Cien nuevos magistrados, la última meta de Cornejo

Buscará renovar un tercio de la Justicia provincial antes de dejar el poder en diciembre. Hasta ahora ha enviado a la Legislatura 82 pliegos, de los cuales, más del 60 por ciento han sido mujeres. Por qué se duplicaron las "bajas" en los últimos años y cómo es la entrevista del Consejo de la Magistratura, el filtro político de los aspirantes.

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Cornejo y Nanclares, presidente de la corte.

Prensa Gobierno

En la recta final, el gobierno de Alfredo Cornejo está detrás de un número "mágico": 100. Se trata de la cantidad de nuevos magistrados (jueces, fiscales, defensores oficiales y asesores de menores) que quiere dejar designados en la Justicia provincial, como señal de renovación.

Si lo consigue, casi un tercio de los magistrados provinciales, que suman 319 en total (incluidos los miembros de la Corte), serán "nuevos" al final de esta gestión.

Hasta ahora, ha designado 82. Y ya están casi listos los pliegos de otros 8 aspirantes. En la última tanda, se nombrarán nuevos jueces de paz para departamentos alejados, como La Paz, Santa Rosa y Malargüe. La labor de los jueces de paz se ha revalorizado en los últimos tiempos, ya que son los responsables de aplicar el famoso Código de Faltas.

Pero al margen de las cifras globales, existe otro número que destacan sin cesar el Poder Ejecutivo y el oficialismo legislativo: más del 60 por ciento de los nuevos magistrados son mujeres.

En efecto, en lo que va de la gestión de Cornejo, se han nombrado 50 magistradas y 32 magistrados. O sea, el 64 por ciento pertenece al sexo femenino: está sobre cumplida la paridad de género.

Este número es utilizado para contrarrestar las frecuentes críticas hacia el mandatario radical por no haber colocado una mujer en la Corte provincial.

"La Justicia no es manejada por la Corte, ya que el 95 por ciento de las causas las manejan los tribunales inferiores. Y en los tribunales inferiores, es 65 a 35 la proporción de mujeres y hombres", señala al respecto el presidente provisional del Senado, Juan Carlos Jaliff, titular de la cámara que da el visto bueno final de los aspirantes a jueces.

Jaliff perdió la calma durante una sesión caliente.

"Hay cámaras donde todas las integrantes son mujeres. La Justicia de Mendoza está manejada por mujeres", se arriesga a sostener el legislador radical.

Las "bajas" en tribunales de la era Cornejo

En la era Cornejo casi no se crearon cargos para la Justicia, pero fue la etapa en que más "bajas" se produjeron, si se la compara con los anteriores dos gobiernos del PJ.

La baja de un magistrado se da por jubilación, destitución (hubo dos en estos años) o fallecimiento del juez o jueza. También está la renuncia, pero nadie dimite en un poder en el que los cargos son para siempre.

Los magistrados mayores tienden a dilatar su jubilación, ya que sus remuneraciones aumentan al ritmo del 2 por ciento anual. Sin embargo, en Mendoza les está llegando la hora de retirarse a numerosos jueces que llegaron al cargo con el retorno de la democracia en 1983.  

entrada a tribunales, lugar de marchas y reclamos.

Hubo un empeño especial en los últimos años en cubrir esas bajas con celeridad. El Gobierno siempre tuvo el ojo puesto en la Justicia, puso soldados en cargos clave y los cien jueces "propios" podría incluso ser una tranquilidad para quienes deban volver al llano en diciembre.

Según las cifras oficiales, se jubilaron o murieron 55 magistrados durante el gobierno de Celso Jaque (2007-11) y 54 durante el periodo de Francisco Pérez (2011-15).  Durante la gestión de Cornejo, esa cifra llegaría casi al doble.

¿Por qué hubo más bajas durante la gestión de Cornejo que en las anteriores? En el Ejecutivo evalúan que se debió a que muchos se jubilaron ante la posibilidad de que se eliminaran las jubilaciones de privilegio (82 por ciento móvil), cosa que no ocurrió.

Pero en el Gobierno provincial, también llevan agua para su molino al sostener que el rigor de trabajo que impuso a los magistrados la "oralidad" de los procesos (concepto presente en todos los códigos de procedimiento que impuso) convenció a muchos de que les convenía dejar la actividad.

Ese rigor significó, por ejemplo, un incremento de las audiencias en turno vespertino. De todos modos, el funcionamiento pleno de la Justicia en horas de la tarde todavía no es una realidad. En este sentido, el Gobierno calcula que el 70 por ciento de las audiencias se sigue realizando en la mañana.

La mano del Gobierno

Lo cierto es que en el Poder Ejecutivo se ocupó de apurar la cobertura de vacantes y acelerará más el ritmo para tratar de llegar al "número mágico" de cien jueces nuevos antes del 11 de diciembre próximo.

El proceso implica la participación del Consejo de la Magistratura, un órgano en el que intervienen todos los poderes y que tiene a cargo la significativa tarea de armar las ternas de aspirantes a jueces.

Luego es el gobernador quien elige, independientemente de la nota del Consejo de la Magistratura, a uno de los tres seleccionados para cada cargo. Y la última palabra la tiene el Senado provincial, que vota en forma secreta los candidatos del gobernador y los confirma o no en sus cargos.

Un dato en este sentido es que, desde 2015 hasta ahora, todos los pliegos para la Justicia fueron aprobados en la Cámara Alta. Esto habla tanto del bajo nivel de rechazo de los postulados como de la hegemonía del radicalismo en esa cámara: con aliados, controla la mitad más uno del Senado.

en el senado, el oficialismo y sus aliados siempre logran la mayoría.

Marcó un contraste con esta situación la reñida votación del pliego del conjuez Mauricio Juan, uno de los responsables del fallo por la muerte de Julieta González. En medio de la polémica que se generó debido a que el tribunal no había utilizado la figura del femicidio, el aspirante del gobernador superó el filtro de las bolillas positivas y negativas con un margen menor a su favor: 21 a 18. Hasta la propia vicegobernadora, Laura Montero, intentó frenar ese nombramiento.

La "mano" del Gobierno en el nombramiento de los jueces se notó no solamente en el apuro para la cobertura de las vacantes, sino también en un cambio en el sistema del propio Consejo de la Magistratura.

Por ley se hicieron modificaciones tendientes a evitar la supremacía de quienes ya forman parte del Poder Judicial a la hora de quedarse con los cargos.

El Poder Ejecutivo buscó abrirles más las puertas a abogados que trabajan en el ámbito privado, al bajar el puntaje que otorgaban maestrías y posgrados, estudios a los que tienen mejor acceso quienes ya trabajan en la Justicia que los que están "en la calle".

Se modificó, además, la metodología de los exámenes que rinden los aspirantes y se dio más importancia al examen oral, que ahora se toma al mismo tiempo que el escrito.

Estas pruebas son tomadas por comisiones que designa el Consejo de la Magistratura. Pero los miembros del Consejo, ahora, tienen más margen para incidir en el puntaje final de cada aspirante.

Los postulantes se someten en la instancia definitiva a una entrevista con los siete miembros del Consejo: un representante de la Corte (hoy es su presidente, Jorge Nanclares, pero antes estuvieron el ex ministro Alejandro Pérez Hualde y Julio Gómez), uno del Poder Ejecutivo (en toda la gestión fue el subsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino), un representante de la Asociación de Magistrados, dos legisladores (uno del oficialismo y otro de la oposición) y dos miembros por el Colegio de Abogados.

En estas entrevistas, el Gobierno se ha ocupado de sondear cuál es el compromiso de los aspirantes con las políticas que impuso. Por ejemplo, se han preguntado opiniones respecto del fallo del juez Eduardo Martearena, quien declaró inconstitucional la prisión perpetua porque no resocializa a los presos, y que fue muy cuestionada desde el Poder Ejecutivo por su "garantismo". 

Sin embargo, la renovación continua de jueces que se está produciendo no es virtud exclusiva del Gobierno, sino también de la propia Constitución mendocina.

"Los sabios de la Constitución de 1916 establecieron un plazo de 30 días para que se trate el pliego de un juez en el Senado. Si eso no ocurre, queda automáticamente otorgado el acuerdo de esos jueces", explicó al respecto Jaliff.

Y comparó la situación de la Justicia de Mendoza con la de la Justicia Federal, donde hay numerosas designaciones frenadas en el Congreso. "No habría 200 magistrados parados hace un año y medio en el Senado Nacional si este plazo existiera", aseguró.

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