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Despacho favorable al proyecto de la DGE para responsabilizar a los padres ante casos de bullying

El Senado mendocino dio despacho favorable al proyecto que busca modificar el Código de Contravenciones para incluir la responsabilidad de los padres en casos de bullying.

El Senado de Mendoza avanza con una iniciativa que combina sanciones, mediación y educación para prevenir el bullying escolar.

El Senado de Mendoza avanza con una iniciativa que combina sanciones, mediación y educación para prevenir el bullying escolar.

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Las Comisiones de Economía, Ciencia y Técnica y Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado de Mendoza emitieron despacho favorable al proyecto de la Dirección General de Escuelas (DGE) que propone un nuevo Protocolo de Actuación ante casos de acoso escolar y la modificación del Código de Contravenciones para que padres, madres y tutores sean responsables por los actos de bullying cometidos por sus hijos.

La iniciativa, presentada la semana pasada por el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, busca proteger de manera inmediata a las víctimas y, al mismo tiempo, prevenir la reiteración de situaciones de acoso en las instituciones educativas.

La escuela, el primer centro de prevención

Durante el encuentro, el secretario de la Asociación de Magistrados de Mendoza, Leandro Passerini, brindó detalles sobre la propuesta en debate. “Nosotros en el Código Contravencional tenemos actualmente un artículo que es el 99, el de los padres que hicieron incurrir en inasistencia a sus hijos menores de edad. Es un artículo que nos ha traído algunas complicaciones”, explicó.

El funcionario destacó que el nuevo proyecto “determina una sanción para los padres en el tema bullying” y subrayó que “habla de una situación verificada por la escuela”.

“Eso me gusta del proyecto —agregó— porque deja en cabeza de la institución educativa un poco la investigación. La escuela tiene el primer contacto y el conocimiento real de la familia y del problema. Es el principal centro de prevención y de intervención”.

Tras analizar los principales alcances del texto, los legisladores coincidieron en la necesidad de avanzar con una respuesta integral frente a la violencia escolar. El proyecto, que obtuvo despacho favorable, será tratado próximamente en sesión del Senado provincial.

Una ley con responsabilidad compartida

La propuesta establece que los adultos responsables podrán ser sancionados con trabajo comunitario o multas económicas si no acompañan a sus hijos en la corrección de conductas violentas. También prevé instancias de mediación y talleres de parentalidad, concebidos como herramientas de prevención y educación.

El enfoque es educativo y reparador: busca no solo sancionar, sino involucrar activamente a las familias en la formación y acompañamiento de sus hijos, promoviendo valores de respeto, empatía y convivencia dentro y fuera del aula.

Un protocolo claro para las escuelas

El nuevo Protocolo de Actuación actualizado complementa la normativa con instrucciones precisas para los equipos educativos: identificación del caso, registro, comunicación con las familias, plan de acción inmediato, seguimiento y cierre del proceso.

También incluye criterios de gravedad, circuitos de derivación a equipos técnicos y coordinación con la Justicia o organismos de protección de derechos, según la situación. De esta forma, docentes y directivos contarán con una guía segura y unificada para actuar ante cualquier sospecha o denuncia de acoso.

Cuidar a las víctimas, educar a los agresores y comprometer a las familias

El enfoque integral combina prevención, intervención y posvención. Promueve una cultura escolar de convivencia, protege a las víctimas y trabaja con los agresores desde una perspectiva reparadora y no punitiva.

Además, refuerza la idea de corresponsabilidad familiar, reconociendo que la escuela sola no puede enfrentar la problemática sin el compromiso activo de madres, padres y tutores.

El bullying y el ciberbullying son hoy una de las mayores preocupaciones de las comunidades educativas a nivel mundial. Con esta iniciativa, Mendoza busca dar una respuesta institucional sólida, combinando ley, protocolo y compromiso social.