Aprobaron la ley que habilita a los preventores a utilizar pistolas Taser
El Senado provincial dio sanción definitiva al proyecto de seguridad ciudadana que regula los cuerpos municipales, impulsado por el gobierno de Alfredo Cornejo.
La nueva norma regula el funcionamiento de los cuerpos municipales de seguridad ciudadana y habilita la utilización de armas de baja letalidad.
La Legislatura de Mendoza aprobó este martes el proyecto de ley que habilita a los cuerpos municipales de preventores a utilizar armas de baja letalidad como pistolas Taser. El Senado dio sanción definitiva a la iniciativa que establece los lineamientos y requisitos mínimos que deberán cumplir los cuerpos de seguridad ciudadana que decidan implementar los municipios, entre los que se contempla la utilización de los dispositivos eléctricos.
La propuesta fue impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo y apunta a establecer un marco legal regulatorio de los cuerpos de seguridad ciudadana, fijando las pautas mínimas, las competencias y las facultades que deben tener.
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Establece que los municipios serán responsables de dotar a sus cuerpos de seguridad ciudadana de los elementos necesarios para cumplir su labor, así como de garantizar la formación de sus integrantes. La capacitación, en aspectos como resolución de conflictos, derecho administrativo sancionador y contravencional, primeros auxilios, entre otros, estará a cargo del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP).
Pero uno de los puntos más destacados del proyecto es que habilita a que los agentes municipales puedan utilizar armas de baja letalidad, como bastones, aerosoles disuasivos, pistolas de aire comprimido o dispositivos electrónicos de inmovilización momentánea, pero en ningún caso armas de fuego. En este sentido, se autoriza el uso de pistolas Taser por parte de los preventores.
La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza es el primer municipio que ha avanzado con esta iniciativa y ya gestionó con el Gobierno provincial la adquisición de 30 dispositivos, los cuales fueron parte de la compra que realizó el Ministerio de Seguridad y Justicia semanas atrás.
El debate en el Senado
La propuesta fue aprobada por 20 votos afirmativos contra 17 negativos. Contó con el voto de los senadores oficialistas y el respaldo del peronista disidente Duilio Pezzutti y el demócrata Armando Magistretti.
El senador maipucino Duilio Pezzutti, del monobloque Podemos Encuentro Peronista, acompañó la propuesta afirmando que “tenemos que lograr que tiremos todos para el mismo lado para que nos podamos poner de acuerdo en uno o dos temas, creo que este es uno clarísimo, y podamos actuar en consecuencia. Así que adelanto mi voto positivo en general y particular”, expresó.
Armando Magistretti, senador del Partido Demócrata (PD), votó a favor pero cuestionó la política de seguridad de la provincia. “Voy a acompañar el proyecto de ley con el ánimo de que de una vez por todas el gobernador pueda terminar de redondear una política de Estado en materia de seguridad. A pesar de que la legislatura permanentemente le brinda las herramientas necesarias, no logra terminar de convocar a las fuerzas políticas para ayudar a crear esta política de seguridad. Las políticas y la aplicación de las leyes la hacen funcionarios y lamentablemente tengo que decir que en el área de seguridad hay funcionarios que no funcionan”, señaló.
El peronismo rechazó el proyecto y votó en su contra. El senador del PJ, Félix González, manifestó durante el debate que “la ley es muy mala. En realidad se está intentando suplir un error grave que hay en la gestión con una ley que lejos de solucionar los problemas nos va a agregar nuevos problemas, porque está abriendo una puerta involucrando a los municipios en seguridad pero con errores”.
“La ley es mala porque le otorga a los municipios facultades que ya tienen”, indicó el legislador y sostuvo: “La articulación de los municipios con la provincia es clave pero eso se hace con transferencia de recursos, con una articulación y un plan serios y no con estos parches o con estos manotazos de ahogados”.
El senador del Partido Verde, Dugar Chappel, remarcó que iba a votar en contra de la propuesta y sostuvo que “esta ley choca con la Ley de la Policía de Mendoza. La Policía de Mendoza ha tenido durante años un proceso de protocolización de lo que puede hacer un policía”. Agregó que “a personas que no han nacido para ser policías y quizá no tienen vocación para ejercer la seguridad pública le estamos otorgando la capacidad de actuar en esto, entonces seguimos banalizando la función de la Policía de Mendoza. Estamos generando una División Palermo”.
El senador de La Unión Mendocina, Gabriel Pradines, también adelantó el rechazo de su bloque y sostuvo que "este proyecto de ley es admitir que han fracasado en la gestión de la seguridad. Admiten que hay una crisis en seguridad, buscan cambiar la narrativa intentando pasar las responsabilidades a los intendentes y traen un proyecto de ley en el que pretenden que la prevención del delito la asuman los municipios sin transferirles los fondos.
Los detalles de la ley
La iniciativa impulsada por el Gobierno provincial establece que los municipios serán responsables de dotar a sus cuerpos de seguridad ciudadana de los elementos necesarios para cumplir su labor, así como de garantizar la formación de sus integrantes. La capacitación, en aspectos como resolución de conflictos, derecho administrativo sancionador y contravencional, primeros auxilios, entre otros, estará a cargo del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP).
Además, se prevé que, con la debida autorización del Ministerio de Seguridad, los agentes municipales puedan utilizar armas de baja letalidad, como bastones, aerosoles disuasivos, pistolas de aire comprimido o dispositivos electrónicos de inmovilización momentánea, pero en ningún caso armas de fuego.
También podrán emplear tecnologías como drones y canes adiestrados, siempre que se cumplan los requisitos legales y se certifique el entrenamiento correspondiente. En cuanto al uso de armas de baja letalidad, la ministra aclaró que la capacitación y entrenamiento de los cuerpos estará a cargo del Ministerio.
El proyecto también establece que estos cuerpos municipales no podrán portar armas de fuego, y prohíbe el uso de uniformes, escudos o insignias que puedan confundirse con los de las fuerzas policiales.