Avanza el proceso de transferencia de la justicia laboral desde Nación a CABA

El Poder Ejecutivo Nacional publicó en el Boletín Oficial el Decreto 2125/2026, mediante el cual delega en el Jefe de Gabinete de Ministros la facultad de suscribir un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para la transferencia de competencias judiciales en materia laboral. La medida se enmarca en lo dispuesto por el artículo 129 de la Constitución Nacional, que garantiza el régimen autónomo de gobierno para la capital del país.

El traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo al ámbito de la Ciudad es un proceso pendiente desde la reforma constitucional de 1994, que reconoció la autonomía de la CABA. En 1995, la Ley 24.588 habilitó la firma de convenios entre la Nación y la Ciudad para concretar la transferencia de organismos, funciones y bienes. Si bien se avanzó en áreas como seguridad y transporte, las competencias judiciales laborales aún permanecen bajo la órbita nacional.

El Decreto publicado hoy habilita al Jefe de Gabinete a suscribir el convenio de transferencia, así como eventuales adendas, modificaciones o acuerdos complementarios. Una vez firmado, el acuerdo deberá ser remitido al Congreso Nacional para su tratamiento y ratificación, según lo establece la normativa vigente.

El proceso cobró impulso tras la sanción, por parte de la Legislatura porteña, de las leyes 6789 y 6790 en diciembre de 2024, que reformularon la Ley Orgánica del Poder Judicial local y establecieron un nuevo Código Procesal para la Justicia del Trabajo. Estas normas crearon una Cámara de Apelaciones del Trabajo con seis jueces divididos en dos salas y diez juzgados de primera instancia con competencia en conflictos individuales laborales y recursos vinculados a comisiones médicas.

No obstante, la aplicación de estas leyes fue suspendida preventivamente por la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, en el marco de una medida cautelar dictada en la causa iniciada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. El tribunal consideró que la Ciudad debe alcanzar acuerdos institucionales con la Nación para garantizar una transferencia racional de competencias, en línea con lo previsto en la Ley 24.588 y la cláusula transitoria decimotercera de la Constitución porteña.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se había pronunciado en los fallos “Corrales” y “Bazán”, subrayando el carácter transitorio de los tribunales nacionales con asiento en la Ciudad y la necesidad de que esta asuma plenamente sus facultades jurisdiccionales. El máximo tribunal cuestionó la prolongación del régimen actual, al considerarlo incompatible con el principio de autonomía consagrado por la Constitución.

Con esta nueva medida, el Gobierno nacional busca dar un paso formal hacia la consolidación de un sistema judicial laboral propio para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme al marco constitucional vigente.