Condenaron a exfuncionarios de Francisco Pérez por malversación de caudales públicos
La Justicia encontró culpables a Juan Manuel Tejada y Javier Romo, del área de Ganadería, y deberán pagar entre multas millonarias, prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La Justicia de Mendoza condenó este martes a dos exfuncionarios del área de Ganadería de la gestión de Francisco Pérez (exgobernador entre el 2011 y el 2015) por el delito de malversación de caudales públicos.
Se trata del exdirector de la Dirección General de Ganadería, Juan Manuel Tejada; y el exencargado de Compras del mismo organismo, Javier Romo, quienes fueron encontrados culpables por parte del tribunal del Fuero Penal Colegiado, conformado por los magistrados Mateo Bermejo, David Mangiafico, y Carlos Torres.
Tejada fue condenado con una multa de $80 millones y 7 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos; mientras que Romo fue condenado a una pena de 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Según informaron desde la Justicia, la multa millonaria fue "actualizada" por parte del equipo pericial del Cuerpo Médico Forense, a través de una solicitud de la fiscal Laura Rousselle, quien llevó adelante la causa en los últimos años.
Facturas truchas y malversación
Las maniobras detectadas ocurrieron en 2013, fueron advertidas por el Tribunal de Cuentas y luego denunciadas en la justicia por Fiscalía de Estado.
Según informó MDZ en agosto del año pasado, se sospechaba que se habían registrado facturas apócrifas para obtener pagos por bienes y servicios inexistentes o duplicar pagos debidos a proveedores.
La causa era porque se detectaron cerca de $3,5 millones sin rendir. Esos valores eran a 2013, por lo que el monto del desfalco es significativo.
En la trama se descubrió un mecanismo de gestión de compras truchas a través de facturas también apócrifas. “Compra de bienes y servicios respaldadas con comprobantes ilegítimos e insuficientes”, titularon los investigadores a las sospechas.
Entre otras cosas, había destinatarios de las compras que no tenían actividad comercial, o se dedicaban a otra cosa. El mecanismo era generar esa supuesta compra para cobrar de manera irregular.
"La documentación no estaba en forma: los recibos de pago de las facturas no estaban firmados, no había recibos del proveedor, los expedientes no estaban foliados, no había documentación acreditativa del pedido de bienes o servicios por sector requirente, etc. Lo expuesto denotó una clara deficiencia de control, por lo que las pruebas de cumplimiento de control resultaron negativas...se verificó en varios casos, que un mismo proveedor prestaba servicios diversos, por ejemplo prestaba servicios de impresión, servicios de encomiendas, servicios de albañilería y servicios de mantenimiento y reparación de vehículos", describió en el Fallo del Tribunal de Cuentas.