Punta Arenas quiere ser "el gran supermercado" de Malvinas: 40 empresarios isleños en Chile
Cuarenta empresarios y funcionarios isleños participan de una rueda de negocios en Magallanes. En noviembre se reabre la conexión marítima con el archipiélago.
El mismo día en que el Gobierno intimó formalmente a Londres, en el extremo sur de Chile fueron en la dirección contraria. Una delegación de alrededor de cuarenta empresarios y funcionarios malvinenses llegó este lunes a Punta Arenas para participar del Punta Arenas Business Showroom, una rueda de negocios de dos días que la prensa chilena describió como la misión comercial más numerosa que salió jamás del archipiélago.
El operativo lo impulsó la Falkland Islands Development Corporation, el organismo que maneja el desarrollo económico de las islas. La comitiva la encabeza Louise Ellis, subdirectora general de esa entidad, e integra también Mike Summers, titular de la Cámara de Comercio isleña y exmiembro de la Asamblea Legislativa local.
Qué se negocia en Magallanes
El abanico de sectores representados muestra el alcance de la movida. Según consignó el diario La Prensa Austral, viajaron empresas de construcción, pesca, comercio minorista, hotelería, agro, servicios portuarios y transporte marítimo, además de funcionarios del gobierno de las islas.
El intendente de Punta Arenas, Claudio Radonich, planteó la aspiración de su ciudad sin rodeos antes del encuentro: convertirse en "el gran supermercado, el gran home center" para los habitantes del archipiélago. Y precisó a quiénes buscaba: proveedores de alimentos, artículos de limpieza, cemento, madera y repuestos para vehículos.
La rueda de negocios, además, funciona como antesala de algo más concreto. Para noviembre está prevista la reapertura de una conexión marítima directa entre Punta Arenas y Stanley —Puerto Argentino, según la denominación argentina—, a cargo de una naviera chilena.
El comunicado que Chile firmó hace tres semanas
Acá está el nudo del asunto. Hace apenas tres semanas, durante la visita oficial de Javier Milei a Santiago, los gobiernos de la Argentina y de Chile suscribieron un comunicado conjunto en el que Santiago reconoce el reclamo argentino de soberanía y se compromete a no brindar apoyo logístico al desarrollo de las islas.
El contraste con lo que ocurre en Magallanes es evidente, y las declaraciones del ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, lo profundizaron. En diálogo con Radio Polar, el funcionario del gobierno de José Antonio Kast sostuvo: "Chile ha señalado que apoya la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falkland, pero hay una situación de hecho: un país amigo hace 200 años ejerce soberanía sobre las islas".
Barros planteó que la controversia debe resolverse "conforme al derecho internacional" y "por la vía pacífica", aunque agregó una condición que la Argentina rechaza de plano: respetando "la voluntad e interés de las personas involucradas", es decir, el principio de autodeterminación que invocan los isleños y el Reino Unido.
Sobre el comercio fue explícito: dijo que no ve "inconveniente" en el intercambio entre Magallanes y las islas, y reconoció que la exploración petrolera "puede ser un poco más conflictiva".
El decreto 256, en la mira
El punto más delicado de sus declaraciones apuntó a una herramienta argentina vigente desde 2010. El decreto 256 exige autorización previa para los buques que navegan entre puertos argentinos y el archipiélago, y podría alcanzar a la nueva ruta marítima.
"Magallanes ha sido afectada negativamente por ciertas políticas que llevan 15 años, que limitan el acceso, la oportunidad de negocios, tanto en el ámbito de bienes y de servicios a ciertas embarcaciones", sostuvo el ministro, y anticipó que "recién ahora va a haber un cambio en esa materia". También confirmó que Chile proyecta reforzar su presencia militar en la zona austral.
El telón de fondo: sanciones y respuesta británica
Todo esto ocurre en el momento de mayor tensión en años entre Buenos Aires y Londres. En las últimas semanas el Gobierno argentino impulsó un proyecto para modificar la Ley 26.659 y endurecer las sanciones contra las empresas que exploren hidrocarburos en la zona, abrió procedimientos sancionatorios contra decenas de personas y compañías, y reasignó recursos para la base naval en Tierra del Fuego.
Del otro lado, el ministro de Defensa británico, Wes Streeting, respondió el fin de semana en una entrevista con The Sun: afirmó que la Argentina "carece de la capacidad" de tomar las islas, que el Reino Unido está en condiciones de defenderlas y que "esto no es 1982". Calificó además los planteos de Milei como "la misma vieja propaganda falsa".
