Eduardo Casal le pidió a la Corte agravar la condena de Cristina Fernández de Kirchner
El Procurador General Eduardo Casal le pidió a la Corte Suprema de Justicia agregar el delito de asociación ilícita e incrementar la pena de 6 a 12 años de prisión sobre la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta.
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Casal avaló los argumentos del recurso de queja del fiscal ante la Cámara Federal de Casación Mario Villar, quien sostuvo el pedido del fiscal de juicio Diego Luciani y que además reclamó que la ex mandataria sea inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos.
En su dictamen que ahora deberá analizar el máximo tribunal, Casal también pidió que se revierta la absolución del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex presidente de Administración General De Vialidad Provincial de Santa Cruz, Héctor Garro y del ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala.
En su presentación ante la Corte, Casal argumentó que la evidencia reunida en el juicio oral permite sostener que existió una organización delictiva integrada por funcionarios públicos, empresarios y allegados, destinada a desviar fondos del Estado mediante contrataciones irregulares. Según el procurador, la participación de Fernández de Kirchner habría sido clave en el funcionamiento y mantenimiento de esa estructura.
El pedido del procurador no tiene carácter vinculante, pero forma parte del proceso de análisis que realiza la Corte Suprema al estudiar la viabilidad de los recursos extraordinarios. El expediente aún no tiene fecha definida para su tratamiento en el máximo tribunal. Si la Corte acepta la solicitud y revoca la absolución por asociación ilícita, la condena podría duplicarse y llegar a los doce años de prisión, como plantea el Ministerio Público Fiscal.
La de Casal es la primera respuesta de los 10 recursos de queja presentados en el expediente toda vez que la Sala IV de la Cámara de Casación rechazó los recursos extraordinarios.
La Corte Suprema le trasladó el pedido de opinión al Procurador General hace casi un mes, sin embargo el resto de los recursos de queja que buscan que se anule la ratificación de la condena dictada por el Tribunal Oral Federal Número 2 continúa en manos de los supremos.
Dicha condena dictada en diciembre de 2022 por mayoría avaló que las licitaciones de más de 50 obras viales en la provincia de Santa Cruz fueron objeto de "una notable maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional".
Casal señaló que el fiscal Villar “valoró, a mi entender con argumentos concluyentes, que esa era la exacta característica de la organización conformada por los imputados, pues cuando el grupo se constituyó no se acordó “un catálogo detallado de cuáles iban a ser las conductas concretas que se ejecutarían para cumplir con los fines defraudatorios".
Asimismo el procurador le señaló a la Corte que casación no respondió el argumento de la fiscalía de que los hechos cuestionados ocurrieron a los largo de 12 años durante tres gobiernos y exigió que a cada uno de los condenados se les decomise 5.321.049.272,42 de pesos.
Ahora los ministros del máximo tribunal quedaron en condiciones de tomar en cuenta o no el dictamen de Casal a la hora emitir sus votos en el expediente y elevar una decisión.