Daniel Orozco y Janina Ortiz volvieron a actuar en la Suprema Corte: a quiénes apuntaron
El exintendente de Las Heras y la exfuncionaria presentaron una cautelar al máximo tribunal para frenar la ejecución de un fallo en su contra por parte del Tribunal de Cuentas.
Daniel Orozco, Janina Ortíz y Martín Bustos Foto: Prensa Las Heras
El exintendente de Las Heras, Daniel Orozco; y la exsecretaria de Gobierno de la comuna -además de su pareja-, Janina Ortiz, cuestionaron y presentaron dos medidas cautelares ante la Suprema Corte de Justicia, con las que pidieron que se suspenda de manera urgente un fallo del Tribunal de Cuentas, con el que se establecieron multas y cargos (en el caso de Ortiz) millonarios contra ellos por irregularidades en el manejo de fondos públicos durante el ejercicio 2023.
El fallo criticado por ambos dirigentes políticos es el 18.198 emitido por el organismo extrapoder en abril de este año, al considerar que el mismo aún no tiene sentencia firme y que su aplicación inmediata configuraría una “violación del derecho al debido proceso”.
“La ejecución inmediata del acto impugnado implicaría cercenar abiertamente mis garantías constitucionales”, sostuvo Orozco en el escrito presentado con el patrocinio de los abogados Ernesto Bustelo y Guadalupe Simone Cajal. Los mismos argumentos planteó Ortiz, cuyo escrito también está patrocinado por Bustelo y Simone Cajal.
En las peticiones, se remarca el fallo aún está siendo "cuestionado" en sede judicial mediante una Acción Procesal Administrativa (APA), y según sus argumentos "imposibilita" su ejecución hasta que exista una resolución definitiva.
De hecho, argumentaron desde el entorno de ambos que la Suprema Corte de Justicia hizo lugar también a las cautelares que presentaron meses atrás por otras sanciones del Tribunal de Cuentas, en lo que respecta al ejercicio del 2022. De esta forma, entienden también de antemano que el máximo tribunal judicial hará lo mismo con este nuevo fallo y aceptará las cautelares.
En la presentación de Orozco -y también de Ortiz-, el exintendente subrayó que la medida pretende evitar que se torne "ilusoria" la garantía del juicio previo, asegurando que “la tutela judicial efectiva se vería malograda si el fallo fuera ejecutado antes de obtener un pronunciamiento judicial sobre su legitimidad”.
Ambos se apoyaron en antecedentes de la Corte mendocina para reforzar su posición, citando el caso “Dalvian” y "Rumaos" donde se admitieron medidas similares por tratarse de sanciones administrativas no firmes.
Además, advirtieron sobre el riesgo de "daño irreparable" si se permite que el Tribunal de Cuentas continúa con la ejecución de las sanciones. “Existe una posibilidad cierta de que el derecho a contar con un juicio previo se malogre”, advirtieron, agregando que el perjuicio sería irreversible si se iniciara un juicio de apremio sin resolución judicial firme, lo que "comprometería" sus patrimonios.
El pedido también hace referencia al principio de división de poderes, señalando que permitir que un ente administrativo ejecute una sanción sin intervención judicial previa vulnera los artículos 1, 18, 109 y 116 de la Constitución Nacional.
Finalmente, ambos ofrecieron como garantía una caución juratoria o póliza, y pidió que la medida solicitada se mantenga vigente hasta que se dicte sentencia definitiva en el proceso principal.
Por último, dejaron reserva de llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia si tienen un nuevo revés judicial.
Fallo del Tribunal de Cuentas en contra
Tal como informó MDZ Online a fines de abril, el Tribunal de Cuentas aplicó multas de $570.000 a Orozco; y de $600.000 a Ortiz. También multó con $500.000 a Osvaldo Oyhenart, exsubsecretario de Políticas Sociales; con $400.000 a Diego Javier Tolín, exdirector de Contaduría; de $175.000 a Daniel Herrera, ex director de Contaduría; con $670.000 a Carlos Arturo Nofal, exsecretario de Hacienda y ex director de Contaduría; con $400.000 a Patricia María Díaz, ex directora de Tesorería; y con $80.000 a Carlos Humberto Magallanes, exdirector de Rentas.
Pero otro lado, se les aplicaron cargos (en forma solidaria) a Ortiz y Oyhenart, con los que los emplazaron a devolver el dinero por irregularidades fuertes al Estado. Ambos fueron sancionados de forma conjunta por un cargo de $33,9 millones y se le sumó otro de $36,5 millones. En tanto, a la exsecretaria de Gobierno también se la emplazó a devolver $7,6 millones y al exsubsecretario de Políticas Sociales se le formuló otro cargo por $2,8 millones.
Entre las irregularidades detectadas, el Tribunal de Cuentas indicó que descubrió una falencia en el trámite de contratación y la ausencia de documentación de respaldo que acredite la entrega a beneficiarios, por la compra por de bolsones de carne subsidiados por la municipalidad.
La compra tenía por objeto subsidiar el precio de la carne en $650 (por bolsón) y destinada al vecino como ayuda social directa. Tiene la particularidad que la Municipalidad sólo subsidia una parte del bolsón de carne y la diferencia entre el subsidio municipal y el precio final será abonada por el vecino. Sin embargo, comprobaron que no existe documentación que respalde la posterior venta y/o entrega a los beneficiarios (vecinos) de la carne subsidiada. Por consiguiente, no se puede determinar quién le cobraba al vecino en los puntos de venta, a fin de recaudar el importe no subsidiado de $20,5 millones.
Otra de las deficiencias detectadas fue la contratación de un servicio a la cooperativa de trabajo Manos a la Obra que no fue acreditado, esta irregularidad ya había sido señalada en el anterior fallo del Tribunal de Cuentas y la justicia penal tramita una causa en la que se ha imputado a Orozco y Ortiz por el delito de peculado.
