El sector de discapacidad se moviliza contra el Gobierno y lo acusa de asfixiar al sector

El Foro Permanente de Discapacidad convocó a una movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación, con el objetivo de exigir respuestas sobre el atraso arancelario de las prestaciones. La protesta, prevista para este martes a las 10:30, se desarrollará en Avenida 9 de Julio 1925, dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el sector advierten que, si no se resuelve la situación, más de 250.000 personas con discapacidad podrían quedar sin acceso a servicios esenciales, ya que los prestadores enfrentan un grave ahogo financiero. Se busca presionar al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, y al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.

Discapacidad: crece la preocupación por el atraso arancelario

El Foro denuncia que hasta el momento no han recibido respuesta a su pedido de reunión de Directorio para actualizar los valores de las prestaciones, lo que agrava aún más la crisis en el sector. En paralelo, insisten en la necesidad de aprobar el proyecto de Emergencia en Discapacidad, impulsado por el diputado Daniel Arroyo.

Según menciona la iniciativa, se trata de una respuesta estructural a la problemática. Esta ya cuenta con dictamen favorable en la Cámara de Diputados y se espera que sea tratada en el recinto esta semana o la próxima, aunque aún no hay una fecha confirmada.

Ante la ausencia de avances, el Foro advierte que mantendrá el estado de alerta y movilización, e insta a la comunidad a sumarse al reclamo. "La discapacidad también es una prioridad", sostuvieron.

Cruces con el Gobierno

La Andis, por su parte, cuestionó el proyecto de emergencia, considerándolo una medida asistencialista que "desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión". En un comunicado, la entidad advirtió que la iniciativa "multiplica promesas sin especificar cómo se financiarían" y calificó la propuesta como "irresponsable".

Desde el Foro de Discapacidad respondieron de manera contundente, señalando que el rechazo de la agencia nacional refleja un "profundo desconocimiento" de la difícil realidad que atraviesan las personas con discapacidad en el país. En el texto, enfatizaron la necesidad de avanzar con la emergencia para garantizar el acceso a rehabilitación, educación, transporte, medicación y otros servicios esenciales, especialmente para quienes dependen de una pensión no contributiva y se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Además, alertaron sobre el riesgo de cierre de hogares y residencias por falta de financiamiento, así como la falta de transporte accesible y el desabastecimiento de medicación esencial. "Negar la existencia de una emergencia es ignorar las dificultades que atraviesan miles de personas con discapacidad", concluyeron.