Quién es el funcionario judicial que fue autorizado a cobrar más que Alfredo Cornejo

El Gobierno de Mendoza autorizó a un funcionario judicial a cobrar más que el Gobernador, exceptuándolo del alcance de la Ley de Tope Salarial provincial. Se trata del director de Informática del Ministerio Público Fiscal, Juan Miguel Bensadon. El pedido fue realizado por el procurador general de la Corte, Alejandro Gullé, quien consideró que el funcionario es un “recurso humano crítico” y sus habilidades son “esenciales” para el funcionamiento de esta dependencia judicial.

A través del Decreto Nº 918, firmado el pasado 9 de mayo por la vicegobernadora Hebe Casado, a cargo del Poder Ejecutivo, se exceptuó al licenciado Juan Miguel Bensadon, director de Informática del Ministerio Público Fiscal, de la aplicación de las disposiciones de la Ley Nº 8.727. La medida se hace en razón de la “naturaleza crítica, especializada y estratégica de las funciones que desempeña”.

La Ley de Tope Salarial provincial establece que ningún funcionario, empleado o contratado, bajo cualquier modalidad, que preste servicios en el ámbito del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, abarcando la Administración Pública Central Provincial, podrá percibir una remuneración y/o contraprestación bruta total superior a la remuneración bruta que legalmente corresponda percibir al cargo de Gobernador de la Provincia. Actualmente Cornejo percibe un sueldo cercano a los $4 millones.

No obstante, el artículo 4º de la norma establece que el Poder Ejecutivo puede disponer excepciones individuales a la aplicación de la ley en casos específicos, justificando la solicitud y aclara también que la medida debe ser ratificada por la Legislatura.

Es decir que la decisión del Gobierno debe ser avalada por los legisladores provinciales. En este sentido, este miércoles ingresó a la Cámara de Diputados el decreto para que sea ratificado por la Cámara Baja y posteriormente por el Senado.

La solicitud de exclusión de este funcionario judicial fue impulsada por el procurador general de la Corte, Alejandro Gullé. En su pedido, aclara que Bensadon ingresó a trabajar en el Estado en marzo de 2001 y actualmente se encuentra en el régimen salarial 10, Clase 01, desempeñándose como Director de Informática del Ministerio Público Fiscal.

Aclaró que el funcionario posee título universitario de Analista de Sistemas, Licenciado en Sistemas de Información. Martillero, Corredor Público y Comedor Inmobiliario. A su vez, posee una carga laboral de 48 horas semanales y una disponibilidad horaria continua y permanente fuera de su carga horaria establecida, inherente a la función asignada y a la actividad desarrollada.

Resalta también que cuenta con un bloqueo de título universitario, lo que implica una exclusividad en la prestación de servicios.

“El Director de Informática del Ministerio Público Fiscal es el máximo responsable del funcionamiento, desarrollo, implementación y preservación de todas las tecnologías de la información y comunicación utilizadas en el organismo para el desarrollo de su labor en cumplimiento de los fines establecidos por Ley, tanto en las que realiza para la investigación penal preparatoria y en apoyo a dicha investigación, como en el funcionamiento administrativo y funcional interno, garantizando permanentemente la integridad de las mismas”, advierte el decreto que autoriza al funcionario a cobrar más que el Gobernador.

Asimismo señala que “resulta un recurso humano crítico para asegurar que la infraestructura tecnológica del Ministerio Público Fiscal funcione de manera eficiente, segura y conforme a la normativa vigente, en lo relativo a la confidencialidad de la información y privacidad de los datos, además de impulsar proyectos para la transformación digital y la innovación”.

También resalta que la experiencia de Bensadon y las habilidades demostradas en el desempeño de su función, son “esenciales para mantener el funcionamiento óptimo de los sistemas y para la adaptación a los cambios tecnológicos y las necesidades emergentes”.

Por su parte, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, también avaló el decreto que establece esta excepción a la Ley de Tope Salarial. La funcionaria hizo hincapié en que es fundamental la coordinación entre el Gobierno y el Ministerio Público Fiscal en materia de innovación tecnológica.

“Considerando los desafíos que plantea el ciberdelito y las necesidades de desarrollo tecnológico en general, es fundamental para los fines compartidos en materia de seguridad y política criminal el fortalecimiento de áreas esenciales como el área pertinente al requerimiento”, planteó Rus.

A su vez, finalmente se aclara que el cargo equivalente en la Suprema Corte de Justicia, con funciones análogas, ya ha sido exceptuado de la aplicación de la Ley 8.727, siendo “razonable y equitativo” brindar el mismo tratamiento al Director de Informática del Ministerio Público Fiscal.

Vale recordar que Bensadon no es el primer funcionario provincial exceptuado de la Ley de Tope Salarial. Años atrás el director del Registro Provincial de Huellas Genéticas, Miguel Marino, fue autorizado a cobrar más que el gobernador y más cerca en el tiempo, el ex gobernador Rodolfo Suarez exceptuó a 24 profesionales de la salud altamente calificados a percibir una remuneración mayor a la de él.