Congelados por Milei: el impacto de eliminar la Ley de Zonas Frías

El gobierno de Javier Milei anunció su intención de eliminar, después de octubre, la ampliación del régimen de Zonas Frías, establecida por ley en 2021. ¿Qué significa esto? Que tres millones de hogares de regiones frías dejarán de recibir el beneficio en sus facturas de gas. Solo lo conservarán los 800.000 hogares patagónicos del régimen original. ¿Y los demás? A abrigarse como puedan.

La Ley de Zonas Frías no es un “subsidio al consumo”, como repiten desde Casa Rosada. Es una herramienta de equidad. No todos consumimos la misma cantidad de gas: en las provincias frías, encender la calefacción no es un lujo, es una necesidad vital. La Organización Mundial de la Salud recomienda mantener 21 grados en las habitaciones principales del hogar y 18 grados en las demás. Sin calefacción, la salud se deteriora. Dormir con temperaturas extremas no es solo incómodo: es peligroso. Provoca enfermedades respiratorias, cardiovasculares e incluso la muerte.

¿A quiénes perjudica el recorte? A millones de argentinos y argentinas que ya destinan gran parte de sus ingresos a sostener un mínimo bienestar térmico en invierno.

Desde el Gobierno argumentan que “el régimen no distingue el ingreso socioeconómico de los hogares beneficiados, donde hogares de altos ingresos reciben el beneficio”.

El beneficio se otorga a todos los hogares de las zonas frías porque el criterio principal no es cuánto ganás, sino dónde vivís. Y tiene lógica: quien habita en una región con inviernos crudos necesita consumir mucho más gas para calefaccionarse. Eso implica destinar una porción mucho mayor de sus ingresos —sean altos, medios o bajos— en comparación con quienes viven en zonas templadas. La ley reconoce esa desigualdad estructural y busca equilibrarla.

Pero omiten decir que el beneficio sí es diferencial: el descuento es del 30 % para la mayoría y del 50 % para los de menores ingresos. Además, cuando la ley fue sancionada no existía la actual segmentación energética, que permite afinar aún más los criterios. Hoy podríamos mejorar el sistema. Pero ¿la solución es eliminarla por completo?

Otra crítica del Gobierno es que el aporte que hacen todos los usuarios del país para sostener la Zona Fría no distingue entre ricos y pobres. Es cierto, y es corregible. Hoy, con la segmentación, podría aplicarse un aporte progresivo.

Y el argumento que más plantean: el costo fiscal. “Este año el Tesoro deberá cubrir unos 300 millones de dólares.” ¿Mucho? Depende para qué. ¿Es mucho para evitar que millones caigan en la pobreza energética? ¿Es mucho para garantizar un derecho humano básico como el acceso a la energía? ¿O es mucho solo cuando se trata de ayudar a los de abajo?

Porque seamos claros: esto no es solo un ajuste, es una declaración de principios. Es el Estado diciendo que prefiere ahorrar millones en gas antes que proteger a los hogares que más lo necesitan. Es elegir números antes que vidas.

Y hay algo más, que el Gobierno no menciona: si eliminan la Zona Fría, sube la base imponible sobre la factura de gas, lo que significa más recaudación impositiva. ¿No será que, detrás del ajuste, hay también un objetivo recaudador encubierto?

Esta semana, Mendoza registró temperaturas bajo cero. El frío no espera a que pase el ajuste. El frío no entiende de libertarios ni de teorías de mercado. Solo entra por las rendijas de los hogares que no pueden pagar la calefacción.

No estamos discutiendo subsidios. Estamos discutiendo derechos. La pobreza energética no es solo una estadística: es una forma de exclusión, de desigualdad, de violencia estructural. Esa forma silenciosa de exclusión se cuela por las paredes frías y los techos sin aislamiento. Y cuando llega, se lleva todo.

Como representante de Mendoza en el Senado de la Nación, propongo debatir, revisar y mejorar la presente ley. Pero nunca a costa de dejar gente afuera. El Estado debe estar para proteger a quienes más lo necesitan, no para empujarlos aún más al abismo.