Daniel Orozco y Janina Ortiz acordaron una pena de 3 años de prisión en suspenso y quedaron a un paso de ser condenados

El exintendente de Las Heras Daniel Orozco y la diputada provincial suspendida Janina Ortiz acordaron este lunes una condena de tres años de prisión en suspenso y de inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. La pareja aceptó declararse culpable de corrupción a través de un juicio abreviado, una estrategia pensada para esquivar la cárcel: con una pena más alta, habrían tenido que cumplirla tras las rejas.

Además de la condena, ambos deberán pagar una multa cuyo monto todavía no fue calculado y que busca compensar, al menos en parte, el dinero obtenido de manera ilegal. Los dos firmaron en persona el acta ante la Unidad Fiscal de Delitos Económicos. La sentencia los declara culpables de peculado, es decir, de apropiarse, desviar o usar de forma indebida fondos o bienes del Estado, en cuatro hechos: en el caso de Orozco, por transferencias de dinero comprobadas; en el de su esposa, por uso de documento público falso y amenazas coactivas.

De acuerdo con la investigación del fiscal Juan Ticheli, el perjuicio para la Municipalidad de Las Heras alcanzó los $35.511.386,14, girados entre 2021 y 2023. Para los investigadores, funcionarios políticos y de carrera de la comuna se valieron de la cooperativa Manos a la Obra, que en los hechos no funcionaba, para facturarle y cobrarle al municipio trabajos que nunca se hicieron. Ese circuito es el núcleo de la causa por corrupción que ahora deja al matrimonio fuera de la función pública de por vida.

Un acuerdo que todavía debe homologar el tribunal

La condena es el primer paso del juicio abreviado, que luego tendrá que homologar el Tribunal Penal Colegiado Nº 1. Ese tribunal no puede oponerse a lo pactado y solo va a revisar que el acuerdo se ajuste a la ley, por lo que se da por hecho que lo convalidará tal como fue firmado.

La propuesta la presentó el abogado Raúl Burela, defensor de ambos, y no alcanza a los otros ocho imputados del expediente. Su argumento fue que la causa se resolviera lo antes posible, sin que la Justicia tuviera que sostener un juicio oral y público costoso y extenso por la cantidad de audiencias y testigos previstos. El pedido llegó después de que la jueza Dolores Ramón, del Juzgado Penal Colegiado Nº 1, resolviera elevar la causa a juicio. En un principio, la defensa había planteado dos años de prisión en suspenso para Orozco y tres años de cumplimiento condicional para Ortiz, que además debía responder por coacciones, una oferta que necesitaba el visto bueno del Ministerio Público Fiscal y de la querella.

La investigación comenzó en 2023 a cargo de Ticheli, de la Unidad Investigativa de Delitos Económicos, quien la cerró y la elevó a juicio hace poco más de un año. Según la Fiscalía, la maniobra estuvo encabezada por Daniel Orozco junto a Janina Ortiz, que por entonces era secretaria de Gobierno del municipio. En la causa también está imputado como coautor material Osvaldo Oyhenart, subsecretario de Políticas Sociales durante esa gestión, mientras que entre los señalados como partícipes necesarios figuran Hernán Mostaccio, Juan Pablo Pandolfi, Daniel Herrera y Adrián "Moco" Pérez, titular de la cooperativa.

La entidad utilizada fue la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Limitada, que en los papeles se dedicaba al reciclaje de residuos. Los investigadores determinaron que fue reactivada por orden del entonces intendente para intervenir en trámites administrativos manipulados desde el propio municipio, y que cobraba por tareas de limpieza que jamás realizó, con trabajadores que ni siquiera pertenecían a la cooperativa. El dinero salió de las arcas municipales por medio de cuatro expedientes, con planillas falsas, facturas electrónicas emitidas con claves fiscales gestionadas desde la comuna y órdenes de compra firmadas por funcionarios que pasaron por alto los controles obligatorios. Los fondos terminaron depositados en una cuenta del Banco Supervielle.

En el caso de Janina Ortiz, la Legislatura provincial ya la había suspendido en su banca para que enfrentara el proceso penal. La acusación le atribuía además, al igual que a Adrián Alejandro Pérez, el uso de documento público falso en concurso real con peculado en al menos diez hechos. Con la condena y la inhabilitación perpetua, la legisladora quedó a un paso de ser expulsada de la Cámara de Diputados.