarse con otra. Así surge una nueva forma de pobreza: la pobreza endeudada.
Una familia puede superar estadísticamente la línea de pobreza y, después de pagar cuotas, alquiler, servicios, medicamentos y alimentos, quedarse sin recursos suficientes para sostener una vida digna. Por eso la iniciativa propone reconocer una categoría específica: la deuda esencial.
Se trata de obligaciones contraídas para garantizar alimentación, vivienda, salud, educación, servicios públicos y otras necesidades indispensables. No se busca premiar la irresponsabilidad ni desconocer contratos. El objetivo es evitar que una deuda contraída por necesidad se transforme en una condena permanente.
Problema social
No es lo mismo endeudarse para ampliar una empresa que hacerlo para comprar alimentos o medicamentos. En el primer caso existe una expectativa de ganancia y un riesgo empresarial. En el segundo, la deuda nace de la insuficiencia de los ingresos. Cuando millones atraviesan esa situación, deja de ser un problema individual y se transforma en una cuestión social, económica y política.
El sobreendeudamiento deteriora el mercado interno, profundiza desigualdades, aumenta la exclusión financiera y puede afectar la salud, la educación y la cohesión social. Por eso el Congreso no debería ignorar el problema.
Campaña por la emergencia
La Alameda y más de 40 organizaciones impulsan una campaña nacional de recolección de firmas en plazas, barrios y redes sociales para reclamar que el Parlamento trate la Ley de Emergencia Nacional por Deudas Esenciales. La propuesta contempla crear un Registro Nacional de Personas y Hogares Endeudados por Gastos Esenciales (Renaphege), establecer mecanismos extraordinarios de protección y suspender durante la emergencia ejecuciones y otras medidas que profundicen la vulnerabilidad.
También plantea mecanismos de condonación, estatización, quita de intereses, reducción de capital y refinanciación de acuerdo con la situación económica de cada hogar. No se trata de reclamar un privilegio, sino de exigir una respuesta excepcional frente a una situación excepcional.
Salvataje para quienes trabajan
La Constitución reconoce derechos vinculados con la alimentación, la vivienda, la salud, la protección integral de la familia y una vida digna. La historia, además, demuestra que el Estado puede intervenir cuando considera que una crisis lo exige. La discusión, entonces, no es si puede hacerlo, sino para quién utiliza esa capacidad.
Durante años se socializaron pérdidas, se protegieron estructuras económicas y se facilitaron reestructuraciones empresariales. Ahora debería abrirse una discusión sobre cómo utilizar esas herramientas para quienes se endeudaron para sobrevivir.
El trabajador cuyo salario perdió capacidad de compra, la familia que usa la tarjeta para comprar comida, el jubilado que financia medicamentos y el hogar que se endeuda para pagar el alquiler o los servicios también necesitan una respuesta. La campaña busca que esa demanda llegue al Congreso.
La historia demuestra que una movilización social amplia puede abrir caminos institucionales. Hoy el reclamo es sencillo: endeudarse para comer no puede convertirse en una condena. Si hubo recursos y voluntad política para rescatar empresas, bancos y capitales, también debe existir voluntad para proteger a quienes trabajan y no llegan a fin de mes.
La pregunta ya no es si el Estado debe intervenir. La pregunta es de qué lado debe ponerse.
* Gustavo Vera, fundador de "La Alameda".
