Corrupción en ARSAT: la Justicia inhibió los bienes de Leal y avanza contra "la banda de los mendocinos"
A pedido del fiscal Domínguez, el juez Mirabelli ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de todos los imputados y dispuso medidas en la investigación por corrupción. La decisión se dio mientras regía el secreto de sumario.
Facundo Leal tenía en su departamento de Buenos Aires ketamina, MDMA y cocaína.
FB ArsatEl juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, ordenó una serie de medidas cautelares junto al levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil en el marco de la investigación a diez exfuncionarios de Arsat y directivos de la firma Argentina Logistic Services (ALS), investigados por presuntas maniobras de corrupción en contrataciones realizadas por la empresa estatal.
La causa busca determinar si todos ellos actuaron de manera coordinada para favorecer a la empresa privada mediante contrataciones presuntamente irregulares y en perjuicio del patrimonio público.
Entre los principales imputados figuran el antiguo titular de Arsat durante el gobierno de Alberto Fernández, Facundo Leal, junto con Gerardo Boschin, Pablo Gastón Pagani, Juan Navarro y Juan Álvarez. También están bajo la lupa de la Justicia los directivos de ALS Diego Maximiliano Padilla, Fernando Diego Paredes, Gastón Walter Padilla y Sofía Varela Vizgarra, además de Santiago Pando, señalado en el expediente como socio de hecho.
Los delitos bajo investigación son administración fraudulenta, defraudación agravada contra la administración pública, cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Según pudo conocer MDZ de fuentes judiciales, la resolución de Mirabelli fue dictada a pedido del fiscal Fernando Domínguez mientras regía el secreto de sumario, recientemente levantado para preservar la eficacia de las diligencias ordenadas y evitar filtraciones que pudieran comprometer la pesquisa.
En ese marco, el juez dispuso una serie de medidas cautelares destinadas a preservar los bienes de los acusados mientras avanza la investigación y también para reconstruir el circuito financiero de las operaciones bajo sospecha.
Bajo sospecha
Además de la información patrimonial, movimientos de fondos y registros económicos considerados relevantes que contempla el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de los 10 imputados, se requirió la remisión de información fiscal y de los anexos reservados de las declaraciones juradas patrimoniales, así como reportes financieros para seguir la trazabilidad del dinero.
También se dispuso allanamientos en domicilios y oficinas vinculados con los sospechosos y el secuestro de teléfonos celulares, computadoras, discos rígidos y otros dispositivos electrónicos, y la incautación de documentación societaria, comercial y contable de ALS y de las personas investigadas, junto con la obtención de registros de llamadas y otros datos de comunicaciones para reconstruir los contactos entre empresarios y funcionarios.
En paralelo, el juez dispuso la inhibición general de bienes, el embargo preventivo y la inmovilización de cuentas bancarias con el objetivo de impedir la transferencia o el ocultamiento de activos. Facundo Leal fue el titular de ARSAT y está acusado de liderar la "banda de los mendocinos". En los allanamientos realizados en dos de sus domicilios se hallaron 2,4 millones de dólares, además de droga y elementos que pueden ser usados para espiar. Uno de esos operativos se realizó en el lujoso departamento de la torre Thays, en Mendoza, donde se encontró la mayoría del dinero.
Esta última medida alcanza inmuebles, vehículos, participaciones societarias y otros bienes registrables que pudieran estar a nombre de los acusados. También se autorizó el secuestro de dinero en efectivo y el rastreo de activos financieros y eventuales tenencias en criptomonedas para asegurar una eventual recuperación de fondos en favor del Estado.
La sospecha de los investigadores es que representantes de ALS mantuvieron contactos previos con funcionarios de Arsat y que la empresa habría recibido un trato privilegiado en distintos procesos de contratación. Entre las pruebas analizadas figuran mensajes y comunicaciones que, según la hipótesis fiscal, revelarían una coordinación incompatible con los procedimientos regulares.