Debate minero: la importancia de comprender qué es la factibilidad y dónde estamos parados hoy
Para analizar los números de un proyecto es clave saber cuándo se realiza la factibilidad, el único estudio que ajusta los números finos y el capital de un proyecto.
El debate sobre la minería en Mendoza vuelve a exponer una confusión fundamental: la clase política, al analizar proyectos como PSJ, toma la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) como si fuera un informe de factibilidad económica y financiera definitivo.
Este error no es menor, pues ignora las etapas claras de desarrollo de un proyecto minero y lleva a cuestionamientos infundados sobre el aporte de una mina. Además, es un error que se repite, porque ya se planteó durante la audiencia pública de PSJ y ahora se repitió en el análisis de la Declaración de Impacto Ambiental en la Legislatura. Allí se habló de inconsistencias de los números, pero con cálculos alejados del rigor técnico.
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Las etapas: de la referencia técnica a la precisión financiera
El desarrollo de una mina avanza en fases, y cada una tiene un propósito y un nivel de precisión distintos. La confusión se centra en la prefactibilidad, la etapa que establece la línea gruesa del proyecto con estimaciones económicas y técnicas de referencia.
En rigor técnico, la prefactibilidad opera como una evaluación de alto nivel, pero basándose principalmente en datos secundarios para analizar distintas alternativas de desarrollo. Es en este momento donde se elaboran números que luego, por ejemplo, se incluyen en el informe ambiental para dar contexto.
Como se vio en el caso de PSJ, los valores de referencia para el cobre (US$7.496 por tonelada) y el oro (US$1.750) sirven como bases técnicas para la evaluación social y ambiental, no como proyecciones de rentabilidad a valor actual de mercado. Cuestionar un proyecto (como hicieron el exgobernador Arturo Lafalla en la audiencia pública y el diputado José Luis Ramón el lunes en la Casa de las Leyes), tomando el precio actual del cobre para recalcular la rentabilidad, es un error técnico por desconocimiento. Se compara un dato de referencia (del pasado) con una variable actual y volátil, generando un resultado erróneo y sin sustento técnico.
La factibilidad es el punto de inflexión
La etapa para las precisiones técnicas y financieras es la factibilidad, cuando se realiza la ingeniería de detalles. A diferencia de la prefactibilidad, el estudio de factibilidad se constituye como un análisis mucho más pormenorizado, empleando datos primarios para ratificar la mejor alternativa elegida y disminuir la incertidumbre. Esta fase se realiza -en el caso de Mendoza y por los filtros de la Ley 7.722- solo después de que el proyecto obtiene todos los permisos concedidos (aprobación legislativa definitiva de la DIA), pues implica una fuerte inversión.
El mejor ejemplo es Los Azules en San Juan, el proyecto más avanzado del país y que dio a conocer los resultados de su factibilidad durante octubre. Tras realizar esta etapa, la necesidad de financiamiento se ajustó de US$2.700 millones a casi US$3.200 millones, demostrando que la precisión técnica puede mover significativamente los números. Además, en esta fase se realizaron pruebas metalúrgicas a escala para confirmar la pureza del cobre (99.9%). Para PSJ, esta fase de factibilidad -la última antes de la construcción- implicará una inversión de US$15 millones solo para ajustar esos números finos.
La minería: un negocio de márgenes ajustados
El discurso político que se enfoca en la rentabilidad de la minería carece de sustento técnico. La preocupación -que por momentos parece excesiva- de la política por las regalías (el dinero fresco que ingresa al Estado) desvía el foco del verdadero motor productivo de la minería. El aporte real de la minería radica en su nivel de inversión y su capacidad para traccionar la economía local al sumar al entorno como proveedores y como parte del engranaje de costos altísimos que tiene en su producción. Las regalías son solo una parte, aunque la política suele estar más interesada en ellas porque es un ingreso que maneja la administración de turno.
El debate minero debe salir de la superficialidad de un cálculo de rentabilidad erróneo. Un análisis completo no debe limitarse a las regalías, sino que debe considerar la inversión total, el volumen de impuestos y retenciones, los salarios, el valor del empleo, y la capacidad de la industria para generar un ecosistema de proveedores locales.
Este debate político, aunque no tiene que hacer un análisis técnico, suele caer en la tentación de hacerlo, pero con imprecisiones y errores. Igualmente, es clave comprender las etapas de desarrollo de una industria de esta envergadura, para entender dónde estamos parados en este momento en desarrollo minero de Mendoza.