Aerolíneas Argentinas: la Justicia de Estados Unidos habilitó a buscar y embargar activos argentinos en el exterior
La jueza Jia Cobb autorizó al fondo Titan Consortium a rastrear bienes del Estado. Podrá hacerlo desde este lunes.
Aerolíneas Argentinas en la el ojo de la tormenta por un fallo desde Estados Unidos.
Alf Ponce Mercado / MDZLa Argentina entró en la etapa más riesgosa del juicio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. La Justicia estadounidense habilitó al fondo Titan Consortium a salir a rastrear bienes del Estado argentino en el exterior y a pedir su embargo, para cobrar la condena de US$390,9 millones más intereses que pesa sobre el país.
La autorización lleva la firma de la jueza Jia Cobb, del Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia, y está fechada el viernes 25. Los demandantes quedan habilitados a iniciar esas gestiones a partir de este lunes 28 de septiembre.
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El argumento de la magistrada apunta a la inacción del país. En el documento que sustenta la decisión sostuvo que "en los veintiún meses transcurridos desde entonces, al parecer Argentina no ha hecho ningún esfuerzo por pagar la sentencia", en referencia al tiempo corrido desde que la Justicia estadounidense ordenó el pago. Para Cobb, ese lapso resulta suficiente para pasar a la instancia de búsqueda y congelamiento de activos.
La novedad la difundió Sebastián Maril, analista de Latam Advisors y uno de los seguidores más minuciosos de los litigios que la Argentina enfrenta afuera. Maril precisó un dato que amplía el alcance de la decisión: si bien Titan tiene radicado el caso en los tribunales de Columbia y de Nueva York, los pedidos de embargo no necesariamente tienen que presentarse en esas jurisdicciones.
De Marsans a Titan: el recorrido del reclamo
El origen del expediente se remonta a 2008, cuando el Estado argentino expropió Aerolíneas Argentinas y Austral, entonces bajo control del grupo español Marsans. La empresa llevó el reclamo al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, el tribunal arbitral que funciona en la órbita del Banco Mundial.
Después, el derecho a cobrar ese crédito cambió de manos dos veces. Primero pasó a Burford Capital —el mismo fondo que litigó contra el país por la expropiación de YPF— y finalmente quedó en poder de Titan Consortium, que desde 2021 persigue el cobro ante los tribunales estadounidenses.
El CIADI falló a favor de los demandantes en 2017. La Argentina intentó anular esa resolución, pero el pedido fue rechazado en 2019. Como los laudos arbitrales no se ejecutan por sí solos, los acreedores debieron recurrir a la Justicia ordinaria para hacerlos valer.
La pelea por el plazo de prescripción
El reconocimiento judicial llegó en diciembre de 2024, cuando un tribunal estadounidense validó el laudo y ordenó el pago de US$390.907.115,55 más intereses.
El país apeló en 2025 con un argumento técnico: sostuvo que correspondía aplicar un plazo de prescripción de tres años y no el de doce que había fijado la primera instancia. El 21 de julio de 2026, la Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia rechazó ese planteo, ratificó el plazo de doce años y dejó firme el monto ejecutable.
Agotada esa vía, la decisión de Cobb abre la fase de ejecución: la búsqueda concreta de activos comerciales argentinos en el exterior sobre los cuales intentar cobrar.
