Cierran la causa por supuestas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial
El Juez Federal Ariel Lijo dispuso el archivo de la denuncia que el kirchnerismo usó como bastión para iniciar el juicio político contra la Corte Suprema de Justicia.
Cierran la causa por supuestas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ
El magistrado federal Ariel Lijo determinó la inexistencia de delito y procedió al archivo de la causa de la denuncia por irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).
La denuncia que tuvo en la mira al exministro de la Corte, Juan Carlos Maqueda quien impulsó a Aldo Tonón como director de la obra social, data de fines de 2021 cuando el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU) acusó la existencia de contrataciones irregulares y de un sistema de atención exclusiva para algunos afiliados.
La OSPJN, es la prestadora de salud a jueces, secretarios y funcionarios de los tribunales federales y nacionales de todo el país, cuya dependencia funcional y administrativa recae en la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo a la resolución del juez Lijo, “en el estado actual de las actuaciones y a la luz de las probanzas reunidas en el legajo, es posible concluir que no se ha corroborado conducta alguna penalmente relevante que permita avanzar en el proceso o al menos no poseen un claro correlato que pudiera considerarse anti normativo según la evidencia recabada”.
En su momento, el fiscal Carlos Stornelli impulsó la investigación que, tras el análisis de varias medidas, entendió que se la denuncia debía desestimarse, por lo que además dictaminó el sobreseimiento de Maqueda y Tonón.
En el medio, el SITRAJU, encabezado por la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley, buscó convertirse en querellante, pero si bien fue avalada por el juez Lijo, la pretensión no prosperó por decisión de la Cámara Federal Porteña, refrendada posteriormente por Casación.
Cuando todo se avizoraba para un cierre, el fiscal Guillermo Marijuan radicó una denuncia sobre los dichos del supremo Ricardo Lorenzetti quien en sus disidencias por las modificaciones del estatuto de la obra social y de su conducción planteó dudas y cuestionamientos.
Dicha denuncia recayó por sorteo en otro juzgado que subrogaba Lijo, donde se evaluó cada cuestionamiento y las razones por las que la corte de manera mayoritaria buscaba promover dichas modificaciones.
En ese contexto, el juez Lijo concluyó “más allá de la pertinencia de las observaciones efectuadas por el Ministro (Lorenzetti), y que dieron lugar a la denuncia formalizada por el Dr. Marijuán, la acordada contó con el respaldo y las firmas de los Ministros Horacio Daniel Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fernando Rosenkrantz que conformaron la mayoría necesaria para aprobar las modificaciones propuestas y a cuya consideración y análisis fueron sometidas las cuestiones debatidas en ella. Por lo tanto, la cuestión radica en establecer, luego de esta investigación, si tales actos podrían configurar alguna conducta penalmente reprochable, más allá de la válida discrepancia exteriorizada en su voto”
Para el magistrado, los jueces “expresaron los fundamentos que justificaron la contratación y se pusieron de manifiesto los antecedentes profesionales de cada una de las personas propuestas” y sus pares de la Corte justificaron las contrataciones y las modificaciones en el organigrama en la necesidad de “afrontar una crisis sanitaria con alta demanda” y aseguraron que las designaciones cumplían con “los requisitos legales y reglamentarios”.