Crece el escándalo del pedido anticipado de renuncias a jueces puntanos

Zavala fue viceministro de Legalidad del actual mandatario puntano durante el período de 2003-2011. En tanto Sergio Freixes era el ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción en esa gestión y volvió al cargo en 2015, también de la mano de “el Alberto”. Freixes y Zavala fueron condenados en noviembre de 2018 por el Tribunal Oral Federal de San Luis acusados del delito de “coacción agravada” en el marco de una serie de maniobras con las que hacían firmar renuncias anticipadas como un requisito indispensable para ocupar cargos en el Poder Judicial.

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Zavala, el acusado y arrepentido.

Mario Zavala, el exfuncionario de San Luis que se presentó como testigo protegido, denunció que dos policías de San Luis lo amenazaron y golpearon para que no involucrara ni al gobernador Alberto Rodríguez Saá ni a Sergio Freixes. Zavala fue viceministro de Legalidad del actual mandatario puntano durante el período de 2003-2011. En tanto Sergio Freixes era el ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción en esa gestión y volvió al cargo en 2015, también de la mano de “el Alberto”.

Freixes y Zavala fueron condenados en noviembre de 2018 por el Tribunal Oral Federal de San Luis acusados del delito de “coacción agravada” en el marco de una serie de maniobras con las que hacían firmar renuncias anticipadas como un requisito indispensable para ocupar cargos en el Poder Judicial.

La causa en la que coartaban a los jueces fue conocida como “renuncias anticipadas” y generó un revuelo en el Poder Judicial de San Luis y a nivel nacional.

En su momento la Fiscalía presentó pruebas documentales que fueron certificadas y analizadas por peritos federales. Además, relató cada etapa de los hechos y pidió la condena a los acusados a siete años de prisión, 10 años de inhabilitación para el acceso a cargos públicos, al considerarlos coautores del delito. Para explicitar las razones de la requisitoria sostuvieron que en los planteos se advirtió que la libertad psíquica, es decir la realización de una acción sin condiciones, estuvo coartada.

Aunque Mirtha Vallica San Martín, ex jueza Penal, declaró que actuó “voluntariamente” en torno a la renuncia, el fallo indicó que ello no implica que se exima la coacción, ya que el delito no consiste en la supresión de la voluntad sino que atenta desde la exigencia.

La causa está actualmente en manos de la Cámara de Casación Penal de Capital Federal y en pleno análisis de los planteos realizados por la acusación como por las defensas.

Pero lo que causó novedad fue que Zavala ratificó en Comodoro Py la denuncia realizada en marzo pasado la Comisaría 7ª de San Luis. Allí detalló que dos policías fueron hasta su domicilio: “Uno de estos uniformados comienza a amenazarme diciéndome ‘ojo con lo que vas a declarar en Buenos Aires, no nombres ni al Freixes ni al Alberto’, por el actual ministro y gobernador de la provincia de San Luis, respectivamente”. Acto seguido denunció golpes en el rostro y en el torso que lo dejaron inconsciente.

La denuncia.

Despouy: “Las declaraciones de Zavala agigantan la gravedad que tuvieron las renuncias anticipadas”

El ex auditor General de la Nación y ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Leandro Despouy siguió de cerca el proceso judicial que finalmente comprobó la responsabilidad de los funcionarios y puso en evidencia cómo presionaban a los jueces a firmar sus renuncias antes de asumir los cargos; y presenció todas las audiencias. Señaló a esto como una causa “con historia” y con “gran repercusión”, dado que fue seleccionado a nivel mundial como “uno de los casos más emblemáticos de la influencia y sometimiento del Poder Ejecutivo sobre la Justicia”.

“Reconoce en su testimonio que gestionó la renuncia anticipada, no obedece a la intimación, se aparta de sus versiones originales e invoca a Alberto Rodríguez Saá y a Sergio Freixes”, explicó Despouy sobre la noticia de esta mañana, en diálogo con elchorrillero.com.

Allí es donde Zavala expuso que le pidieron “no hablar” ni del gobernador ni de Freixes: se lo hicieron saber mediante golpes y amenazas de muerte. Fue entonces que se conoció la denuncia que realizó en marzo de este año (4 meses después de ser juzgado), donde acusa que dos efectivos de la Policía de San Luis le dieron una paliza hasta dejarlo inconsciente. Todo lo que le hicieron era para que mantuviera las declaraciones que hizo en el juicio desarrollado a finales de octubre del año pasado.

“Estamos al frente de un hecho posterior a un juicio, y ante declaraciones reveladoras que se pondrían al llano de la confesión de que hubo gestiones para tramitar las renuncias anticipadas”, dijo en relación a los dichos de Zavala en Buenos Aires, y donde, a partir de eso, habría pedido la protección de la Justicia Nacional.

Despouy consideró al mismo tiempo que los dichos del ex viceministro de la Legalidad de Alberto Rodríguez Saá (los cuales explotaron este miércoles a partir de una publicación en el Diario Clarín) representan una denuncia que “le sigue a un proceso escandaloso” como lo fue el juicio donde se evidenció las presiones que ejerce el Poder Ejecutivo sobre la Justicia de San Luis. Y planteó que al mismo tiempo “abre una nueva dimensión a un problema institucional de una gravedad asombrosa”.

“Agigantan la gravedad que se vio el juicio y multiplica su proyección hacia el futuro; porque todas estas cosas tienen que se esclarecidas en detalle, sobre todo cuando han llegado a instancias nacionales”, reflexionó.

Lo valoró como “un hecho revelador” y como “uno de los costados más oscuros y tenebrosos de la lucha política por someter desde el Ejecutivo provincial al Poder Judicial”. Remarcó que en esa línea se llegó a la “máxima expresión”.

También hizo hincapié en la denuncia que el ex funcionario hizo en marzo y que no tuvo su curso en el tiempo: “Esto revela que la Justicia de San Luis sigue condicionada para investigar cuestiones vinculadas al desempeño del Gobierno; y es un delito muy grave, la coacción, las amenazas de muerte para que una persona haga un testimonio donde no ponga en juego el accionar del Gobierno. Esto influye sobre cómo se tramitó el juicio”.

Puntualizó que Zavala (condenado por la Justicia Federal por coacción agravada a cinco años de prisión) “fue objeto de amenazas y vejámenes, y la Justicia no tramitó esa denuncia; sigue condicionada”.

“Es evidente que como todo testigo imputado debe tener las garantías de la protección adecuada; tiene miedo porque corre riesgo y debe ser debidamente protegido de acuerdo a la ley”, dijo finalmente.

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