Avanza la causa por la mansión de Pilar: secreto de sumario y nuevos allanamientos
El juez Aguinsky decretó el secreto de sumario y ordenó un allanamiento clave para avanzar en la pesquisa por presunto lavado de activos.
El helipuerto de la casa de Villa Rosa, en Pilar, por el que investigan a dirigentes de la AFA. Foto: Clarín
La investigación judicial que intenta esclarecer el origen de los fondos utilizados para la compra de una mansión en el partido bonaerense de Pilar entró en una etapa clave tras la declaración de secreto de sumario. La medida fue dispuesta por el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, luego de recibir un dictamen del fiscal Claudio Navas Rial.
En ese marco, la Justicia ordenó un allanamiento en un estudio contable de Lomas de Zamora, con el objetivo de secuestrar documentación vinculada a una contadora relacionada con Luciano Pantano, uno de los titulares formales del inmueble investigado y señalado como presunto testaferro de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino.
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Pantano y su madre, Ana Conte, figuran como integrantes de la sociedad Real Central SRL, que aparece como propietaria legal de la mansión ubicada en la localidad de Villa Rosa y de otras dos viviendas en un barrio privado de la misma zona. Ambos fueron citados a indagatoria para que expliquen cómo financiaron la adquisición de esos bienes de alto valor.
Con el fin de garantizar el derecho a defensa, Aguinsky reprogramó las indagatorias para el lunes 29 de diciembre. Los imputados podrán presentarse de manera presencial o mediante un escrito, tras lo cual el tribunal evaluará si corresponde avanzar con nuevas medidas de prueba, incluso durante la feria judicial de enero.
Investigación por lavado de activos
El foco de la pesquisa está puesto en determinar quiénes solventan efectivamente los gastos y el mantenimiento de las propiedades. En el caso de los inmuebles de Ayres del Pilar, se detectó que las expensas se abonaban en efectivo en una sucursal bancaria, una modalidad que dificulta la trazabilidad del dinero.
La investigación también se extendió a una flota de 54 vehículos de alta gama hallados en un galpón del predio. El juzgado identificó que los peajes de esos automóviles se pagaban con una única tarjeta de crédito, por lo que ahora se intenta establecer el origen de los fondos con los que se cancelaban esos consumos. Además, se ordenaron diligencias para identificar vuelos y pasajeros vinculados a un helipuerto activo dentro del predio.
El perfil económico de los imputados aparece como uno de los puntos más sensibles del expediente. Pantano figura como monotributista y registraba deudas bancarias al inicio de la causa, mientras que Conte es jubilada y trabajadora autónoma, y durante la pandemia percibió el Ingreso Familiar de Emergencia otorgado por la ANSES.
La denuncia, impulsada por la Coalición Cívica, sostiene que la estructura societaria habría sido utilizada como una “pantalla” para ocultar bienes de terceros y advierte sobre la posible comisión del delito de lavado de activos. El expediente, que inicialmente tramitó ante el juez Daniel Rafecas, continúa ahora en el fuero penal económico, donde se concentran las próximas definiciones.
