Boicot de portuarios al decreto de Sturzenegger: 140 buques varados y exportación de granos paralizada
Los prácticos cesaron tareas por tiempo indeterminado contra el Decreto 690/2026 de Sturzenegger. Prefectura advierte que pueden enfrentar denuncias penales.
Buques quedarán paralizados ante un reclamo gremial.
XEl comercio exterior argentino amaneció este lunes sin actividad. Los puertos quedaron detenidos y un buque afectado al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) permaneció fuera del muelle sin poder ingresar, tras el cese de tareas por tiempo indeterminado que resolvieron los prácticos, pilotos y baqueanos de todo el país, los profesionales que guían a los barcos en las maniobras de entrada y salida de ríos, canales y puertos.
La protesta apunta contra el Decreto 690/2026, firmado por Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que desregula el servicio de practicaje y pilotaje. Según fuentes del sector, el comercio exterior quedó "totalmente paralizado" por la decisión de los prácticos de no asistir a ningún barco que ingrese, egrese o transite por puertos argentinos. "Toda la carga de granos, de combustible y otras mercaderías está detenida en los puertos. La situación se agravará hora tras hora", advirtieron.
Un buque fondeado y las obras de Vaca Muerta demoradas
Entre las operaciones suspendidas figura la del buque de transporte pesado White Marlin, cuya participación es necesaria para tareas del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, que construye un consorcio integrado por YPF, Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Tecpetrol.
La obra unirá la cuenca neuquina con la costa rionegrina —de Allen a Punta Colorada, a lo largo de casi 600 kilómetros—, ya supera el 75% de avance y proyecta para mediados de 2027 una capacidad cercana a los 390.000 barriles diarios.
La embarcación quedó fondeada fuera del puerto por falta de práctico para ingresar, lo que retrasó el inicio de trabajos previstos para el tendido de infraestructura submarina.
El Centro de Navegación (CNAV) —la cámara que reúne a las agencias marítimas responsables de más del 80% de las cargas del comercio exterior argentino— formalizó su alarma ante la ANPYN y la Prefectura mediante una nota firmada por su presidente, Julio Delfino, según informó Infobae.
Al momento de la presentación se contabilizaban al menos 140 buques a la espera de la confirmación del servicio de practicaje y pilotaje, una cifra que, según advirtió la entidad, seguirá creciendo con las embarcaciones pautadas para entrar y salir de la Vía Navegable Troncal.
Intimaciones de Prefectura y cargas desviadas a Montevideo
En respuesta al boicot, la Prefectura Naval Argentina comenzó a repartir intimaciones individuales a los profesionales habilitados para que retomen de inmediato la prestación. El argumento oficial es que el practicaje constituye un servicio público regulado por la Ley de Navegación, cuya interrupción puede derivar en denuncias penales y sumarios administrativos.
El CNAV alertó además que varias operaciones ya programadas en puertos argentinos fueron redireccionadas al puerto de Montevideo y a terminales del sur de Brasil, con la consiguiente pérdida de transbordos que habían sido repatriados tras años de gestión público-privada. Entre los puertos afectados figuran La Plata, Dock Sud, Buenos Aires, Zárate-Campana, Quequén y Bahía Blanca. La entidad advirtió sobre "pérdidas millonarias en divisas" por incumplimiento de contratos, lucro cesante y sobrecostos en toda la cadena logística, con riesgo de que las plantas productivas agoten su capacidad de almacenamiento, y señaló el daño reputacional para el país como destino marítimo-portuario confiable.
Desde el sector señalan que los prácticos justifican la medida en que el decreto pone en riesgo la seguridad de la navegación. Esas mismas voces remarcan que ninguna área del Estado abrió hasta ahora una instancia de negociación y reclaman una mesa de diálogo entre el Gobierno, los prácticos, los usuarios y las agencias marítimas.
Qué dice el decreto que desató el conflicto
La norma forma parte de la estrategia oficial para bajar el llamado "costo argentino" eliminando regulaciones que, según el Ejecutivo, restringen la competencia y encarecen la actividad. Reemplaza un régimen que regía desde 1991.
El nuevo esquema crea un registro abierto de prácticos habilitados administrado por la Prefectura, habilita a los usuarios a contratar libremente a los prestadores, elimina restricciones para el ingreso de nuevos profesionales y establece que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) fije tarifas máximas, además de obligar a publicar los precios. También elimina la segmentación geográfica que forzaba a cambiar de práctico durante un mismo recorrido, flexibiliza las condiciones de traslado de esos profesionales y amplía los casos de buques exceptuados de contratar el servicio obligatorio.
"La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio", sostuvo Sturzenegger al anunciar los cambios, al argumentar que el sistema anterior levantaba barreras de ingreso, reducía la competencia y encarecía la logística del comercio exterior.
El telón de fondo: cayó la liquidación del agro
La parálisis portuaria coincidió con la difusión de los datos de liquidación de divisas del agro. Según CIARA y el Centro de Exportadores de Cereales, entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas, el sector liquidó USD 2.918 millones en julio: 3% menos que en junio y 28% por debajo del mismo mes de 2025. En el acumulado del año suma USD 16.297 millones, un 16% menos que en igual período del año pasado.
Las cámaras atribuyeron la caída interanual a un efecto de base: en julio de 2025 vencía el Decreto 38/2025, que reducía temporalmente las retenciones y había impulsado ventas al exterior por encima del promedio histórico. La Bolsa de Comercio de Rosario proyecta una liquidación total de USD 34.897 millones para 2026, con un recorte de unos 1.200 millones respecto de su estimación de mayo.
