Causa Vialidad: el Tribunal activó el decomiso y pone en la mira 20 propiedades de Cristina Fernández de Kirchner
La mayoría de los inmuebles fueron cedidos a Máximo y Florencia Kirchner en la Provincia de Santa Cruz. La decisión también alcanza a más de 80 propiedades de Lázaro Báez en el sur.
Cristina Kirchner cumple con la prisión domiciliaria en su casa en San José 1111.
EFEEl Tribunal Oral Federal N.º 2 dispuso el avance en la ejecución patrimonial de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y los demás condenados en la causa Vialidad.
La medida se puso en marcha luego que la Cámara Federal de Casación Penal allanara el camino y habilitara esta instancia, cuyo objetivo es cubrir, con bienes embargados, los 685.000 millones de pesos, establecida como producto de la maniobra de corrupción confirmada.
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En el fallo al que tuvo acceso MDZ, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, integrantes del TOF 2, dispusieron que los nueve condenados respondan de manera solidaria con sus patrimonios hasta alcanzar los 684.990.350.139,86 pesos, monto actualizado del decomiso equivalente a unos 537 millones de dólares.
El pasado 15 de julio, el Tribunal había intimado a Cristina Kirchner, Báez, López, Periotti y al resto de los condenados a pagar voluntariamente la suma fijada. Dicho monto surge de la actualización del valor determinado en la sentencia de diciembre de 2022, cuando el perjuicio al Estado se había estimado en 85.000 millones de pesos.
El plazo para el pago, que era de 10 días hábiles, venció sin que ninguno de los condenados depositara el dinero requerido. Dato no menor es que el Tribunal tomo en cuenta el período en el que se cometió el delito (2003 y 2015) para poder determinar en un límite temporal qué propiedades pueden ser decomisadas.
En el caso de Cristina Fernández Kirchner, se trata de una veintena de propiedades en la provincia de Santa Cruz que quedaron bajo análisis y que ahora, podrían ser alcanzadas por el decomiso.
La expresidenta buscó frenar el avance al rechazar la intimación al pago, cuestionando el monto actualizado del decomiso. En ese sentido, también puso en duda el trabajo del cuerpo de peritos contables de la Corte. Además, buscó sacar la ejecución patrimonial de Comodoro Py al sostener que tenía que llevarla adelante la justicia Civil y Comercial, todo lo anterior fue rechazado por casación.