Causa Andis: Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini vuelven a Comodoro Py para ampliar sus indagatorias
El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad y su segundo deberán responder por presuntas irregularidades en la contratación de medicamentos e insumos de alto costo.
Diego Spagnuolo en Comodoro Py
N/AEl juez federal Ariel Lijo citó a Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini para este martes a ampliar sus declaraciones indagatorias en el marco de una causa que busca dilucidar presuntas maniobras irregulares en la compra de medicamentos e insumos de alto costo.
La investigación, impulsada por el fiscal Franco Picardi, detectó un nuevo circuito de presuntas irregularidades que habría implicado el manejo de más de 75.000 millones de pesos, “de manera articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo”, en beneficio de “un reducido grupo empresarial”.
Spagnuolo, quien fue titular del organismo durante el período investigado, ya se encuentra procesado en otra línea de la causa. Ahora deberá responder por un esquema que, de acuerdo con la acusación, operó entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 y que habría manipulado de forma sistemática los procesos de contratación de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia, denominados PACBI, dentro del Programa Incluir Salud, destinado a personas sin cobertura médica.
El programa estaba orientado a cubrir prestaciones de salud para personas con discapacidad y beneficiarios de pensiones no contributivas sin acceso a otra cobertura. En ese contexto, los recursos que se habrían desviado eran, según la investigación, los últimos disponibles para los sectores más vulnerables.
Garbellini, por su parte, se desempeñaba como director nacional de Acceso a los Servicios de Salud y tenía a su cargo la ejecución del programa. Picardi lo ubica como quien definía qué empresas participaban en las compulsas de precios, firmaba órdenes de pago y manejaba información sensible sobre los procesos. Según el expediente, parte de los retornos económicos derivados de estas operaciones habría impactado en su patrimonio personal.
El mecanismo utilizado habría sido, en apariencia, difícil de detectar. En junio de 2024, la ANDIS implementó un aplicativo denominado “Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones”, a través del cual se procesaban las compulsas de precios. Sin embargo, para la Justicia, ese instrumento fue utilizado para montar procesos paralelos con empresas que “simulaban competir entre ellas cuando en realidad actuaban coordinadamente para asegurar adjudicaciones previamente acordadas”.
A través de ese sistema se habrían generado compulsas “especiales”, paralelas al circuito general, a las que solo accedía un grupo reducido de empresas previamente seleccionadas. Las firmas invitadas a cotizar ya sabían quién resultaría adjudicataria: algunas presentaban ofertas de manera meramente formal, otras directamente no participaban, y el proceso en su conjunto simulaba una competencia inexistente.
En el rubro de medicamentos PACBI, más de una veintena de licitaciones acotadas generaron órdenes de compra por más de 30.337 millones de pesos, de los cuales el 93% quedó en manos de apenas dos droguerías: Profarma SA y Génesis SA. En el segmento de insumos cardiológicos, Farma Salud SRL concentró el 90% de las órdenes emitidas durante diez meses, por un total superior a 13.732 millones de pesos. En dispositivos neurológicos, dos firmas reunieron casi el 90% de las contrataciones, mientras que en sillas y andadores cuatro empresas absorbieron más del 70% de un segmento valuado en 14.560 millones de pesos.
Detrás de gran parte de esas empresas aparece, de manera directa o indirecta, Miguel Ángel Calvete, quien habría actuado como articulador del sector privado dentro del esquema. Según los cuadernos secuestrados en su domicilio, figuran cifras millonarias junto a nombres de firmas y funcionarios, así como los porcentajes que se habrían distribuido entre los distintos participantes. Su comisión rondaba entre el 12% y el 20% de los montos adjudicados y era canalizada a través de facturación simulada entre empresas para dar apariencia de legalidad a retornos de adjudicaciones irregulares.
Para ocultar el rastro del dinero, se habría recurrido a circuitos de lavado. Parte de los fondos fue destinada a Alan Poccovi y a Sergio Mastropietro, ambos vinculados a la firma de aviación Baires Fly SA, mediante transferencias, efectivo en distintas monedas y cheques. Poccovi, a su vez, habría invertido una porción en criptomonedas a través de una aplicación denominada “NEBLOCKSHAIN”.
Las cifras de la causa muestran una marcada concentración de contratos. En medicamentos de alto costo, más del 90% de las adjudicaciones quedó en manos de dos firmas; en insumos cardiológicos, una empresa concentró casi la totalidad de las compras durante varios meses. Situaciones similares se repitieron en otros segmentos.
La causa también incluye sospechas de lavado de dinero. Parte de los fondos habría sido canalizada a través de intermediarios y convertida en activos como criptomonedas. En uno de los allanamientos se secuestraron alrededor de 700.000 dólares en distintas divisas, además de documentación con detalles de movimientos y porcentajes de reparto.
En total, 35 personas fueron citadas a declarar, entre exfuncionarios, empresarios e intermediarios. El juez ordenó además la inhibición general de bienes de 26 individuos y 20 empresas para evitar el desprendimiento de activos.