El Gobierno buscó invisibilizar el paro de la UTA: “Es intrascendente”
El Gobierno calificó como “extorsivo” el paro de colectivos que lleva adelante este martes la UTA y reconoció que no interviene en el conflicto para mantener las pautas inflacionarias que impone el ministro de Economía, Luis Caputo.
"Los gremialistas buscan un aumento del 40%, el cual supera ampliamente las pautas salariales del Gobierno y, en un acto irresponsable, resolvieron perjudicar a los pasajeros y no prestar tareas luego de meses de negociación. Las líneas de colectivo de las empresas DOTA y Metropol, que no adhirieron al paro, sufrieron la extorsión de las mafias sindicales. Hoy a la madrugada atacaron con piedras a un colectivo de la línea 57, perteneciente a DOTA, que circulaba por Acceso Oeste", señaló el Ejecutivo mediante un comunicado. Fue el único pronunciamiento de la Casa Rosada en torno a la medida gremial hasta el momento de esta publicación.
Javier Milei encabezó durante la mañana una reunión de gabinete, con presencia completa. MDZ pudo encontrarse con varios de los funcionarios de la primera línea del Ejecutivo, quienes prefirieron no hablar públicamente de la medida de fuerza.
“Es un paro intrascendente”, aseguró un integrante de la mesa chica del presidente, haciendo referencia de la huelga que afecta a más de 4 millones de usuarios, solo contemplando el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Se trata de una frase que va en sintonía con la hiperactividad del mandatario en redes sociales, donde hasta las 16:30 había publicado más de 110 posteos. La enorme mayoría de estos tuis eran RT, e incluía críticas al periodismo y comentarios a favor del vocero y candidato Manuel Adorni, quien evitó dar su conferencia de prensa. De ese total de comentarios, solo dos fueron referidos, de alguna manera, al paro de los choferes de colectivo.
“Los que hoy paran los bondis y le joden la vida a miles de porteños, apoyan y votan a Leandro Santoro” y “El paro de colectivos es increíblemente disruptivo para los que menos tienen y más laburan. Los líderes sindicales parecen divorciados de la realidad”, fueron los dos retuit que dio Milei con relación al conflicto que afecta a gran parte del país.
“El paro es intrascendente, no es algo que nos interese. Está claro que afecta a millones de personas, pero no es algo que estemos preocupados”, enfatizó a MDZ uno de los principales colaboradores del líder libertario.
El Ejecutivo nacional es quien tiene la llave para destrabar el conflicto, al menos en el AMBA, donde tiene competencia de más de 120 líneas. El Gobierno libertario tiene congelada la tarifa desde agosto, y hace meses que tienen congelados los subsidios que están destinados a solventar la estructura de costos para solventar el funcionamiento del servicio y cumplir con el pago de los salarios. Esto obedece a que consideran que "abrir la tarifa o subir los subsidios va directo a inflación y rompe con las proyecciones de Economía".
"No habrá cambios en el esquema de subsidios ni habrá modificaciones en las tarifas como respuesta a un paro. No vamos a convalidad este mecanismo”, agregó una fuente que reporta a diario al despacho de Milei. “Si creen que el presidente los va a llamar, no entendieron nada”, concluyeron.
El Gobierno le había pedido a los empresarios del transporte “un esfuerzo” para evitar el paro, intentando hacer un ofrecimiento superior en la audiencia que se llevó a cabo este lunes. Sin embargo, las cámaras patronales afirman que sin suba del boleto ni subsidios “no hay forma de afrontarlo”. Otra opción es que los empresarios se comprometan a un aumento salarial por encima de sus capacidades financieras “a cuenta de discutir” con el Gobierno “alguna actualización” de sus ingresos, sin saber cuándo y cómo se implementaría. “Básicamente quieren que nos endeudemos y firmemos algo sin saber si lo podremos afrontar”, señalaron los titulares de las compañías.
El Ejecutivo amenazó con sancionar a aquellas empresas que no garanticen el servicio o que, al menos, intente desafiar a la UTA. En ese sentido, el Ministerio de Seguridad desplegó un operativo especial en terminales y zonas “consensuadas” para evitar represalias sindicales.