Se cierra el cerco en la Corte para una causa clave en el manejo del agua

El cerco sobre una de las causas más trascendentes que tiene la Suprema Corte de Mendoza comienza a cerrarse para que luego de una década y media haya resolución. Se trata de el litigio por los pozos de agua al que accedieron un grupo de empresas y que les permitió enormes desarrollos agrícolas y turísticos en una zona que estaba vedada. Los pozos se dieron en un marco de fuertes sospechas y el propio Departamento General de Irrigación anuló esas concesiones precarias. Esa decisión es la que, justamente, sobre lo que tiene que decidir la Corte: si avala o no la orden de Irrigación de cegar los pozos. 

Hay varias causas paralelas que confluyeron en una misma medida: que el pleno de la Suprema Corte decida. Todas están en estado de resolver y, según pudo saber MDZ, en los próximos días estará listo el voto preopinante para que pase al resto de los jueces. Los tiempos están pasados desde hace rato. 

El tema tiene una complejidad enorme y cruza intereses. La disputa es por el acceso al agua subterránea, un recurso que es clave por el valor de la tierra y el potencial. El área en cuestión es la "margen derecha" del Río Mendoza, en Perdriel, Agrelo y Ugarteche, que tiene una presión enorme por el desarrollo turístico, inmobiliario y agrícola. Ese potencial va a contramano de la falta de disponibilidad de agua. Para agregarle complejidades, es el mismo acuífero que tiene un impacto ambiental creciente por la contaminación generada en la destilería de Luján de Cuyo.

Esa zona tiene una restricción para hacer perforaciones por la fragilidad del acuífero. Por el potencial que tiene, se acumulaban perdidos que eran rechazados sistemáticamente en Irrigación (hubo 84 pedidos bochados). Pero en 2010, con Eduardo Frigerio en ese organismo, ocurrió una anomalía. Se entregaron 21 pozos a un grupo de empresas que se habían nucleado en una organización que, según las sospechas, fue creada con ese único fin: acceder a pozos de agua para emprendimientos comerciales. La organización era la Cámara de Comercio, Vitivinicultura, Turismo y Producción Alto Agrelo, que no tuvo más actividad que la gestión de los pozos, pues la única forma de saltar las prohibiciones era a través de una organización intermedia.

Irrigación les dio la autorización, luego se desató el escándalo, con denuncias y un jury contra el propio Frigerio, quien renunció antes de ser juzgado. El DGI anuló los permisos para acceder al agua, pero por orden judicial no se ejecutó el cegado. Así, los negocios avanzaron "de hecho". La Corte durmió las causas, que están entre las más aletargadas de la historia reciente. 

La semana pasada pasaron para que el pleno de la Corte, es decir los 7 jueces, definan las causas gemelas que había. Por eso, el cerco se cierra para que  haya definición. Una señal de lo que puede pasar está en el dictamen del Ministerio Público Fiscal, donde se pone de relieve la ambigüedad de la visión jurídica y política: reconocen la importancia del tema en juego (el agua), pero piden tener en cuenta las inversiones realizadas.  "Sin perjuicio de que no se desconoce que el recurso hídrico constituye un bien del dominio público y las normas de orden público comprometidas no son materia de transacción cobra relevancia y no constituye un dato menor lo expuesto por Fiscalía de Estado en cuanto al interés social jurídicamente tutelable cuando existen usos de agua consolidados de hecho (en el caso, validados indirectamente por la autoridad de aplicación), incluso sin el permiso de concesión de previa; confrontando los principios de legalidad y seguridad jurídica, los cuales no pueden ser dejados de tener en cuenta al momento del resolver el conflicto", advierte el MPF.

Las empresas beneficiadas fueron Bulnes, Santa María de los Andes, Santacroce, Vignes des Andes, Aymuray, Viñas Alto Agrelo, Altos de Agrelo y Cerezas Argentinas.

La semana pasada los jueces María Teresa Day y Julio Gómez enviaron al pleno de la Corte la causa que había iniciado la empresa "Golf Club Alto Agrelo" y que es gemela con las iniciadas pro Inmobiliaria Reconquista, Bulnes, Viñas de Vertex, Aymuray y otras. Por eso todas se acumulan con el mismo fin. "Convocar a Tribunal en Pleno para el conocimiento y resolución de la presente causa", determinaron los jueces. 

La Corte sigue la causa administrativa, que tiene matices sobre la política de administración de los recursos naturales. Pero nunca hubo una investigación penal para averiguar si hubo delitos, a pesas de las fuertes sospechas que había en su momento alrededor de la entrega de derechos de agua subterránea. 

Ese litigio abrió muchas más aristas, pues detrás quedaron otras empresas que habían pedido vía administrativa y legal pozos de agua y se lo negaron. De hecho el Departamento General de Irrigación mantuvo la restricción para hacer perforaciones en la zona. A través de la resolución 1108 del DGI se dispuso "la continuidad de la situación de restricción para el otorgamiento de nuevos permisos de perforación, a llevarse a cabo en la Margen Derecha del Río Mendoza - Subcuenca El Carrizal, por el plazo de dos años".