Cómo queda el poder dentro de los organismos de control de Mendoza con otro cambio en el Tribunal de Cuentas
Asumió la nueva vocal del Tribunal de Cuentas, Andrea Molina. En ese organismo, Cornejo designó a 4 de los 5 integrantes y la mayoría tienen pasado político en sus gestiones.
Andrea Molina asumió en el Tribunal de Cuentas. Cornejo nombró a 4 de los 5 integrantes de la cúpula de ese organismo.
Andrea Molina asumió como vocal del Tribunal de Cuentas, el principal organismo de control de las cuentas públicas de la Provincia. Molina viene de ser presidenta del Ente Provincial Regulador Eléctrico y ocupará el lugar que dejó vacante el peronista Ricardo Pettignano.
Con la nueva integrante, el Tribunal de Cuentas consolida una tendencia que ya tenía. Es que la mayoría de los integrantes del organismo tienen origen político en el oficialismo al que les toca controlar. Molina es contadora, tiene perfil técnico y también recorrido dentro del semillero del cornejismo; tanto en la administración pública como en la política universitaria.
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Cuatro de los cinco integrantes de la cúpula del Tribunal de Cuentas fueron nombrados por Alfredo Cornejo, pues el retiro de los anteriores vocales coincidió con las dos gobernaciones del actual mandatario. Como ocurrió en otros cargos relevantes dentro de organismos de control y la justicia, se ponderó a dirigentes con pasado en cargos políticos. El Tribunal de Cuentas es presidido por Néstor Parés, un dirigente radical de extendido recorrido en el radicalismo y fiel a Cornejo. De hecho fue presidente de la Cámara de Diputados en la primera gestión del Gobernador. Antes había sido funcionario en el EPRE, en la Subsecretaría de Trabajo y director del Registro Civil. En su carrera intentó ser intendente de Las Heras y se convirtió en espada fundamental de Cornejo en la Legislatura.
Cornejo también nombro en el tribunal a Marta Liliana Muñoz de Lázaro, una funcionaria que ocupó cargos técnicos clave en la Municipalidad de Godoy Cruz y que viene de una familia ligada a la función pública, siempre en el radicalismo. Ella fue promovida al Tribunal en 2017 y venía de ser la encargada de la administración del Ministerio de Salud, como directora de Administración y Control de esa cartera, mientras que su hijo Diego ocupaba un cargo similar en el Ministerio de Seguridad y su esposo tesorero de Pro Mendoza.
La última designación de Cornejo había sido la de Gustavo Riera, quien tuvo perfil más bajo que sus colegas, pero también ingresó a la gestión pública de la mano de gestiones radicales. A ellos se les sumó Andrea Molina, que ejerció un mandato como presidenta del EPRE y ahora recala en el Tribunal.
Molina reemplaza al peronista Ricardo Pettignano, que se jubiló. El único vocal que queda con otro origen político es Héctor Caputto, que fue nombrado por el exgobernador Francisco Pérez en un proceso parecido al ejecutado por todos los mandatarios: funcionarios amigos de la política que pasan a organismos para que los controlen. Hasta hace algunos años había acuerdos tácitos entre los partidos políticos para ocupar esos espacios de manera "equitativa". Esos acuerdos se rompieron y quien gobierna, empezó a monopolizar las designaciones apegados a la legalidad.
El Tribunal de Cuentas es el organismo encargado de controlar las cuentas públicas, el uso de los fondos públicos y la responsabilidad de los funcionarios por las erogaciones. No es un organismo "anticorrupción", pero sí es la oficina de control con mayor rango, pues está en la Constitución provincial como organismo extrapoder. Los integrantes son elegidos por el Gobernador y requieren acuerdo del Senado provincial. En cuanto a su permanencia y remuneración, los vocales están equiparados a los jueces de la provincia.
Por la permanencia en el poder y una estrategia política que permeó en todas las instituciones, Cornejo nombró dirigentes políticos surgidos de su cantera en distintos organismos de Control.
Ocurrió con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay (ex ministro de Gobierno), la contadora General de la Provincia Paula Allasino (exdiputada), el titular de la oficina de Ética Pública Gabriel Ballsels Miró (exlegislador radical), entre otros. Incluso esa permeabilidad ocurre con asociaciones no estatales, pero con influencia en las decisiones, como el Colegio de Abogados y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Otros funcionarios clave no tienen antecedentes de participación política activa en el cornejismo, pero sí una coincidencia y convivencia importante, como ocurre con el procurador de la Corte Alejandro Gullé (también nombrado por Cornejo).