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Desadjudicaron una casa del IPV por falta de pago y ocupación irregular

El gobernador Alfredo Cornejo confirmó una resolución del organismo que desadjudicó una vivienda ubicada en el Barrio Pablo VI de Godoy Cruz.


El Gobierno de Mendoza confirmó la desadjudicación de una casa otorgada por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) a raíz de los incumplimientos del beneficiario y de su grupo familiar como la falta de pago y la ocupación irregular de la vivienda por parte de terceros.

A través del decreto Nº 1666, publicado este martes en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo rechazó un recurso de alzada que pretendía revertir una resolución del IPV que desadjudicó una vivienda ubicada en el Barrio Pablo VI, de Godoy Cruz.

El organismo había tomado esta drástica medida ante los diversos incumplimientos del adjudicatario y su grupo familiar. Según consta en la resolución, se dejaron de pagar acumuladas cuotas del crédito del IPV, no se avisó del fallecimiento del adjudicatario, ni de la cesión del uso de la vivienda mediante su entrega a terceras personas mediante contrato de alquiler.

El Gobierno analizó el caso y constató que el adjudicatario y su familia dejaron de habitar la vivienda desde hacía varios años alquilándola y que por lo tanto incumplieron con los requerimientos para acceder a una vivienda social.

Irregularidades y desadjudicación

El decreto firmado por el gobernador resalta que la irregularidad en la ocupación de la casa ha sido una constante. Señala que en el año 2010 se presentó un particular advirtiendo que alquilaba la vivienda y que la misma se encontraba en muy malas condiciones, que la fueron arreglando de a poco y que se pusieron al día con los impuestos y servicios.

De hecho, algunas citaciones emitidas por IPV las recibieron integrantes del grupo familiar del ocupante, e incluso en una primera inspección realizada en el año 2018 se constató que el inquilino habitaba con su numeroso grupo familiar.

Asimismo, también se advirtió que no solamente había irregularidad en la ocupación sino también en el pago de las cuotas del crédito. Por este motivo se había intimado al adjudicatario para que subsanara esa situación, pero nunca fue regularizada ni por él, ni por su apoderada o grupo familiar.