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Carla Vizzotti negó irregularidades en la compra de vacunas Pfizer y presentó un escrito ante la Justicia

La exministra de Salud se presentó ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli en el marco de la investigación sobre las negociaciones con Pfizer durante la pandemia.

Carla Vizzotti
Alfredo Izaguirre/Mdzol

La exministra de Salud Carla Vizzotti se presentó este martes en los tribunales federales de Comodoro Py para ser indagada por el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli en el marco de la investigación que busca determinar si existieron irregularidades en las negociaciones del Estado argentino con el laboratorio Pfizer durante la pandemia de covid 19.

Antes de ingresar a los tribunales, trascendió que la exfuncionaria presentó un escrito ante la Justicia en el que rechazó las acusaciones en su contra. Según adelantó su defensa, Carla Vizzotti sostuvo que no cometió ningún delito, que la adquisición de vacunas se realizó conforme a la normativa vigente y que no existieron irregularidades en el proceso de contratación. Además, informó que no responderá preguntas durante la audiencia indagatoria.

La medida fue impulsada por el fiscal Stornelli y posteriormente ordenada por el juez Lijo, quien consideró que el requerimiento de instrucción expuso una presunta "matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses" vinculada a decisiones adoptadas durante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus.

La investigación apunta a determinar si funcionarios del Ministerio de Salud, empresarios y asesores privilegiaron intereses privados por encima de criterios sanitarios al momento de definir la estrategia de adquisición de vacunas contra el covid 19.

De acuerdo con el dictamen fiscal, el Estado argentino habría demorado de manera deliberada la firma de un acuerdo con Pfizer, pese a que la compañía estadounidense había ofrecido en agosto de 2020 un esquema de provisión que garantizaba la entrega de 13,2 millones de dosis en los primeros meses de la pandemia.

Según la acusación, mientras esa propuesta permanecía sin avances, el Gobierno optó por cerrar contratos con otros proveedores, entre ellos Sputnik V, Sinopharm y AstraZeneca. Para la fiscalía, esa decisión provocó que el país perdiera parte del cupo originalmente reservado y retrasara el acceso a vacunas que podrían haber llegado con mayor anticipación.

Stornelli sostuvo además que Pfizer advirtió a las autoridades argentinas sobre el riesgo de perder las dosis comprometidas debido a las demoras en la firma del contrato. En contraposición, funcionarios del Ministerio de Salud argumentaron que existían obstáculos legales vinculados a la Ley de Responsabilidad del Estado que impedían avanzar en los términos pretendidos por el laboratorio.

En ese punto, la fiscalía cuestiona la postura adoptada por la cartera sanitaria y sostiene que se le exigieron a Pfizer cláusulas de inmunidad que calificó como inéditas, lo que habría dificultado la concreción del acuerdo.

La declaración indagatoria de Carla Vizzotti constituye uno de los principales movimientos judiciales de una causa que busca reconstruir las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional durante la pandemia y determinar si existieron responsabilidades penales en el manejo de las negociaciones para la compra de vacunas.